El conflicto político vasco ha dejado de ser solo vasco y se ha hecho español, pero ante la fobia que le tiene España a todo lo que lleva el adjetivo de político, han decidido definir su problema como un problema económico y militar. Por eso la élite española nunca se democratiza, o se enriquece o se militariza, porque lo que no une la política lo ha de unir el dinero y la represión. En cambio, esto no diluye el problema español, un problema existencial que deviene de su ausencia de proyecto político. El hecho de que España no tenga ni haya tenido jamás un proyecto nacional que no implique la subordinación de otras naciones, y el hecho de que no tenga un proyecto democrático que ofrecer a su población hoy por hoy implica que no pueda dejar de ser un estado corrupto, oligárquico y enganchado discursiva e imaginativamente al Ejército, como corresponde a toda élite corrupta y oligárquica.

Nuestro problema, en cambio, es de pies a cabeza, desde dentro hasta fuera, explícita e implícitamente, político. No nos cansaremos de repetir que nuestras detenciones son políticas, que las violencias que se nos aplican, los encarcelamientos, humillaciones, juicios y ruinas económicas, son políticas. Esto supone una guerra constante, de más baja o más alta intensidad dependiendo de la coyuntura, pero una guerra perpetua a la que estamos abocados por vivir dentro de este Estado al que no pertenecemos ni nos pertenece.

Es sintomático que en castellano la definición de «juicios políticos» sea «proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos...». Si se busca la misma definición en inglés veremos que los juicios políticos son juicios relacionados con la desobediencia civil y otras formas de protesta contra el Gobierno o ciertas políticas del Gobierno. En España no hay juicios políticos porque su funcionariado y sus aparatos del Estado son un ejemplo, incluso para la comunidad internacional, de transparencia, eficiencia y responsabilidad, por eso todo acto de protesta y militancia política no acorde con la línea estatal es susceptible de convertirse, ad hoc, en ilícita, e incluso, inconstitucional (porque ¿qué necesidad hay de este tipo de actos cuando el Estado es como decimos transparente, eficiente y responsable?).

Nos encontramos así con que en España, si no eres funcionaria o banquero acoplado a los intereses de la oligarquía estatal, entonces no puedes hacer política ni tener juicios políticos, todo lo que puedes hacer es... delinquir. En la práctica esto supone criminalizar toda protesta contra el Gobierno y el Estado, criminalizar por tanto todo acto de desobediencia civil. Esto significa, en definitiva, prohibir la democracia, dado que no puede haber democracia sin desobediencia civil. Eso sería como pretender construir una democracia sin demos, es decir, sin una sociedad organizada y activa políticamente que se encarga de articular las demandas populares y de que sean efectivamente integradas en el gobierno del país cuando éste se resiste. ¿Qué países prohíben, de facto, la democracia? Aquellos que no tienen un proyecto político con mecanismos para integrar y realizar, de forma constitutiva, las demandas de la población y de sus comunidades. Y esto es, resumiendo, el contencioso español.

Hay dos opciones ante este contencioso, ante esta prohibición de la democracia. Apoyarla o combatirla. Apoyarla como ha hecho el Gobierno Vasco no solo en el caso de Herrira, sino cada vez que se organiza un #HerriHarresia, un #AskeGunea, y manda a la Ertzantza a humillar y detener a su población. O, alternativamente, combatir esta criminalización negándose a hacer aquello que no respete los derechos sociales y políticos de la población. Lo que no existe es la posibilidad de quedarse equidistante por el simple hecho de que no existe un espacio que sea equidistante. Todo el mundo vive posicionado, quiera o no. El partido del Gobierno Vasco pretende calmar a su electorado mediante comunicados que denuncian este tipo de operaciones contra Herrira, contra militantes de Segi, o bien con declaraciones en contra de los macro juicios que comienzan el 14 y el 17 (35/02) de octubre, mientras ofrece nuestros recursos humanos, económicos, sociales e institucionales a un Estado al que no pertenecemos porque ni nos representa ni lo controlamos. Cuando un Estado no es capaz de representar ni de integrar las demandas, sean sociales, económicas o políticas de las naciones que integran dicho Estado, éste se convierte en Estado extranjero. No es un problema de nacionalidad, sino de democracia. Y el problema consiste en que no tenemos capacidad para decidir sobre los mecanismos de institucionalización y representación que queremos para nuestras prácticas y relaciones sociales y políticas, ni sobre los mecanismos para la reproducción y distribución de aquellos recursos que nosotras mismas producimos. Esto implica ser una entidad política total y absolutamente dependiente de, y subordinada a, un Estado ajeno. Esto supone no poder tener una democracia propia, lo que a su vez implica un problema no sólo político, sino económico, social y ético en términos de dignidad. Los partidos políticos que se consideren democráticos deberían asumir, cuanto antes mejor, que la cuestión central para vivir política y dignamente, sin humillaciones, represión y con un Estado que garantice nuestros derechos civiles, sociales, políticos y económicos es vivir en una democracia propia. Y es esencial comprender que no se puede tener una democracia propia sin tener un Estado que te representa y que controlas. Para terminar con esta guerra fría que dura ya décadas no hay más que una sola posibilidad y no es ni euskaldunizar España ni reformarla para encajar en ella; es simple y llanamente sacar al Estado español de aquí.

Si no tenemos instituciones estatales propias, que incluyan no solo fuerzas de seguridad sino un sistema constitucional propio con cuerpos y organismos capaces de intervenir cuando se produce una injusticia en contra de la sociedad vasca o de cualquiera de sus miembros, entonces para qué queremos un Gobierno Vasco. Si nos raptan, torturan y arruinan cuando quieren y como quieren, para qué queremos bancos vascos, un concierto económico y un tribunal superior vasco o navarro. Si todo el entramado institucional actual, incluidas las diputaciones y los ayuntamientos, no tienen capacidad para implementar medidas sociales, económicas, educativas... decididas por la sociedad vasca, no entiendo para qué tenemos un Autogobierno Vasco o Navarro. ¿Para gestionar la corrupción, la feudalización, el desastre, la pobreza y la incultura democrática de un Estado ajeno? La dependencia de los partidos abertzales con respecto al Estado español para conseguir derechos que ya nos pertenecen, sean culturales, humanitarios, sociales o económicos, nos está llevando al desgaste político y a la ruina socioeconómica. El Estado español no respeta nuestras decisiones pero lo que hay que entender es que no es nada personal, es simplemente un Estado que no entiende en qué consiste el respeto institucional, igual que no entiende en qué consiste la democracia. Por tanto, si no tenemos instituciones estatales capaces de llevar a cabo lo que aquí decidimos, capaces de materializar de forma explícita (no a escondidas) y mediante políticas públicas, los principios de justicia política, social y económica que queremos que rijan nuestra sociedad, nunca viviremos en democracia.

Es hora de que los partidos abertzales dejen de hablar de la nación vasca y de su falta de reconocimiento como si ese fuera nuestro problema. Lo que necesitamos no es un reconocimiento de nuestra nación, sino una democracia vasca. Para ello lo fundamental no es la negociación con el Estado español, ni en el ámbito económico, ni social ni siquiera político, eso ya vendrá luego. Lo que se requiere es empezar a pensar como Estado. En la Europa actual no es España ni la nación vasca la que nos traerá justicia, bienestar y dignidad, sino un sistema democrático propio. Pero para construir una democracia propia hay que hacer Estado, y para ello, señores y señoras, hay que desobedecer, como si fuéramos ya Estado.