El Parlamento empieza a tramitar la paralización de la venta de Donapea
El Parlamento inicia los trámites para sacar adelante una modificación de ley que evitará que el Gobierno de Barcina fuerce la venta de las parcelas donde se ubica el centro de FP Donapea al Opus Dei. La norma impondrá nuevas condiciones al PSIS mediante el cual UPN quería saltarse la aprobación del Ayuntamiento de Iruñea a la operación y exigirá que el proyecto se vote en el Parlamento, donde será rechazado.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
El pulso para paralizar la venta del centro de FP Donapea al Opus Dei ya es doble. UPN defiende la operación contra viento y marea, pero no tiene mayoría ni en el Ayuntamiento de Iruñea ni en el Parlamento navarro y la oposición parece convencida en echar por tierra el acuerdo. Ayer, la Mesa y Junta de Portavoces inició los trámites para detener, a través de la modificación de una ley, el PSIS iniciado por el Gobierno de Yolanda Barcina.
El Gobierno había impulsado un Plan Sectorial de Interés Supramunicipal (PSIS) para allanar la venta de los terrenos del Donapea a la Universidad de Navarra, pasando por encima del veto impuesto por el Pleno de Iruñea a la modificación urbanística que requería la operación. Con este PSIS, el Gobierno pretende inmiscuirse en los ámbitos de decisión del Ayuntamiento de la capital y regular a su gusto, alegando que la venta tiene un interés estratégico para Nafarroa. Sin embargo, si no se da prisa, Barcina va a tener complicado llevarla a buen puerto.
La modificación de ley que restringe los PSIS se ratificará en pocas semanas. Más allá de la letra pequeña, detrás de los tecnicismos está la operación de Donapea y todos los partidos lo admitieron abiertamente. De hecho, la Mesa y Junta también sacó adelante una declaración institucional (con los votos de Bildu, Aralar-NaBai, I-E y el PSN) en la que asegura que el convenio con la citada universidad ratificado por UPN en el Gobierno y en el Ayuntamiento resulta «lesivo y contrario al interés general de Navarra y de la ciudad de Pamplona». Geroa Bai, que no tiene presencia en la Junta, era proponente de la ley con la que se intenta paralizar el proyecto.
Carlos García Adanero, portavoz de UPN, no pudo ocultar su preocupación por esta iniciativa, que calificó como «un auténtico despropósito». Pero confía en que el PSN se eche atrás en el último momento, porque sostiene que, con la modificación, quedaría anulada no solo la operación de Donapea, sino también la figura de los PSIS tal y como se viene empleando.
Pese a estos planteamientos de UPN, parece que el PSN no se echará atrás. Juan José Lizarbe, su portavoz, explicó que UPN está haciendo «un uso perverso» del PSIS en Donapea y considera que, con la modificación, se dará un uso «más racional» de los planes supramunicipales. También valora como perjudicial la venta de los terrenos, dado que el dinero que se obtenga no llega ni para cubrir la mitad de las obras del nuevo centro de FP que debería construirse.
Por su parte, Bakartxo Ruiz, de Bildu, aseguró que el único beneficiario de la venta será el Opus Dei, que quiere implantar allí tres nuevos centros de investigación, en los que dice que invertirá más de 200 millones de euros. Por tanto, Bildu reclama a Barcina que atienda lo que se le está diciendo desde el Parlamento y desde el Ayuntamiento de la capital.
Por su parte, Patxi Zabaleta, de Aralar, afirmó que la modificación de la ley resulta doblemente ventajosa, puesto que permitirá paralizar el proyecto de Donapea porque «no tiene justificación» y, además, obligará al resto de PSIS a requerir la aprobación del Parlamento de aquí en adelante.
Izquierda-Ezkerra se mostró muy beligerante. José Miguel Nuin señaló que parar el proyecto impedirá el «despilfarro» de fondos públicos y no descarta emprender «iniciativas jurídicas» para frenarlo.
La polémica por la venta se reavivó la semana pasada después de que el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, firmó el acuerdo que da vía libre a la operación y acto seguido anunció que no tomará más decisiones sobre el asunto, dado que es profesor de la Universidad de Navarra. Es decir, porque tiene vinculación estrecha y directa con el comprador.
El Parlamento navarro realizó ayer una declaración institucional en el que exigía al Estado que «bajo ningún pretexto, imponga el copago farmacéutico hospitalario que atenta contra enfermos de cáncer, hepatitis, tumores cerebrales o esclerosis múltiple». Todos los partidos, salvo el PP, respaldaron el texto en el que se denuncia el copago farmacéutico en las farmacias hospitalarias. Pero parece que no todos defienden esos términos con la misma vehemencia. Carlos García Adanero introdujo los primeros matices cuando aseguró que la aplicación o no de esta ley depende de Madrid y, por tanto, descartando una pelea por las competencias. El portavoz de UPN utilizó un ejemplo bastante desafortunado al comparar este nuevo recorte con la ley del aborto, que también se vio «obligado» a pactar su partido. No obstante, poco o nada tiene que ver una ley con otra, ni en lo formal, ni en el fondo.
Bakartxo Ruiz, de Bildu, calificó este recorte como un «atentado contra la ciudadanía». También exigió a UPN que plante cara de una vez a la continua invasión de las competencias por parte del Estado y criticó el pacto tácito que tiene el Gobierno de Barcina con Madrid para frenar las leyes que está sacando adelante el Parlamento y que son sistemáticamente recurridas.
El único voto en contra de la declaración fue el del PP. Enrique Martín se escudó en que su grupo es una sucursal de Génova y no se puede posicionar en contra de una decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. A.I.
El «debate sobre el Estado de la Comunidad» se celebrará los días 3 y 4 de octubre. Con Barcina cada vez más sola y toda la oposición, salvo el PP, reclamando elecciones cuanto antes, la cita cobra especial interés.
