En un informe de 215 páginas -«El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia»-, la ONG Human Rights Watch (HRW) analiza los dos primeros años de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. Dos años después de su aprobación, tan solo una familia ha logrado retornar a su tierra gracias a esta legislación, según HRW..

«Colombia no ha podido contrarrestar significativamente» a los sucesores de las Autodefensas Unidas de Colombia, que oficialmente dejaron de actuar en 2006 tras un diálogo de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.

«En la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado, la evidencia sugiere en forma persuasiva que grupos sucesores de los paramilitares, en particular Los Urabeños, serían responsables», afirma.

HRW acusa a este grupo y en menor medida a «terceros» -ganaderos y empresarios- que adquirieron u ocuparon tierras de personas obligadas a abandonarlas y a las FARC-EP, por este orden, de matar a líderes del proceso de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos.

Alerta de que «el patrón de abusos se extiende por todo el país», aunque concentra la mayoría de los casos en la región del Urabá y en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Chocó, César y Sucre, que fueron históricos feudos paramilitares y donde aún tienen una significativa presencia.

También denuncia la «falta de justicia» por los delitos cometidos en el pasado y en el presente, y advierte de que «las autoridades judiciales restan seriedad a la naturaleza de las amenazas, no se contactan con las víctimas o se niegan a recibir las denuncias».

Falta de voluntad

Este proceder «demuestra que algunas autoridades carecen de la voluntad para impulsar esos casos, lo cual profundiza la desconfianza de las víctimas, provoca que muchas amenazas no se denuncien y prácticamente elimina cualquier posibilidad de rendición de cuentas», agrega el informe.

Con cerca de cinco millones de personas obligadas a abandonar sus casas por el largo conflicto armado, Colombia tiene la población de desplazados internos más grande del mundo.

Según el documento, menos de un 1 % de los cerca de 50.000 casos de desplazamiento investigados por la Justicia han acabado en condena, un hecho que «transmite a los responsables que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos».

«A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos», alerta.