«El Parlamento Vasco considera necesario mejorar la progresividad en el IRPF. A tal efecto propone la incorporación a la tarifa general de nuevos tramos estableciéndose con este criterio una tarifa armonizada en dicho impuesto». ¿Cuáles son esos nuevos tramos? Salvo corrección de última hora, las propuestas de resolución pactadas por PNV y PSE para llevar al pleno monográfico de fiscalidad de pasado mañana no contemplan ninguna cifra, pese a que estas sí se concretan en otro apartado del pacto.

Lo mismo sucede cuando sobre las rentas del capital se propone establecer «tipos impositivos diferenciados en la tarifa del ahorro en función de los tramos de renta»; y sobre las deducciones por vivienda habitual, fijar «nuevos límites al importe máximo anual deducible».

Las 29 propuestas de resolución que PNV y PSE pactaron llevar al Parlamento dentro de su acuerdo global tienen un carácter más principista que práctico.

Todo lo que en una parte del pacto PNV-PSE está debidamente concretado y fijado desaparece cuando se trata de trasladar esos números al Parlamento de Gasteiz. Resulta llamativo que cuando el pacto recoge textualmente que «ambos partidos se comprometen a la realización de un Pleno monográfico de fiscalidad con anterioridad a la aprobación de cualquier modificación fiscal relacionada con los criterios establecidos en este acuerdo», después no se decidan a formular las propuestas concretas en dicho pleno, quedándose en declaraciones de principios.

Cabe recordar que una de las principales novedades de este acuerdo en materia fiscal era el papel que ambos partidos otorgaban al Parlamento autonómico, consistente en debatir y acordar «las líneas básicas de la fiscalidad vasca a fin de conseguir una auténtica igualdad entre la ciudadanía».

Mayor libertad en las JJGG

Según la normativa legal, son las Juntas Generales de cada herrialde las competentes para fijar la política fiscal, pero también otorga al Parlamento una capacidad armonizadora que hasta la fecha no ha desarrollado plenamente. El pacto PNV-PSE introducía el factor de que en adelante la Cámara autonómica fijará unos criterios y, según se recoge textualmente, «los acuerdos [adoptados por el Parlamento] se trasladarán a las Juntas Generales de los Territorios Históricos y ambos partidos se comprometen a defenderlos y apoyarlos».

Pero, ¿qué significa, por ejemplo, defender en las JJGG de cada territorio que «el Parlamento Vasco considera necesario revisar el tratamiento de la deducción por edad, eliminando esta deducción para rentas superiores a un determinado nivel de ingresos», como se lee en la propuesta de resolución de PNV y PSE? Si ambos partidos ya han acordado que se eliminen para las «rentas superiores a los 30.000 euros», ¿por qué no se incluye directamente en la propuesta de resolución?

Y aún más: ambas partes parecen haber olvidado que el 15 de febrero la propia Cámara, en otro pleno monográfico sobre fiscalidad, ya aprobó que «el Parlamento Vasco insta a las Diputaciones Forales a la modificación de las deducciones por edad, teniendo en consideración la capacidad de renta de contribuyente, eliminando las deducciones a las rentas de más de 30.000 euros».

Todo hace indicar que, en la medida en que PNV y PSE no tienen mayoría suficiente en las Juntas Generales de Araba ni en las de Gipuzkoa, han decidido no acotarse demasiado la capacidad de negociación, para cuando estos temas deban abordarse en cada uno de los herrialdes a través de normas fiscales.

Sin embargo, la opción de dejarse un abanico de posibilidades tan amplio para la negociación territorial, contradice por la vía de los hechos el nuevo protagonismo que aparentemente se le quería otorgar al Parlamento en materia fiscal. En este sentido, es preciso recordar que el PNV, socio mayor de esta entente, nunca ha sido un entusiasta de que la Cámara autonómica adquiriera excesivo protagonismo en materia impositiva.

Armonización posterior

Si en el pleno monográfico del jueves en el Parlamento no se aprueban las cifras concretas que PNV y PSE ya tienen pactadas entre sí, será más difícil llevar una actuación unitaria a las Juntas Generales de cada herrialde. Esto dejaría de nuevo abierta la puerta a que cada territorio acabe teniendo diferencias en tipos, bases o deducciones.

Para ese caso, y de acuerdo con la legislación existente, el pacto PNV-PSE contempla la activación de una armonización a posteriori. Según las fases previstas, el Órgano de Coordinación Tributaria debe elaborar un informe en el que «ponga de manifiesto los elementos sustanciales en los que haya observado una desarmonización, así como aquellos aspectos de coordinación y colaboración que estime oportunos». Después, en una segunda fase, el Gobierno de Lakua dispone de cuatro meses para elaborar las propuestas normativas que considere precisas y trasladarlas a la Cámara autonómica.

No obstante, al igual que PNV y PSE parecen no haberse decidido a llevar al Parlamento sus propuestas concretas, también esta armonización a posteriori puede verse diluida por la realidad. Hasta la fecha, ha sido habitual que los territorios mantuvieran pequeñas diferencias en distintos impuestos, sin que eso se haya tratado nunca como una desarmonización en el seno de la OCT, ni ninguna institución común de la CAV haya tomado cartas en el asunto.