El alcalde de Iruñea, Enrique Maya, entregó ayer los terrenos del centro de FP Donapea al Opus Dei en contra de la voluntad del pleno de la ciudad. La junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer la firma de un convenio en el que renuncia a sus derechos sobre el espacio que hoy ocupa el Donapea a la Universidad de Navarra para que levante sobre ellos tres centros de investigación biomédica y nutrición. Los alumnos del centro público de estudios tendrán que ser realojados en el nuevo campus de formación profesional del Centro San José.

La entrega de estos terrenos cuenta con la oposición de la mayoría de la ciudad, dado que se oponen a ella Bildu, Geroa Bai, Aralar, PSN e Izquierda Ezkerra, que habían parado el proyecto rechazando una modificación urbanística. Este bloqueo forzó al Gobierno navarro, fiel defensor de la entrega de terrenos, que iniciara los trámites de un PSIS para pasar por alto la decisión del Ayuntamiento de Iruñea sobre sus parcelas.

El proyecto también cuenta con el rechazo de los profesores y los alumnos del citado centro de formación profesional, cuya ubicación linda con los terrenos que cedió el Ayuntamiento a la congregación religiosa de Escrivá de Balaguer para que construyese ahí su universidad. La ubicación del centro también será estratégica si, finalmente, se lleva a cabo la nueva estación de tren de Iruñea, proyectada en sus aldeaños.

UPN defiende el proyecto porque cree en la promesa de la universidad de que allí se levantarán tres centros de investigación biomédica que generarán 400 puestos de trabajo en los próximos diez años. La inversión que realizará el Opus Dei en esas fincas será de 206 millones de euros en diez años.

Para Bildu, «la renuncia del Ayuntamiento a sus derechos sobre el solar de Donapea es un nuevo capítulo del expolio del Opus Dei». Esta formación adelantó que «agotará todas las vías para hacer justicia y salvar Donapea» de lo que califican como un «desalojo forzoso». Asimismo, pedirá explicaciones a la Gerencia de Urbanismo del consistorio.

En línea parecida se pronunció Geroa Bai, que considera que «este convenio supone una pérdida patrimonial para Pamplona, en beneficio de los intereses privados de la Universidad de Navarra, vía Gobierno de Navarra, y una disminución de las dotaciones públicas de la ciudad». También estudiará iniciativas legales.

Aralar, por su parte, asegura que el convenio es una «operación inmobiliaria que, en realidad, no es sino desviación de bienes públicos en beneficios de intereses privados». Su comunicado ya habla directamente de «presunta malversación de bienes públicos».

El problema de fondo, más allá de los intereses del Opus sobre los terrenos, está en la doble inmatriculación de la finca donde está instalado el Donapea. El Gobierno navarro inmatriculó a su nombre esos terrenos de Iruñea después de que el Ayuntamiento los cediera temporalmente para levantar el centro.