Tres años, más de mil días, ha dejado pasar el Estado español antes de estrellarse con la realidad y con el mundo vía sentencia de Estrasburgo. Corría setiembre de 2010 cuando la Declaración de Bruselas firmada por varios líderes mundiales exhortaba a ETA a «declarar un alto el fuego permanente y completamente verificable» mientras aconsejaba al Gobierno darle «respuesta debida». Un año después, la Declaración de Aiete actualizaba ese mensaje, reclamando a ETA el cese definitivo de la lucha armada y animando a cambio al Ejecutivo español a «darle la bienvenida e iniciar conversaciones». Cualquiera percibe que no había simetría en el doble emplazamiento, sino que la comunidad internacional ponía mucha más fuerza y concreción en la apelación a la organización vasca que en la dirigida al Estado español.

Sin minusvalorar sus complejos (des)equilibrios internos, Madrid lo tenía realmente fácil. Bruselas y Aiete ponían medio Nobel de la Paz en manos de Rajoy. Pero decidió no hacer nada, en una mezcla de prepotencia e incapacidad. Dicen que pensó que el problema se iría resolviendo por sí solo, sin actuar. Tremendo error. La sentencia de Estrasburgo es aquella «respuesta debida» que Zapatero no quiso dar en 2010 y esa «bienvenida» a la que viene renunciado Rajoy desde 2011. El sentido de Estado estaba en una Gran Sala europea.