Alo largo de 2012, el Gobierno de Nafarroa trabajó en un plan para reorganizar las urgencias rurales. Un plan que, sin contar con ningún apoyo, quiso llevar a cabo, mediante decreto, el Decreto Foral 131/2012 de 19 de diciembre, por el que regulaba las urgencias y la atención primaria en materia sanitaria. Un decreto elaborado sin participación, sin tener en cuenta las necesidades de las zonas rurales, basado únicamente en criterios económicos, de recorte de gasto y que suponía una considerable merma en la calidad asistencial y un grave retroceso en la atención sanitaria de las zonas rurales, especialmente por la disminución de la cobertura de las urgencias de las zonas más alejadas a los hospitales.

Este decreto provocó un rechazo unánime de los profesionales y de los habitantes de las zonas afectadas.

Y en concreto el Pirineo, zona con poca población, con una difícil orografía y la más alejada de un hospital, era la comarca más afectada por dichos recortes. Ante esta situación, saltaron todas las alarmas y los vecinos, profesionales y representantes municipales se unieron, compartieron puntos de vista y se movilizaron frente a ese recorte en la atención sanitaria.

En el Pirineo nos reunimos en asambleas y entre todos y todas realizamos un trabajo de análisis de la situación de la sanidad en el Pirineo y de sus necesidades. Con la participación de vecinos y profesionales, elaboramos un documento que recogía la realidad y necesidades en el ámbito sanitario, que recibió la firma de 150 cargos electos de la zona y el apoyo de centenares de vecinos y vecinas del Pirineo, que se manifestaron en Otsagabia en noviembre de 2012.

La preocupación y el rechazo ante este decreto fue mayoritario en Nafarroa, y provocó que el Parlamento derogara el decreto y diera al Gobierno el plazo de un año para elaborar un nuevo plan que contara con la participación de las zonas y los profesionales sanitarios.

En este contexto, desde el Pirineo se asumió la iniciativa de llevar al Parlamento una proposición de ley para que se establezcan las prestaciones y derechos sanitarios de la población de las zonas rurales, con el objeto de que los derechos básicos se garanticen por ley y no estén a merced de diferentes intereses políticos o económicos. Así, el procedimiento que se estimó más adecuado fue la Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), figura recogida en el Amejoramiento del Fuero y que otorga a los ayuntamientos la capacidad de llevar proposiciones de ley al Parlamento.

No obstante, parece que esta figura olvidada, este mecanismo de participación, no ha gustado demasiado a algunos que creen que los ayuntamientos no están para eso y que es mejor dejar estos temas a los partidos políticos y a los parlamentarios. Nosotras y nosotros, en cambio, pensamos que las zonas rurales debemos asumir el protagonismo que nos corresponde en la defensa de los derechos de nuestros vecinos y vecinas.

Con diferencias, la problemática es común a todas las zonas rurales de Nafarroa, y la ley que se propone aprobar afectaría a toda la población rural de Nafarroa, por eso el proceso de elaboración de los mínimos se ha realizado también en Baztán, Bortziriak, Leitza, y Tierra Estella.

Podemos decir, por tanto, que es una iniciativa debatida, trabajada y meditada, no pide imposibles ni locuras, sólo busca garantizar por ley derechos básicos para toda la población rural de Nafarroa. Esta iniciativa no busca restar derechos a otras zonas, pues lo que se pide se cumple ya para la mayoría de la población de Nafarroa. Además, esta iniciativa no entra a especificar cómo deben garantizarse esos mínimos o cómo debe organizarse esta atención, aspectos que corresponde decidir y consensuar al Gobierno de Nafarroa y a los trabajadores de Salud, con sus representantes.

A finales de junio, esta iniciativa empezó a aprobarse en los ayuntamientos de la Merindad de Sangüesa, y son más de 40 los Ayuntamientos que la han aprobado. Por tanto, la zona rural de la Merindad está apoyando sin paliativos la iniciativa. Pero no es suficiente, puesto que legalmente existen unas condiciones para que llegue al Parlamento. Para ello es necesario que un tercio de los ayuntamientos de la Merindad la aprueben, algo que ya se ha conseguido, pero también es necesario que esos ayuntamientos representen a la mitad de la población de la Merindad. Y la realidad es que más de la mitad de la población de la Merindad de Sangüesa, la que corresponde al Pirineo, se encuentra en la comarca de Pamplona, en localidades como Huarte, Burlada, Valle de Egües, Aranguren y Noain.

(*) También firman este artículo las concejalas del concejo de Espinal y del Ayuntamiento de Roncal, respectivamente, Nekane Nuño y Amparo Viñuales