ANULADA LA DOCTRINA 197/2006
La mayoría vasca exige las excarcelaciones que en Madrid asumen con quejas
La mayoría de los partidos y agentes vascos pidieron la inmediata puesta en libertad de los presos afectados. En Madrid, por contra, la sentencia fue acogida como un revés e incluso hubo llamamientos a su no aplicación.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El Ebro, tanto el físico como el mental, volvió ayer a marcar una frontera en las reacciones a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declara ilegal a aplicación de la llamada «doctrina Parot». Los partidos y sindicatos abertzales respondieron considerando el fallo como un elemento positivo y exigiendo a las autoridades españolas que pongan en libertad a los presos cuya permanencia en prisión está prolongando de manera ilegal. Por contra, la mayoría de los partidos que tienen su sede central en Madrid, o tienen allí su capitalidad ideológica o sentimental, entendieron el pronunciamiento de la Corte de Estrasburgo como un doloroso revés. Entre estos, los hubo que pidieron que si las excarcelaciones son inevitables, se hagan lo más difíciles posible, y quienes, como determinadas asociaciones de víctimas y de miembros de las FSE, reclamaron abiertamente que se desobedezca la sentencia europea.
La nota que hizo pública Lokarri al conocer la decisión puede ser un buen exponente de los múltiples pronunciamientos que hubo por parte de agentes políticos y sociales vascos. Por un parte, aclara que la sentencia es aplicable a todos los presos que se encuentran en la misma situación que Inés del Río. Y, a continuación, pide «al Gobierno de España que ponga todos los medios a su alcance para proceder a la puesta en libertad de todas las personas afectadas por la doctrina y que se abstenga de promover su aplicación o de otra cualquiera análoga que pueda construir en el futuro».
Lokarri explica que «ya es bastante significativo que los controles judiciales de España no hayan funcionado en esta ocasión, y que haya sido un tribunal europeo el que haya tenido que poner fin a esta doctrina contraria a los derechos humanos, como para que ahora el Gobierno trate de utilizar subterfugios legales para evitar su aplicación».
También el PNV exigió «al Gobierno español, y al sistema judicial vigente en el Estado, que acate, asuma y dé cauce a la sentencia europea hoy dictada, en cumplimiento de los convenios internacionales que le vinculan a ello», e igualmente que, «de manera urgente», ponga en libertad a los presos afectados.
También Sortu sostuvo que «el fallo debe suponer la puesta en libertad inmediata de todos los presos y presas a los que se ha alargado la condena por medio de la doctrina 197/2006 y el fin de su aplicación».
El sindicato ELA, por su parte, trasladó «un saludo solidario a las personas presas afectadas por esta doctrina y a sus familiares, deseando que estén en libertad en el más breve plazo posible».
Entre las formaciones que saludaron la sentencia de Estrasburgo figuran Aralar, EA, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra, Ezker Anitza-IU, Equo-Euskadi, Ernai y Gazte Abertzaleak.
La frontera del Ebro también se dejó notar en el seno del PSOE. La reacción del PSE fue distinta a la de los portavoces de la sede central de Madrid. Idoia Mendia afirmó en Bilbo que «lo que corresponde es que el Gobierno acate» y que tome las disposiciones necesarias para aplicar la sentencia «sin dilaciones ni subterfugios legales».
El PSOE, con el Gobierno
El PSOE, partido que gobernaba en el Estado español cuando el Tribunal Supremo puso en marcha la doctrina 197/2006, explicó que su posición «no puede ser otra que la de acatar la sentencia porque vivimos en un Estado de Derecho», pero no porque le guste su contenido.
El secretario de Organización del PSOE, Oscar López, trasladó su solidaridad a las víctimas de ETA, y añadió que esta «es una cuestión judicial que no debe afectar a la unidad de los demócratas, precisamente ahora que se cumplen dos años del fin del terrorismo de ETA».
En algunos momentos de su comparecencia, y a preguntas de los periodistas sobre la posición de algunas asociaciones de víctimas, el secretario de Organización del PSOE se remitió a las palabras del Gobierno.
Precisamente en la rueda de prensa de los ministros de Justicia e Interior descargó el PP su reacción a la sentencia. No hubo declaraciones de sus dirigentes en Madrid. Sin embargo, Iñaki Oyarzábal, que además de su cargo en la CAV es secretario de Justicia, Derechos y Libertades del Comité Ejecutivo del PP y la persona elegida para mantener la relación con las víctimas de ETA, lamentó «profundamente el fallo» porque «era una doctrina justa con las víctimas y útil para luchar contra ETA».
Entre las fuerzas de ámbito estatal, IUa fue la única que consideró justa la sentencia y criticó que gobiernos y tribunales españoles hubieran buscado «atajos» ilegales.
Desacato e insumisión
Desde asociaciones de víctimas, sindicatos policiales y púlpitos periodísticos se abogó abiertamente por no acatar la sentencia. Pero la única fuerza parlamentaria que se sumó a la demanda fue UPyD. Su portavoz en el Congreso, Rosa Díez, instó al Gobierno a «amparar» a las víctimas del terrorismo y a no aplicar «el derecho contra la justicia».
