Los técnicos realizaron las mediciones durante tres días en espacios cercanos a antenas de telefonía y el Consistorio donostiarra acaba de recibir los primeros datos. El director del Departamento de Medio Ambiente, Iñaki Irurtia, ha adelantado que en varias zonas se han detectado niveles superiores a los recomendados por la resolución europea, como en Gros, donde se concentra el mayor número de emisoras.

En febrero, el Pleno, de manera unánime, acordó una declaración institucional para adherirse a la Resolución 1.815, aprobada en 2011 por el Consejo de Europa. Dicha resolución establece que hay que aplicar el principio de precaución cuando las valoraciones científicas no pueden precisar el riesgo real. La recomendación actual es no superar los 0,1 microvatios por centímetro cuadrado.

Además de la propia declaración, también existe una demanda ciudadana. Hace un año el colectivo Antenarik ez! reunió 7.400 firmas solicitando adaptar la ordenanza municipal a la Resolución 1.815. Tal y como indica Irurtia, los límites de exposición a los campos electromagnéticos -áreas de energía que rodean a los dispositivos eléctricos, como móviles y antenas- son obsoletos, ya que no se han adaptado desde 1999.

Por eso quieren abordar, junto a todos los grupos políticos, la modificación de la ordenanza vigente, que data de 2002, adecuándose a las recomendaciones europeas.

En ese camino, el miércoles y jueves realizaron junto con la Fundación Cristina Enea unas jornadas sobre áreas electromagnéticas y salud. En ellas participaron invitados como el técnico de prevención de riesgos laborales Raúl de la Rosa Martínez, o José Alberto Arrate Ormaetxea, uno de los pocos abogados especializados en las afecciones de la exposición a estos campos.

GARA habló con este último al término de su charla y le preguntó, en primer lugar, sobre dos casos que están en el candelero: Ibaiondo y Solokoetxe. El martes se procedió a desactivar la instalación ilegal de una antena de France Telecom de la cubierta del Gran Hotel Lakua, como consecuencia de la lucha del colegio Ibaiondo de Gasteiz. Vecinas y vecinos de Solokoetxe han seguido con gran interés sus acciones. En el barrio bilbaino llevan doce años movilizándose para que se retiren varias antenas de telefonía móvil del edificio del ascensor. El Consejo Escolar del instituto Karmelo también se han sumado a la batalla.

Ibaiondo y Solokoetxe

Arrate solo tiene palabras de «solidaridad, reconocimiento y agradecimiento» para estas personas afectadas. «No son situaciones nada fáciles y lo que ellos hagan y resuelvan va a beneficiar a mucha gente, yo incluido. Creo que cuanto menos radiaciones tengamos, mejor», sostiene.

El abogado eibartarra remarca la gran diferencia que existe entre los parámetros del Consejo de Europa, que establece no pasar de 0,1 microvatios, y la regulación del Estado español, que pone el límite en 450 microvatios. Considera que en Ibaiondo y Solokoetxe están exponiendo una problemática que pasa en muchísimos centros escolares y que «hay que abordar ya, porque se puede hacer perfectamente que haya servicio de telecomunicaciones y radiaciones bajas». Para ello, se tiene que saber dónde se puede ubicar una antena y dónde no. En las áreas sensibles, como escuelas, guarderías y hospitales, la radiación debe ser la mínima. Sin embargo, «todo esto no se está haciendo prácticamente en ningún lugar».

El Consejo de Europa alerta de que hay que tener cuidado con los niños, que tienen que exponerse poco, sin pasar el límite de 0,1. El Parlamento Europeo también avisa de que las recomendaciones que se tomaban hasta ahora han quedado obsoletas y que hay que regular de manera más estricta.

«Ibaiondo, dando un salto cualitativo, ha dicho: `Si el Consejo de Europa establece 0,1 y aquí tenemos más, tengo un riesgo para los niños que no quiero soportar. Ponme a 0,1'. El problema que tiene el Ayuntamiento de Gasteiz es que la regulación estatal permite 450. Ahí está el juego de intereses. Hay huecos para hacer cosas», explica.

En ese caso, el abogado aconseja adoptar ordenanzas garantistas que defiendan el límite del 0,1 al menos para las zonas sensibles. En opinión de Arrate, los consistorios deben actuar por una cuestión de responsabilidad, teniendo en cuenta, además, que la OMS clasificó hace dos años estas radiaciones como cancerígenas.

Justo hace un año el Tribunal Supremo italiano dictó una sentencia en la que reconocía que la causa del tumor en el cerebro de un comercial había sido el uso del móvil durante ocho horas al día. «No estamos asustando a la gente -aclara-. Ahora, yo este dato no lo voy a ocultar porque es objetivo».

Con todos los años que lleva trabajando en este tema, al letrado le llaman muchos vecinos diciendo «nos han puesto una antena y han pasado no sé cuántos casos de cánceres que antes no había». «No vamos a alarmar, pero son datos que existen y se podría hacer un estudio epidemiológico», subraya.