Una de las máximas que hemos aprendido de la historia política: los estados firman convenios interna-cionales para la protección de los derechos humanos y, paralelamente, crean los dispositivos nece-sarios para poder seguir violándolos con total impunidad. En esta lógica está el Gobierno Español en relación con la aplicación de la llamada «Doctrina Parot». Si por el actual go-bierno fuera se restaurarían las penas del anti-guo régimen pre-moderno siempre y cuando se apliquen de manera discrecional a quienes ellos y los jueces, valga la redundancia, señalen con el dedo y, por el contrario, ellos y sus financiadores, valga de nuevo la reiteración, queden siempre exentos de cualquier responsabilidad penal.

Uno de los dispositivos procesales que limitará el alcance de una sentencia que ha costado que sea firme y definitiva más de siete años es la precaria regulación de la ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). No podemos olvidar el carácter declarativo de sus sentencias y el hecho de atribuirse la ejecución de las mismas al Estado infractor bajo la vigilancia del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

El trabajo ahora consiste en que la sentencia favorable no se quede en agua de borrajas limitándose al «Caso Del Rio» o dando respuestas individuales sobre su aplicación retroactiva a los casi cien casos de personas presas a las que se les ha aplicado, sumando las encarceladas por pertenencia a banda armada y por extensión de esta doctrina a otros casos de presos sociales. Se trata de luchar por la definitiva derogación de esta y de otras legislaciones de excepción con las que el Estado español ejerce su violencia institucionalizada violando los derechos humanos fundamentales recogidos en los tratados internacionales que hipócritamente ha firmado, violación sistemática que practica mediante el uso vengativo y cruel del encarcelamiento, la práctica de torturas y malos tratos, la cons-trucción de nuevas imputaciones a la carta para alargar todo lo posible las condenas en el caso de unos reos y la aplicación privilegiada de benefi-cios penitenciarios para excarcelar a otros reos, etcétera.

Al actual Gobierno español parece que la única soberanía que le importa es su propia «soberbianía». No le importa el bochornoso desprestigio al que somete al poder judicial evidenciando su falta de independencia y su utilización política, no le importa su falta de legitimidad y su permanente estado de sospecha en el seno de las instituciones europeas. En el fondo quisiera ser como el Estado Vaticano, que de las 103 convenciones internacionales que reconocen y amparan los Derechos Humanos, tan solo ha suscrito 10, lo que sitúa a la Santa Sede en los últimos lugares de la lista de estados. El Vaticano ni siquiera ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y curiosamente siendo un estado europeo, no solo no firma el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) sino que se dedica a criticar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como, entre otras, fue el fallo contra el derecho a discriminar a parejas del mismo sexo (véanse las declaraciones del arzobispo Dominique Mamberti, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados de enero del presente año).

La pregunta que podemos hacernos es por qué cuando ya se había producido una decisión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desautorizando la actual aplicación de la citada doctrina, el actual Gobierno español se ha empeñado en recurrirla y en no dar marcha atrás a una visión del Derecho como arma de guerra, frente a lo que debería ser: el instrumento principal para garantizar una convivencia social pacífica. Máxime cuando su obsesión, que responde a intereses ajenos a la justicia y contraria al respeto a los derechos humanos, a estas alturas le es contraproducente políticamente salvo para contentar a los sectores más recalcitrantes de su clientela interna y a quienes teniendo poder de influencia sobre las decisiones gubernamentales aun claman ven- ganza ante su impotencia e incapacidad de hacer frente al resentimiento por sus propias víctimas.

Es posible que, como indicamos en su momento, ahora el Gobierno español apele a la soberanía del Estado para tratar de deslegitimar tal decisión y hacer de su capa un sayo, cosa que no hace para legitimar y dilapidarla cuando se trata de decisiones económicas o de recortes drásticos del gasto público, apelando a instancias europeas o a los dictados del capital especulativo la supuesta necesidad de imponer recortes de derechos laborales y sociales, de imponer decisiones claramente antidemocráticas y antisoberanistas.

No obstante, las posibles respuestas sobre por qué el Gobierno está dispuesto y se arriesga a hacer el ridículo ante Europa en este como en otros temas responde a su opción por no reconocer sus graves errores y sacrificar la transparencia mediante eso que en este caso denomina «ingeniería jurídica», que no es otra cosa que aprovecharse, entre otras, de dos cuestiones que limitan el carácter ejecutivo de las sentencias del TEDH. La primera, la naturaleza intergubernamental del mecanismo de supervisión de la ejecución de las sentencias que no ha sido puesta en tela de juicio y sobre la que no existen propuestas en este sentido, lo que dejará en manos de las instancias judiciales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional la interpretación y aplicación de la sentencia del TEDH. La segunda, la no incorporación al sistema ejecutivo de sanciones por incumplimiento de la sentencias, lo que no facilita precisamente su acatamiento.

Por ello, esta sentencia favorable al respeto a los derechos humanos en la ejecución de penas no es el final de una lucha garantista, sino un punto de partida para conseguir la erradicación de la restauración de la cadena perpetua por parte del Gobierno español desde que se decretó el estado permanente de excepcionalidad penal. Nuestra lucha en todos los frentes es contra el empeño vehemente del Estado por aplicar un derecho de imposición para la edificación de un estado penal al servicio del capital, que contribuya a eliminar y utilizar cualquier forma de oposición o disidencia, criminalizándola, para instaurar su proyecto hegemónico.

Para ello, necesita encarcelar más tiempo, y encarcelar a todo aquel y todo aquello que visibilice su latrocinio, que visibilice que en realidad el Estado no defiende los derechos y las libertades de las personas, sino su propia seguridad y los intereses de los poderes a los que sirve. Por eso utiliza el independentismo, el prohibicionismo, el islamismo, la extranjería y demás coartadas. Para tratar de legitimar su sustancialidad, su esencia totalitaria encubierta de una apariencia democrática. Por eso sataniza toda forma de oposición y, con mayor contundencia, a aquellas formas que traspasan los límites funcionales de protesta que puedan alterar sus intenciones.