Una vez más, echar la mirada atrás y reparar en lo ocurrido en Euskal Herria durante la pasada semana, aunque solo sea por lo trepidante de la actualidad política y social, ofrece un panorama contradictorio, confuso, difícil de analizar y contextualizar. La semana comenzó el lunes bien de madrugada, cuando la Policía española entró a la plaza Nabarrería a detener a Luis Goñi, el joven sentenciado a seis años de cárcel por ser miembro de Segi. El muro popular, la conocida como herri harresia, se formó pacífica pero firmemente a su alrededor y la Policía tuvo que «emplearse a fondo» para detener al joven. Las imágenes muestran en la parte resistente una disciplina y un coraje realmente emocionantes, y por la parte atacante una mezcla de impotencia, belicosidad y algún que otro detalle macabro e inaceptable. El resultado: una nueva victoria política de un hecho, un arresto, que en sí podría ser entendido como una derrota.

A las pocas horas, en Madrid, comenzaba precisamente el juicio contra 36 jóvenes independentistas. Durante sus comparecencias ante el tribunal especial, esos jóvenes han denunciado unas torturas espeluznantes, han puesto en evidencia una falta de tutela judicial absoluta y una instrucción basada en prejuicios y tesis ideológicas frente a las que han reivindicado una militancia política, pública y socialmente reconocida. Su relato ha roto las fronteras habituales y ha llegado a muchos que hasta hace poco miraban para otro lado ante esta realidad.

El martes, con la herri harresia aún presente y siguiendo un guión totalmente trasnochado de acción-reacción, detenían en Iruñea a los presuntos autores de la colocación de la ikurriña en el inicio de los sanfermines. La operación resulta delirante tanto por las formas como por las acusaciones. Lo único que han logrado es recordar a la gente que hoy por hoy en Iruñea la ikurriña está proscrita. Los responsables políticos han hecho el ridículo y, lo que es peor, parecen no darse cuenta.

[Entremedio, tras varios avisos previos pero sin que nadie pareciera creerlo posible, Fagor Electrodomésticos entró en concurso de acreedores, anunció que cerraba sus plantas y que sus cerca de 2.000 trabajadores, a los que hay que sumar otros muchos puestos asociados a esa cooperativa, iban al paro. Un golpe terrible a un emblema y al tejido productivo vasco. Resulta imposible analizar este hecho en este espacio, pero también era imposible no mencionarlo en este repaso.]

En clave política toda la semana ha estado marcada por el trigésimo aniversario del secuestro, las torturas y la desaparición de Joxean Lasa y Joxi Zabala, con testimonios de sus familiares que han puesto sobre la mesa lo ocurrido y la impunidad de la que gozan los responsables de estos graves hechos, con Enrique Rodríguez Galindo a la cabeza. El contraste con el resto de noticias de la semana hace que esa impunidad resulte aun más obscena y políticamente insostenible, lo cual al menos supone una victoria moral de este pueblo frente a tanta ignominia.

El jueves, sin dar respiro, dos hechos antagónicos tenían lugar a distancias oceánicas. Por un lado, de nuevo en Madrid, se ponía en marcha otro macrosumario político contra 36 dirigentes de la izquierda abertzale de diferentes épocas. A la primera jornada del juicio tuvieron que comparecer también 110 representantes legales de herriko tabernas, conformando el mayor banquillo de acusados en un macrosumario de este tipo. Pero el jueves era además el segundo aniversario de la Declaración de Aiete y, al otro lado del mundo, en México DF, dieciocho estadistas latinoamericanos se adhirieron a esa hoja de ruta por una paz justa y duradera y mostraron el compromiso de defenderla y desarrollarla de aquí en adelante. El acto fue solemne y emocionante a la vez, y tiene mucha potencialidad política.

Pero no todo lo que vino de América fue positivo. El lehendakari Iñigo Urkullu vetó un saludo que el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, había enviado a la Euskal Etxea de Nueva York por su centenario. Una postura torpe e infantil que podría no haber tenido mayor trascendencia de haber ofrecido una simple disculpa, pero que a fuerza de reivindicar y justificar con argumentos como el de quién financia a la Euskal Etxea - en su caso los contribuyentes, ¿no?- es signo de una mediocridad rampante. Para colmo, el presidente de la Euskal Etxea, Aitzol Azurtza, tras ofrecer una versión veraz que dejaba en muy mal lugar a Urkullu, ha dimitido aduciendo razones personales. Precisamente, en este contexto algunos han puesto el foco no en la dimisión sino en su vida privada.

A todo ello hay que sumar la crucial sentencia que mañana hará pública el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina 197/2006. Quedan unas horas eternas y solo cabe esperar que prevalezcan los derechos humanos y que, de ser así, se respete la sentencia. Mientras tanto, convendría ultimar cuál puede ser la reacción política y popular ante esos escenarios, cómo se utiliza este punto de inflexión para potenciar el cambio político en favor de la libertad, la democracia, la justicia y la paz. Manteniendo la serenidad pero insuflando una ilusión que resulte contagiosa. Una vez más, hace falta liderazgo y saber aprovechar el momento.

El contraste entre todos estos hechos provoca que, por un lado, parezca que se ha retrocedido súbitamente a épocas pasadas y que, por otro, se vea claramente que el resultado de esas ecuaciones políticas es radicalmente distinto al que solía ser. Es desolador en un sentido y excitante en otro, en la medida en que sugiere opciones de futuro, por mucho que existan estructuras empeñadas en retroceder o mantener el statu quo, por nefasto que este sea. Por eso es necesario capitalizar e invertir, porque este país, su gente, tiene capacidad para promover un cambio radical que urge, en este y en otros terrenos.