En Euskal Herria son conocidos los nombres de muchos torturados, algunos hasta la muerte, y también los de muchos de sus torturadores y de colaboradores de los crímenes del franquismo. Ellos también son conocidos porque jamás tuvieron la preocupación de ocultar su identidad, sabedores de que estaban a resguardo de la impunidad de la dictadura y posteriormente del sistema que pactó con aquella una suerte de ley de punto final. Pero no contaban con el trabajo serio de unas víctimas tenaces y una juez dispuesta a resquebrajar esa impunidad, a emprender un camino que el Estado español se ha negado a recorrer. Y, al igual que se persiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio argentino, también es preciso hacer justicia en torno a los cometidos en un estado que en su día fue considerado «modélica transición», exportada, dicen, a varios países, entre ellos Argentina. Ahora el alumno, además de sus deberes, ha de hacer los del maestro.

El ministro español de Interior eludió ayer referirse a la orden de arresto de represores franquistas, señalando que es un asunto que afecta al ámbito de la Justicia. Sí, pero de la justicia que el Estado español no está dispuesto a hacer.