La Ertzaintza irrumpió ayer en la planta de Incoesa, en Bedia, donde los trabajadores, en huelga desde el pasado 29 de mayo, permanecían en protesta por la decisión de la dirección de la empresa de trasladar la producción a Soria y Cáceres. Las imágenes de la intervención no resultaban insólitas, menos aun en los últimos tiempos, y vienen a reiterar la constatación de que la policía está al servicio de los empresarios, de los bancos, del capital. Ya sea la Ertzaintza entrando en la planta de Incoesa o la Guardia Civil arremetiendo contra los trabajadores de Inasa, en Irurtzun. Y, por tanto, también dejan claro qué intereses priorizan los gobiernos, estatales o autonómicos, regidos por el PP, por UPN o por el PNV. Estos suelen aducir que se deben al cumplimiento de la ley. Pero se supone que las leyes deben estar al servicio de todos los ciudadanos, algo que a menudo, muy a menudo, sencillamente es falso, toda vez que han sido creadas en función de ciertos intereses que no son precisamente los de la ciudadanía.

El presidente de Incoesa, Higinio Arteta, fue distinguido como empresario ejemplar hace escasos años. Sin embargo, esa ejemplaridad no ha llegado a evitar el desmantelamiento de su empresa después de haberse beneficiado de subvenciones y exenciones fiscales. En cuanto a las instituciones, parecen muy ocupadas ignorando un conflicto a cuya resolución podrían contribuir.