Las recientes declaraciones del ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, a propósito de la inintegrabilidad de las personas roms en Francia, nos muestra a un líder socialista profundamente autoritario, lo que ya era de sobra conocido, deslizándose por la vía de la racialización de un grupo humano cuyos componentes son, lo mismo que Manuel Valls, ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea.

Desde la década de los ochenta del siglo pasado, la forma dominante del racismo en las sociedades democráticas occi- dentales es la de un racismo sin «razas», un racismo que apunta directamente contra la inmigración o, más exactamente, contra ciertas categorías de inmigrantes, rechazándolas, no tanto por sus características somáticas visibles, sino apelando a la cultura, al determinismo cultural, considerando que están fuertemente determinadas por una cultura que las hace inintegrables en los parámetros sobre los que se organiza la convivencia en las sociedades occidentales. El diferencialismo culturalista funciona, al fin y a la postre, con los mismos mecanismos excluyentes que el racismo explícito. Y puede ser igual de virulento.

Manuel Valls forma parte del ala más derechista y autoritaria del Partido Socialista de Francia. Su mirada autoritaria sobre los problemas relacionados con la seguridad ciudadana, el papel de los cuerpos de seguridad del Estado y la justicia eran de sobra conocidos antes de que François Hollande lo nombrase ministro del Interior. Algunas de sus ideas sobre estas cuestiones las expresó en el proceso de elecciones primarias del Partido Socialista, del que fue uno de los cuatro candidatos y, si no me equivoco, el que menos votos obtuvo. Sus ideas sobre las cifras de la delincuencia, expresadas en el encuentro que el diario «Liberation» hizo con cada uno de los candidatos, fue objeto de una severa crítica de ese mismo diario en la sección desintox.

Lo que ahora ha expresado se inscribe en la corriente de ideas que defiende la inintegrabilidad de determinados grupos de personas en la sociedades de Europa occidental, bien sea por la religión que profesan o por una supuesta distancia cultural insalvable. Esas ideas vienen de antiguo, y forman parte del discurso xenófobo culto, dirigido a justificar opiniones y actos contrarios a los más elementales criterios y principios sobre los que se asientan las democracias liberales en Europa. Las encontramos, desde hace tiempo, en Francia, en Italia, en España, en Hungría, en la práctica totalidad de países de la Unión Europea. Sobre ellas se asienta la islamofobia, y ciertas formas de fobia contra los roms y los sintis, contra los Tsiganes, el pueblo gitano, tal y como habitualmente se le denomina en España. Lo novedoso es que las exprese una persona que reúne dos condiciones: la de ser ministro del interior de su país de la Unión Europea y dirigente del Partido Socialista. Desgraciadamente, otros socialistas, como Thilo Sarrazin en Alemania, ya las habían expresado con anterioridad, aunque referidas a la parte de la población alemana que profesa la religión musulmana. Ahora bien, que esas ideas las exprese un ministro del Interior, el encargado de dirigir la política de seguridad en su país, es muy problemático y puede serlo más en el futuro si desde el Gobierno del que forma parte no se corrigen sus posturas. Y, ciertamente, y por desgracia, nada apunta a que vaya a ser así.

Manuel Valls lleva un año aplicando una política más dura que la aplicada por los ministros del Interior que le precedieron en la época de Sarkozy. Lo que viene expresando en los últimos meses, particularmente en las declaraciones hechas el 24 de septiembre sobre la distancia cultural y de formas de vida y la inintegrabilidad de las personas roms es, en buena medida, la justificación teórica de lo que venía aplicando en la práctica. Así, durante el año 2012 se evacuaron 117 asentamientos, afectando a 11.803 personas. El 66% de las personas afectadas por esas evacuaciones forzosas corresponden a la etapa dirigida por Manuel Valls. De las 117 evacuaciones, 97 fueron forzosas, 9 correspondieron a repatriaciones colectivas con vuelos charter y, en 11 casos, se produjeron incendios y otros ataques protagonizados por vecinos. En el tercer trimestre de 2012 se batieron todos los récords anteriores. Fueron evacuadas por la fuerza 5.223 personas, lo que hizo decir a François Crépeau, Relator Especial de la ONU sobre derechos de las personas migrantes que: «el objetivo último parece ser la expulsión de Francia de las comu- nidades migrantes Roms». En el mismo sentido, la Asociación Europea por los Derechos Humanos decía que el elevado número de personas evacuadas por la fuerza, más de 9.000, con relación al número estimado de roms presentes en Francia, entre 15.000-20.000, indicaban que la política puesta en práctica por el Estado francés era discriminatoria y racista.

Como decía el editorial del diario «Le Monde» del 25 de septiembre, «Pero designando al conjunto de una población extranjera -y sin embargo europea-, estigmatizando una población etiquetada étnicamente, juzgándola incapaz de integrarse en Francia, el Ministro del Interior renuncia a varios principios republicanos elementales: el acogimiento, la integración, la solidaridad».

Y una vez más, y ya son muchas, el Partido Socialista frustra en la práctica las promesas electorales que sobre las políticas de inmigración había hecho en las elecciones presidencia y en las legislativas. No es de recibo esta manera de emular a los ministros del Interior de la época de Sarkozy.