EH Bildu registró ayer en las Juntas Generales de Bizkaia, a través de Irune Soto, una propuesta para eliminar «las declaraciones de renta secretas, por medio de una proposición no de norma urgente para su debate en pleno.

La coalición soberanista explicó que las diputaciones de Bizkaia y la de Araba son las únicas que mantienen esta medida en el Estado español. La de Gipuzkoa las suprimió hace dos años para evitar la discriminación en el trato entre los ciudadanos.

EH Bildu cree que mantenerlas «resulta absolutamente injustificable». Sin embargo, actualmente existen alrededor de 500 declaraciones secretas, «si bien no se ha hecho pública ninguna cifra de manera oficial».

Las declaraciones de renta secretas «dejan abiertas vías de alto riesgo que posibilitan la elusión fiscal», ya que no existe una norma escrita sobre los criterios y condiciones de su aplicación. «Por tanto, se permite que se actúe con total arbitrariedad», denunció la colación soberanista. Esta formulación arbitraria beneficia a las rentas más altas, porque su existencia se basó en mantener esa ocultación de rentas para evitar que ETA pudiera exigir el «impuesto revolucionario» a personas con elevados recursos económicos de Bizkaia. De hecho, en el juicio contra el exresponsable de la Inspección de la Hacienda vizcaina, Juan Ramón Ibarra, se hizo referencia a esta cuestió, pero quedó tapada por esa situación.

La propuesta de la coalición exige que se trate por la vía urgente e insta a la Diputación a suprimir las declaraciones de renta secretas en el ejercicio fiscal de 2014 y a «adoptar las medidas necesarias para que esas declaraciones se sumen al sistema general de datos». Justifica la petición en que «aún cuando en su momento, en la década de los años 80, fue relacionada su implementación con la actividad armada de ETA, en el año 2013 el contexto social y político ha cambiado de raíz, por lo que no se entiende que se mantengan».

Según algunos exinspectores de Hacienda, se incluyen en esta modalidad las declaraciones de rentas más elevadas, «de más de 300.000 euros y con un patrimonio superior a cuatro millones. Se depositan bajo llave en una caja blindada y no se vuelcan al sistema general».