El informe elaborado por Nils Muiznieks tras su visita al Estado español es contundente, sin margen para interpretaciones y, en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, de una gravedad sonrojante para cualquier estado democrático. El documento cuyo contenido publica este diario es demoledor y, si bien no es la primera vez que un organismo internacional pone en evidencia a las autoridades españolas por este mismo motivo, la entidad de la instancia que hace la denuncia, el Consejo de Europa, le confiere una especial importancia.

El comisario europeo llama a las cosas por su nombre cuando se refiere a los malos tratos infligidos por las fuerzas policiales, a la impunidad de la que gozan sus miembros y a la aplicación de la incomunicación. Un régimen cuya erradicación reclama añadiendo que, mientras siga en vigor, deberían establecerse garantías para evitar que se vulneren los derechos humanos. Asimismo, demanda que los tribunales sancionen como es debido los casos de tortura, algo que no se ha producido hasta el momento. El fallo del Constitucional afirmando que un juzgado madrileño no investigó la denuncia de Mikel Beunza es el ejemplo más reciente de esta inacción y, asimismo, la confirmación de que la censura internacional empieza a calar en determinadas instancias, quizá cansadas de sentirse señaladas.

Muiznieks también critica el uso de proyectiles de goma, e insta a las autoridades a que garanticen el derecho a la libertad de expresión y de reunión, incluso en el contexto de manifestaciones no notificadas. Una petición que debería tomar en cuenta la Consejería de Seguridad de Lakua, tan proclive a reprimir movilizaciones de forma violenta. La brecha de la senadora Amalur Mendizabal es un ejemplo de lo alejadas que están las prácticas de la Ertzaintza de los criterios europeos. Y es que, aunque algunos quieren pasar de puntillas sobre su responsabilidad, Europa recuerda que en materia de derechos humanos hay deberes para todos.