Cuatro militantes independentistas gallegos (Eduardo Vigo Domínguez, Roberto Rodríguez Fiallega, Antón Santos Pérez y María Osorio López) fueron condenados el jueves a penas de entre 18 y 10 años de cárcel. Desde la desaparición del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, se trata de la primera sentencia condenatoria por «pertenencia a grupo terrorista».

Además de las duras penas de cárcel, ¿qué consecuencias políticas provoca la sentencia?

La intención es aterrorizar a la militancia independentista. Se enmarca dentro de una campaña represiva que incluye también decenas de imputaciones por enaltecimiento del terrorismo o el acoso sistemático. El objetivo del Estado es acabar con una generación de gallegas y gallegos que son insumisos a las instituciones españolas y a las políticas económicas, sociales y culturales que pretenden acabar con nuestra nación. Con estas graves condenas buscan provocar el miedo. Con la criminalización pretenden acabar con una generación. De este modo, quieren criminalizar todo el proceso soberanista que se empieza a vivir también en Galiza, con unidades de acción entre todos los nacionalistas. Quieren sabotearlas antes de que dé su fruto.

En el momento en el que se inició el juicio se advirtió de que Madrid trataba de copiar en Galiza la estrategia del «todo es ETA» aplicada en Euskal Herria, lo que se resumiría en un «todo es Resistencia Galega».

Eso sigue siendo así. Nosotros mantenemos la cautela acerca de que vayan a aplicar mecánicamente las ilegalizaciones como hicieron en Euskal Herria. Aunque lo dicen en la prensa, donde se apela a la posibilidad de ilegalizar Assembleia da Mocidade Independentista (AMI, organización juvenil independentista), grupos de montañismo o el propio Ceivar como organización de solidaridad con los presos. Creemos que el Estado, antes de la ilegalización, intentará otros mecanismos. Aunque tampoco la descartamos. Por supuesto, alertamos de que se abre la puerta de las ilegalizaciones de todo el entramado independentista. Viendo esta sentencia, se impone la línea más reaccionaria del Estado contra los procesos soberanistas y el gallego en particular.

Es paradójico que, tras el ciclo de ilegalizaciones sufrido en Euskal Herria, pueda abrirse uno similar en Galiza.

El Estado no se puede permitir que se abra otro frente soberanista. Ante el aumento de la conciencia nacional en Galiza en la última década, ante el aumento de las acciones violentas en defensa de los derechos nacionales y de intereses de la mayoría social y ante las perspectivas de unidades de acción independentista, el Estado actúa de la forma que sabe: con palos para que no se abra otro frente soberanista importante.

Denuncian que el juez «ha copiado» los argumentos de la Fiscalía para justificar la condena. ¿Qué elementos ha utilizado el magistrado?

Estamos ante un juicio político y una sentencia política. A nivel jurídico, el juez Alfonso Guevara vulneró el derecho a la defensa de los acusados, convirtiendo los informes políticos de Inteligencia en pruebas periciales. Al mismo tiempo expulsó de la sala a los peritos de la defensa, a Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Bernardo Maiz, catedrático de Historia en Galiza, porque contradecían la versión policial. En toda la sentencia no se prueba la existencia de una «organización terrorista», sino que se da por hecha desde el principio. La decisión principal del proceso, que era la supuesta existencia o no de una organización terrorista, lo que se da por sentado desde el principio. Por este motivo, todos los argumentos de la defensa son calificados como «ilógicos» o «inverosímiles», e incluso ante periciales técnicas que se contradicen, siempre da por buenas las acusatorias.

¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil gallega? Pese a que los diferentes movimientos soberanistas aparecen fragmentados, el apoyo a los detenidos fue unánime desde el momento en el que se inició el proceso judicial.

La solidaridad con los presos se ha convertido en el punto de encuentro básico y fundamental del nacionalismo galego. La cuestión represiva está creando conciencia nacional y uniendo a los nacionalistas. Desde Ceivar estamos trabajando desde hace años por la unidad del nacionalismo con la solidaridad con los represaliados como nexo de unión. Y esto se está cumpliendo. Se trata de un punto de partida importante.