El proceso de excarcelaciones al que aboca la sentencia europea puede demorarse un tanto debido a la tramitación decidida por el Estado español, pero los casos estarán sobre la mesa de la Audiencia Nacional desde hoy mismo. Tendrá que decidir sobre Inés del Río, sin más opción que la puesta en libertad, en un pleno que ha sido convocado para las 9.15 con carácter extraordinario. Más adelante, ya el viernes, el tribunal especial celebrará una sesión ordinaria en la que estaba previsto el estudio de otros dos recursos, presentados por Joxepa Ernaga y Juan Manuel Piriz.

Fuentes jurídicas consultadas por GARA remarcaron que debería de abordarse también la situación de todos aquellos condenados por el Código Penal de 1973 y a quienes afecta la sentencia, aunque quizás la Audiencia Nacional trate de dilatar y escalonar el proceso. Es lo que pidieron la AVT y la FVT ayer tarde, en una rueda de prensa conjunta con los ministros de Interior y Justicia en la que incidieron en que no quieren ver una imagen de «un autobús» lleno de excarcelados.

En cada procedimiento que abra la Audiencia Nacional se dará la palabra a la Fiscalía, que valorará cada caso tratando de explorar si hay algún resquicio que permita reclamar que continúe en prisión.

Fuentes jurídicas interpretan que, a pesar de este anuncio, la Fiscalía no tiene argumentos que le sirvan para justificar esa vulneración de derechos fundamentales. Apuntaron a que se puede alargar unos días o alguna semana la decisión de excarcelar a esas personas, aunque ello en términos políticos puede desgastar la imagen del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Serían, a su juicio, «triquiñuelas administrativas muy evidentes, difíciles de justificar ante instancias europeas».

La sentencia de Estrasburgo debe provocar la excarcelación de 56 vascos que están ahora presos por la doctrina anulada. Pero además tendrá efectos lógicamente sobre otras decenas que se acercaban inexorablemente a la fecha de cumplimiento de condena y a las que el Estado quería alargar la estancia en prisión, como ha hecho desde febrero de 2006.

Intentando minimizar el impacto, el ministro de Justicia recordó que este fallo está restringido a los presos juzgados bajo el Código Penal de 1973, y trajo a colación que desde 1995 existe otro en función del cual los condenados posteriormente sí pueden tener que cumplir penas durante 30 años. Desde 2008 se elevó hasta 40, pero igualmente para las personas condenadas desde esa fecha. En la rueda de prensa con el ministro, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, hizo hincapié en que reclaman al Gobierno que imponga la prisión preventiva revisable desde ya, pero obvió que no se podría hacer con carácter retroactivo (precisamente esa es una de las cuestiones que ha llevado a Estrasburgo a anular la doctrina 197/2006).

Recursos para los 56

Los abogados que defienden a Inés del Río también valoraron el fallo y sus consecuencias en una rueda de prensa en Bilbo. Recalcaron que debe dictarse ya la libertad de la tafallesa y de Antton Troitiño, preso en Inglaterra, y que progresivamente la Audiencia Nacional proceda a la excarcelación de los otros 54 vascos en prisión por la doctrina. La abogada Amaia Izko subrayó que «desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento» y estimó que no hay resquicio legal en la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se eluda su cumplimiento.

En ese sentido, Izko, al igual que Ainhoa Baglietto, remarcaron que Estrasburgo no había hecho sino ratificar el fallo de julio de 2012 en el caso de Del Río y que el recurso del Gobierno español, ayer desestimado, no ha hecho en este tiempo sino prolongar una situación injusta para reflejar su cerrazón absoluta ante las expectativas de solución al conflicto.

En las próximas horas, los abogados que defienden a todos estos presos y presas interpondrán ante la Audiencia Nacional los pertinentes escritos en los que se solicita que les sea fijada su fecha de puesta en libertad efectiva. «Toca poner en libertad a quien se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot inmediatamente. Cada minuto que continúan en prisión es un minuto de vulneración y desprecio de los derechos fundamentales».

Otras excepcionalidades

Respecto a la afirmación de los ministros de Justicia e Interior de que «el Estado de Derecho no está en suspenso», Izko precisó que «lo que está en suspenso son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y esta mañana se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro».

En su valoración, la portavoz de los abogados incidió en que el fallo dictado por el Tribunal Europeo de DDHH «es el final del camino de la doctrina Parot, pero no es el final del camino de la vulneración de derechos fundamentales, porque en ella se basa la excepcionalidad de las leyes que se aplican a los presos políticos vascos».

En consecuencia con esta afirmación, Amaia Izko pidió al Ejecutivo español que «termine inmediatamente con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor».