Convocados por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CNT y CGT, así como por numerosas organizaciones sociales, miles de personas se manifestaron por las calles de las cuatro capitales de Hego Euskal Herria para exteriorizar su malestar con la reforma de pensiones decretada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Gritos como «Murrizkeratik ez», «Erreformarik ez» o «No falta dinero, sobran ladrones» se escucharon en Bilbo, Donostia, Iruñea y Gasteiz. Las manifestaciones concluyeron con la lectura de un comunicado en el que los convocantes reivindicaron que las pensiones «son un derecho, no un negocio», y reclamaron que sean «dignas» y «para todas las personas». Rechazaron los recortes que «reducen la cuantía de las nuevas pensiones y el poder adquisitivo» y exigieron que la legislación sobre prestaciones «se adopte en Euskal Herria».

Finalmente, demandaron que las instituciones vascas «garanticen que las pensiones públicas sean dignas, y establezcan un complemento para compensar los efectos de las reformas aprobadas en Madrid».

«Política de mirar a otro lado»

En la movilización de la capital vizcaina estuvo presente, entre otros, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, quien exigió a las administraciones vascas que «el deterioro social que provoca Madrid se complemente desde Euskal Herria», así como que se tomen «las decisiones que preserven lo social» y añadió que no aceptan que «la política que mira para otro lado, mientras todo lo social y los laboral se está yendo».

Insistió en que «no vale la actitud pasiva de los gobiernos vascos y navarro, que miran a Madrid diciendo que es Madrid la que hace la reforma de las pensiones». Muñoz lamentó que «estamos sufriendo una situación excepcionalmente grave, en donde es evidente quiénes son los perdedores. Hay una guerra orquestada contra los pobres y la gente humilde y, paradójicamente mientras se organiza esa guerra el poder político toma decisiones para beneficiar a los que tienen poder económico, a los ricos, a la banca», criticó.

Sistema público propio

Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, que participó en la marcha de Donostia, reclamó a las instituciones vascas «avanzar hacia un sistema público propio» y que «se complementen las pensiones, se genere un salario social y se proteja a los pensionistas en lugar de empobrecerles».

La dirigente de LAB también demandó a Lakua e Iruñea que «no se excusen» bajo el argumento de que «esto lo decide Madrid», ya que «aquí hay mucho que hacer» como la aprobación de medidas para «complementar» económicamente las pensiones de un colectivo que se verá «empobrecido».

En Nafarroa, el coordinador de LAB, Igor Arroyo, declaró que «hay dinero de sobra» y que «las pensiones públicas son sostenibles y necesarias». Por su parte, Mikel Lakuntza, de ELA, añadió que en este herrialde hay una media de las pensiones contributivas de 975 euros, pero »la propia comisión de expertos está cifrando un recorte del 20% para el año 2050, y hay que entender que esas pueden ser unas cifras conservadoras».