El fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ratificando y haciendo definitiva la sentencia contra la aplicación de la doctrina 197/2006 a Inés del Río es una buena noticia desde todas las vertientes. En primer término, no puede ser de otra forma, lo es para la presa de Tafalla, cuya puesta en libertad debe producirse de forma inminente. Cinco años de prisión añadida no se enjuagan fácilmente y no se puede decir que en su caso se haya hecho justicia, pues nadie le va a devolver ese tiempo, pero es evidente que la noticia procedente de Estrasburgo era la que esperaban ella y sus allegados.

Por supuesto, también es una gran noticia para las decenas de presas y presos cuyas condenas han sido alargadas de forma arbitraria y que permanecen encarcelados sin soporte legal. En los últimos siete años el numero de víctimas de la doctrina ha ido creciendo a medida que se iban cumpliendo las penas, hasta sumar más de medio centenar de personas que en ejecución del dictamen europeo deberían quedar en libertad en breve, y otras muchas que pueden verse afectadas a medio plazo. Precisamente, una parte importante del problema que se les presenta ahora a los poderes del Estado ante un sector de su opinión pública (y publicada) es consecuencia de su empecinamiento en engrosar la lista de afectados por una norma que se sabía injusta. En este tiempo, los mandatarios españoles han tenido más de una oportunidad de poner freno al disparate, hacer pedagogía y reconducir este tema hacia cauces racionales, pero han optado por huir hacia adelante hasta que han chocado con el muro europeo. Podían haber reculado cuando la doctrina llegó al Tribunal Constitucional, y también cuando se produjo la primera sentencia del Tribunal de Estrasburgo, pero presos de su propia inercia represiva y sujetos al interés del lobby securócrata, quienes tenían en sus manos evitar este bochorno internacional -y, conviene no olvidarlo, el sufrimiento de mucha gente- han sido incapaces de hacerlo. En este sentido, el fallo debería ser aprovechado para que Madrid redefina su política carcelaria y la sitúe, al menos, en parámetros respetuosos con los derechos humanos.

Impulso en el camino de la solución

La primera intervención de los titulares de Justicia e Interior no permite albergar muchas esperanzas a este respecto. Aun sabiendo cuál podía ser el sentido de la sentencia, y a pesar de que su rueda de prensa había sido convocada con antelación, ambos trasmitieron una sensación de congoja, real o impostada, que quizá pretendía reflejar su cercanía con algunos colectivos de víctimas pero que distaba mucho de lo que se espera de unos ministros. Y en el fondo de su intervención no hubo asomo de autocrítica, sino un rezongador acatamiento de un veredicto que no comparten. Mostraron además una concepción vengativo-represiva ajena al Estado de Derecho que tanto reivindican. Los representantes del Gobierno del PP parecen no entender la gravedad de ser condenados por una instancia europea por quebrantar sus propias leyes para violar derechos humanos y se permiten amenazar con más de lo mismo.

Con todo, y aun sabiendo que los obstáculos van a seguir existiendo, la sociedad vasca debe entender el fallo del TEDH como un acicate en la búsqueda de una paz justa y duradera. Hace dos años se fijó una hoja de ruta para la consecución de ese objetivo, y es responsabilidad de este pueblo y de sus agentes políticos y sociales articular los mecanismos necesarios para hacerla efectiva. En este sentido, la sentencia tiene implicaciones que van más allá de la situación de Inés del Río o de los presos y presas vascas, y debe ser un punto de inflexión para retomar el camino emprendido en Aiete. Puede decirse que Estrasburgo obliga al Estado español a eliminar una norma legal que conculca derechos humanos, pero interpela a este pueblo para que afiance ese camino.

Si algo quedó claro ayer es que queda muchísimo trabajo por hacer. Hay que agradecer la serenidad mostrada por quienes defendían la derogación de la doctrina 197/2006. Ahora esa alegría contenida puede resultar fértil para romper bloqueos.

Con una paz justa todo el mundo gana

No es momento para triunfalismos. Tampoco para derrotismos. El Estado español, todos los estamentos que de un modo u otro configuran su política de estado, deben reflexionar seriamente sobre qué clase de sociedad quieren configurar, cómo piensan revertir una inercia que les está llevando a ser condenados una y otra vez por no respetar los derechos humanos. Por otro lado, quienes consideran esta decisión de la Corte europea una victoria hacen bien en no patrimonializarla y en recuperar así una de las máximas de todo proceso de resolución: este proceso no se puede afrontar con una perspectiva de «suma cero», en la que unos lo ganan todo y otros lo pierden todo; para ello hay que desplegar una estrategia en la que todos ganen, el famoso «win-win». Frente a la estéril proclama del «vencedores y vencidos», ayer ganaron los derechos humanos, y a nadie sensato debería dolerle eso.

Había muchas cosas en juego en Estrasburgo, todas vitales. Vitales porque afecta seriamente a la vida de las personas, a sus derechos y a su dignidad. Cruciales porque se trata de derechos humanos. Pero también vitales en términos políticos, donde hay que recuperar sensaciones, expectativas, potencialidades, complicidades... y encauzar toda esta energía renovada a lograr un cambio político que tiene como pilar la garantía de todos los derechos para todas las personas. Este acontecimiento debería servir para que, más allá de inercias y obediencias, ese proyecto como pueblo fuese prioritario para todos.