El reciente pacto PNV-PSE en la Comunidad Autónoma Vasca supone probablemente el reconocimiento final del conjunto de la clase política vasca de una nueva forma de enfocar la política fiscal. El cambio más importante radica en que, finalmente, se asume que la subida de impuestos puede ser necesaria desde una perspectiva de gestión adecuada de la política económica.

Recordemos que uno de los mitos de la política económica neo-liberal -en su versión simplificada a través de universidades y medios de comunicación- consistía en transmitir permanentemente a la opinión pública que las reducciones impositivas eran de forma sistemática convenientes para la evolución de la economía y, al contrario, que los incrementos de impuestos eran sistemáticamente negativos.

Aunque pueda parecer sorprendente, lo cierto es que nuestros responsables políticos han vivido imbuidos de esta mentalidad durante décadas. Los efectos negativos de las excesivas reducciones de impuestos se escondían en la dinámica de crecimiento económico artificial -basado en el sobre-endeudamiento- en la que nos hemos movido durante mucho tiempo.

Esta es la situación en la que nos sorprendió la crisis financiera de 2007. Y a nuestros responsables políticos les ha costado entre 4 y 6 años reaccionar. Durante años han seguido pensando que, como les decían los mensajes de los que se habían alimentando, subir impuestos siempre es una decisión negativa desde el punto de vista de la evolución económica.

Con esta perspectiva, habiendo entrado en una grave crisis económica, cualquier planteamiento de subida de impuestos debía ser, necesariamente, un disparate.

Es necesario reconocer al actual gobierno de la Diputación de Gipuzkoa la iniciativa en plantear la necesidad de subir la presión fiscal en este territorio, para escándalo del resto de fuerzas políticas, que no dudaron en atribuir a la inexperiencia del nuevo equipo y a su radicalismo izquierdista el tremendo error de hacer una propuesta semejante en plena crisis económica.

Pero la sistemática simplificación y falsificación de la realidad económica en la que viven todavía nuestras universidades y medios de comunicación no podía ocultar finalmente la realidad de un nivel de gasto público mínimo que era necesario mantener y de unos impuestos que, precisamente por ello, era necesario subir en la medida necesaria para evitar un endeudamiento que para nuestras administraciones está resultando suicida.

La sorpresa surgió cuando, en 2012, se hizo patente la posición, en primer lugar, de la Comisión Europea, recomendando expresamente al Estado español incrementos sustanciales de impuestos. Esto supuso un choque conceptual para el nuevo gobierno del Partido Popular, pero generó a los pocos meses un rápido giro en las políticas de este partido y provocó que Gipuzkoa dejara de ser el único territorio con planteamientos de subida de impuestos y que este planteamiento fuera también asumido por el Gobierno español.

El planteamiento de la Comisión era muy claro al respecto. Las políticas de ajuste, destinadas a la desaparición de los déficits públicos excesivos, no suponen solo reducciones del gasto público, sino también subidas de impuestos. Al igual que el gasto público excesivo es una consecuencia del periodo de sobre-endeudamiento anterior a la crisis, también tienen el mismo origen las excesivas reducciones de impuestos. Tan derroche es el gasto superfluo por encima de la capacidad productiva de un país como la recaudación fiscal insuficiente.

Es decir, que, cuando se alude a que, como consecuencia de la inflación financiera anterior a la crisis, hemos vivido «por encima de nuestras posibilidades» esto afecta tanto a un gasto excesivo como a unos impuestos excesivamente bajos.

En este sentido, las políticas de «racionalización» de la gestión pública suponen, necesariamente, evitar el gasto superfluo y, a la vez, elevar los impuestos en la medida necesaria para hacer frente al nivel de gasto público necesario.

Este criterio fue claramente asumido por la Comisión Europea y más tarde por Madrid. El reciente pacto PNV-PSE supone ya la extensión de esta reflexión al conjunto del espacio político de la CAV y una superación probablemente definitiva del mito de la fiscalidad en constante reducción como imperativo de la eficiencia económica.

Otra cuestión es, por supuesto, hasta qué nivel deben aumentarse los impuestos. Partiendo de la renuncia a un endeudamiento sistemático, la recaudación fiscal debe permitir cubrir los que se consideren como gastos públicos necesarios.

Aunque en la Comunidad Autónoma Vasca se está haciendo referencia con frecuencia al mantenimiento del «gasto social» como objetivo básico al respecto, en nuestra opinión esto es insuficiente. Junto al gasto social, los impuestos deben ser en este momento suficientes para financiar también el esfuerzo presupuestario necesario para que la CAV dé el salto tecnológico imprescindible para el mantenimiento a medio plazo de su tejido industrial. Esfuerzos relacionados con la financiación empresarial pero, fundamentalmente, con la inversión tecnológica, la investigación y la formación. La CAV necesita imperiosamente dar un salto cualitativo en este ámbito si quiere mantener su equipamiento industrial y, con él, su nivel social y económico, amenazados por tantos años de indiferencia y falta de perspectiva en nuestras políticas públicas.