Mugitu anunció ayer una campaña solidaria en apoyo a cuatro de sus activistas que serán juzgados por la Audiencia Nacional el 18 de noviembre. Los cuatro acusados se enfrentan a peticiones fiscales de cinco años de cárcel más multa. Además, Yolanda Barcina está personada como acusación y pide seis años para cada uno y nueve para uno de los cuatro, porque es concejal de un pueblo navarro de 114 habitantes y, según la presidenta navarra, «hizo prevaler su condición de autoridad» para lograr entartarla.

La Audiencia Nacional ha fijado fecha para el juicio, pese a que todavía no se ha resuelto el recurso que la defensa presentó ante el Tribunal Supremo. El abogado de los miembros de Mugitu solicitó la anulación del juicio en base a que el tribunal competente es el de Toulouse, que es donde se llevó a cabo la acción y a que se trata de una «causa juzgada». En opinión de la defensa, la Policía francesa comenzó a investigar el caso y decidió archivarlo y, por tanto, la instrucción no puede reabrirse en el Estado español.

En principio, el juicio no podría celebrarse hasta que el Supremo no viera el recurso. Sin embargo, la fijación de la fecha pone en dudas a los acusados. Mugitu sostiene también que el procesamiento no tiene parangón con Europa, dado que en el Estado francés (que ha conocido numerosos casos de tartazos a políticos) no se persiguen este tipo de acciones y que, a lo sumo, se tipifican como una falta. Normalmente, los políticos entartados no suelen denunciar puesto que entienden que, debido al cargo que ocupan, son muy criticados.

La campaña de apoyo, además de la búsqueda de financiación para las multas y la defensa, se concretará en una concentración en una reunión análoga a la de Toulouse que se celebrará en Iruñea el día 7 de noviembre, así como una jornada descentralizada de acciones y concentraciones de solidaridad el martes 12. El sábado, se convocará una manifestación nacional de apoyo en la capital navarra y, en último lugar, Mugitu hace un llamamiento a una concentración en la Audiencia Nacional el mismo día de la vista oral.

Los activistas insistieron en que el TAV es un proyecto despilfarrador que solo beneficiará a las élites navarras y recordaron que los «papeles de Bárcenas» han confirmado que se trata de un foco de corrupción.