Díez afirmó que si «los enemigos de la democracia encuentran amparo en Estrasburgo», sus víctimas, «la democracia en sí misma», deben encontrarlo en el Gobierno de España, «como antes ocurrió con el Supremo y el Constitucional».
Asociaciones de víctimas de ETA acogieron con disgusto y mensajes tremendistas el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Fundación de Víctimas del Terrorismo y la AVT fueron recibidas a la tarde por el Gobierno español, a quienes trasladaron directamente sus peticiones. A la salida, moderaron significativamente sus peticiones de no cumplir la sentencia, aunque no sus críticas a los miembros del Tribunal Europeo, sobre todo al magistrado español, Luis López Guerra. Mari Mar Blanco también afirmó que «la sentencia hoy es el coste del mal llamado proceso de paz de Zapatero».
Por otro lado, resulta significativo que sindicatos y asociaciones de miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado lideren en buena medida los llamamientos al Ejecutivo a no aplicar la legalidad.
El europarlamentario de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, pidió la palabra para congratularse de la sentencia y Agustín Díaz de Mera, del PP, mostró su rechazo del fallo en «fondo y forma».
Tras mostrar su satisfacción por el sentido del pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, Sortu aseguró ayer que ahora «es el momento de aprovechar esta sentencia para dar un giro positivo a la política penitenciaria, es el momento de dar una oportunidad a la paz».
Pernando Barrena y Maribi Ugarteburu comparecieron ante los medios por la tarde acompañados de los miembros del Consejo Nacional de Sortu Maite Ubiria, Idoia Aiastui, Joxean Agirre y Txus Martinez de la Hidalga. En su intervención, aseguraron que «esta sentencia no es un triunfo de la izquierda abertzale y es que no creemos en esquemas de vencedores y vencidos». Subrayaron que «la literalidad de esta sentencia es un logro de todos los que creemos en el respeto a los derechos humanos, de todos los que exigimos el fin de la actual política penitenciaria».
En opinión del partido independentista, el fallo «confirma que la posición mayoritaria de la sociedad vasca al exigir el cambio de la política penitenciaria como hito fundamental para llevar adelante el proceso de paz y normalización política es radicalmente de justicia y conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos».
Sortu sostiene que «esta sentencia del TEDH que supone la derogación de la 197/2006, interpela directamente al Gobierno español: el Tribunal Europeo de DDHH acaba de decirles que no se pueden aplicar medidas de excepción que vulneren derechos humanos». Apela, por tanto, a que el Gobierno español deje su estrategia y pase a ser un agente activo de la paz.
El Gobierno de Lakua y el PNV, en dos intervenciones muy semejantes, no solo consideraron la sentencia una buena noticia y reclamaron al Gobierno español su inmediata aplicación, sino que también dirigieron mensajes a ETA y la izquierda abertzale para que los presos se acojan a «beneficios penitenciarios y reinserción».
El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, compareció en rueda de prensa para hacer dos peticiones. Al Gabinete de Rajoy le demandó cambios en política penitenciaria. Y a la izquierda abertzale, «que gestione el resultado de esta sentencia con responsabilidad y altura de miras. Son necesarios ahora pasos para vincular una nueva etapa en la política penitenciaria a la revisión crítica del pasado, y a las posibilidades que ofrece el marco legal de beneficios penitenciarios y reinserción».
Después, la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, habló para, entre otras cosas, «exigir a ETA que si va a consentir que los presos afectados por la derogación presenten recursos individualizados ante la justicia española, conceda la misma libertad al conjunto de sus presos, para que también ellos, de forma individual, puedan sumarse a las medidas penitenciarias y legales que les permitan su resocialización».
El Gobierno de Nafarroa y UPN, así como el PP y el PSOE, mostraron ayer su disgusto con la sentencia del TEDH, recalcando el dolor que ocasiona a las víctimas y la repugnancia que sienten por las consecuencias de su aplicación.
La presidenta del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina, dijo respetar la sentencia pero destacó lo dolorosa que resulta para las víctimas de ETA. Su compañero de partido, Carlos Salvador, consideró «lamentable» el fallo y pidió al Gobierno español que «haga todo lo posible» para que los excarcelados «no se burlen» de sus víctimas y de la sociedad.
En nombre del PP de la CAV, su secretario general, Iñaki Oyarzábal, aseguró que «ni compartimos, ni entendemos» la sentencia de Estrasburgo. Luego advirtió de que la sociedad «ni olvida ni puede olvidar que Del Río y otros tantos presos son unos asesinos, que eran unos asesinos antes y después de esta sentencia, antes y después de salir de la cárcel».
El secretario de Organización del PSOE, Oscar López, explicó que su partido «acata» la sentencia les «repugnan las consecuencias» que puede tener esta decisión.
Tanto UPN como PSOE y PP mostraron su apoyo a la doctrina calificada ahora de ilegal por la máxima instancia europea en defensa de los derechos humanos.
