Los abogados y familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad por el franquismo resaltan la «trascendencia histórica» de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría en la única causa en el mundo que investiga hoy esos crímenes.

Carlos Slepoy, abogado de la querella, señala que «esta resolución es de trascendencia histórica, me recuerda a la primera orden del juez Baltasar Garzón dictada contra (el dictador argentino Leopoldo) Galtieri el 25 de marzo de 1997», cuando en Argentina aún permanecían vigentes los indultos y las leyes de amnistía.

El abogado se mostró «esperanzado» en el nuevo impulso que tomó la causa a raíz de la petición de detención de la jueza federal argentina, consideró probable que «antes de fin de año se dicten nuevas detenciones» y opinó que se trata de «un paso decisivo para poner fin a la impunidad» del régimen instaurado por el dictador Franco en 1936.

«Ahora lo procedente sería que las autoridades del Estado español los detengan, se informe al juzgado argentino y en consecuencia la jueza pida la extradición de estas personas. Hay una posibilidad desde el derecho internacional de que esto no se produzca, pero podrían ser sometidos a juicio en España -en el caso de que no se los extradite-. Nosotros celebraríamos esta posibilidad», explicó.

Obstáculos del Estado

Máximo Castells, del equipo de abogados, advirtió que «si el gobierno de Mariano Rajoy no colabora, se seguirán produciendo más resoluciones y España quedará como un estado que asila y ampara a este tipo de personajes» y enfatizó: «Esta es tan sólo la primera causa (iniciada en abril de 2010) de los primeros cuatro imputados, pero tenemos para hacer muchas más».

Ana María Campos, sobrina del primer querellante, Darío Ribas Cando, se mostró «emocionada» de que su tío de 93 años «haya podido ser testigo de este momento» y subrayó que «los crímenes de lesa humanidad no tienen ideología ni partido, sean rojos o azules los que mataron, lo importante es que está mal hacerlo y pedimos justicia».

Según adelantó la querella, «se aportarán nuevas pruebas sobre la participación en crímenes de lesa humanidad de otros cinco imputados» y se sumarán más querellantes a la causa.

Las Naciones Unidas se hicieron eco de esta situación y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU se reunió el lunes con la querella para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas registradas durante el franquismo y la Guerra Civil. 

Amnistía reclama

La filial argentina de Amnistía Internacional celebró la decisión judicial «histórica» y el principio de jurisdicción universal en el que se basa, y recordó que ha documentado y expresado de manera reiterada su preocupación «por la ausencia de investigación de la justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo», además de «alertado por los obstáculos puestos por el Estado español» para que la causa argentina avance.

«España hasta ahora no ha demostrado voluntad de investigar y tampoco ha colaborado con la causa en la Argentina. Esa actitud debe cambiar ahora: España debe cumplir con el pedido de la justicia argentina, deteniendo y extraditando a los imputados», manifestó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.

Además, Amnistía Internacional está recogiendo firmas dirigidas al Ministerio de Justicia español a través de la web www.amnistia.org.ar/franquismo para «recordarle que debe cooperar con la justicia argentina cumpliendo rápidamente con la detención, arresto y extradición». 

La organización «Todos los niños robados son mis niños» que preside Soledad Luque Delgado, acompañada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, van a constituir una plataforma argentina de apoyo a la querella integrada por organismos sociales y de derechos humanos.

Luque Delegado -quien busca a su hermano mellizo desaparecido en 1965 del hospital donde su madre lo dio a luz-, afirmó en declaraciones públicas que «hay muchas familias que están» en su situación y cuestionó que en el Estado español «estos crímenes de la dictadura aún no han sido declarados de lesa humanidad».

La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, se comprometió a poner «todo el conocimiento» que les dio la lucha por la recuperación de los bebés robados en la dictadura argentina «a disposición de los familiares víctimas de la dictadura franquista».

Organizaciones de derechos humanos relacionadas con la inmigración española a la Argentina se pronunciaron al respecto, entre ellas la republicana Agrupación Federico García Lorca,que llamó a respalda la querella y a la jueza Servini de Cubría y recordó que «esto es solo la punta del iceberg, por lo que es necesario el compromiso de todos y todas para que emerja le verdad, se recupere la memoria y finalmente se haga justicia».