El 28 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo español no solo rechazó el recurso presentado por Unai Parot que impugnaba la manera en que se le habían aplicado las reducciones de pena, sino que establecía una jurisprudencia que desde entonces se ha aplicado a casi un centenar de vascos, extendiendo su estancia en prisión durante siete años en algunos casos. Pero dos años después del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en un contexto nuevo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho basta. La cadena perpetua de facto toca a su fin en el Estado español, y así lo asumían, muy cariacontecidos y a regañadientes, los ministros de Interior y Justicia apenas hora y media después.

El caso de Inés del Río fue el primero en llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de recorrer todas las instancias judiciales españolas. Una tras otra, avalaron la doctrina 197/2006. Su recurso, presentado el 3 de agosto de 2009, se fundamentaba en que dicha decisión vulneraba los derechos recogidos en el artículo 7 y en el 5,1 del Convenio de Derechos Humanos. Así lo entendió Estrasburgo en primera instancia en julio de 2012 y así lo reafirmó ayer, con lo que la sentencia ya es firme y no caben más recursos. Solo ejecutarla.

Ante una expectación enorme tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español, a las 11.30 la Gran Sala europea, compuesta por diecisiete jueces y presidida por el luxemburgués Dean Spielmann, hizo pública una resolución que ratifica la ilegalidad de la doctrina. La noticia del fallo corrió como la pólvora y fue recibida con serena emoción por los familiares y allegados de los presos vascos, en cuatro concentraciones simultáneas. Las dudas legales se aclararon más pronto de lo previsto, y pronto el Gobierno español asumía públicamente su derrota jurídica.

Veredicto contundente

El fallo de la Gran Sala se divide en cuatro apartados. En los dos fundamentales el consenso ha sido casi total. En lo referido al artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la evidencia de su quebrantamiento es apoyada por 15 de los 17 magistrados. En cuanto al artículo 5,1, existe unanimidad.

También se da la misma conformidad en lo que afecta a la obligatoriedad de la ejecución de la sentencia (art. 46). Así el Tribunal Europeo establece que las autoridades españolas deben garantizar la liberación Inés del Río «en el plazo más breve posible» (solo un juez se desmarcó).

Únicamente en la cuestión accesoria de la indemnización de 30.000 euros a la presa navarra por daños y perjuicios morales (art. 41) la opinión de los jueces está más dividida (10 a favor y 7 en contra). En cualquier caso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, avanzó que la indemnización será destinada a compensar las que «en su día el Estado tuvo que satisfacer a las víctimas debido a la insolvencia de Del Río».

El propio Gallardón y su homólogo de Interior, Jorge Fernández Díaz, fueron los encargados de fijar la posición del Gobierno que dirige Mariano Rajoy tras el varapalo judicial. Lo hicieron con rostro muy serio, en una multitudinaria comparecencia en la que, tras la campaña diplomática desarrollada en los últimos meses, desviaron la aplicación de la sentencia de Estrasburgo hacia los tribunales españoles, y más concretamente hacia la Audiencia Nacional.

Obligado cumplimiento

Las líneas maestras de la respuesta del Ejecutivo se basan en: individualización de los casos, rechazo a cambiar la política carcelaria y amenaza de perseguir los eventuales actos de bienvenida a Inés del Río y a otros presos. Pero lo realmente sustancial de la comparecencia, y más aún tras las llamadas iniciales a la insumisión de algunas organizaciones ultras, estriba en la asunción de que el fallo es de obligado cumplimiento.

El matiz introducido aquí por los ministros es que corresponderá a los jueces evaluar cada recurso concreto. «No hay una doctrina generalizada», insistió Gallardón, que añadió que la forma de cumplir el dictamen «corresponde a los tribunales sentenciadores». «Tendrán que analizar caso por caso si resuelta aplicable. Hay que individualizar cada una de las peticiones y habrá que resolverlas», añadió. Sentado este procedimiento, el Ejecutivo sí que maniobrará, pero con escaso margen. Anuncia que desde la Fiscalía se realizará un «estudio profundo» sobre cada personas presa, tal y como indicó ayer el propio titular de Justicia.

En cuanto a la perspectiva política, en la rueda de prensa quedó claro que la gran preocupación de los dos ministros era no dejar espacio a las fisuras entre sus propias filas y eludir responsabilidades en la medida de lo posible. «Hemos utilizado todos los recursos que estaban a nuestro alcance y también trabajamos para que no vuelva a ocurrir», destacó Gallardón, que aprovechó para hacer apología de su proyecto de nuevo Código Penal, que incluye la cadena perpetua revisable y que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

Además, recordó que la doctrina 197/2006 no fue una iniciativa gubernamental, sino del Tribunal Supremo y refrendada por el Tribunal Constitucional. Se implantó, por cierto, en la época en que gobernaba el PSOE y después de que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, abogara por «construir imputaciones» contra los presos que fueran cumpliendo sus condenas, a fin de impedir las excarcelaciones. Fue al hilo de la alarma social inducida al llegar la fecha de la liberación de Iñaki de Juana Chaos.

Tampoco ninguno de los dos ministros cayó en la tentación de llamar a la desobediencia, tal y como les exigían algunos colectivos de víctimas de ETA, que comparecieron públicamente a la misma hora. Dando por hecho que el dictamen de Estrasburgo abrirá el camino a las excarcelaciones («el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias de Estrasburgo deben tomarse en consideración cuando existen situaciones privativas de libertad», admitió el ministro de Justicia), tanto Ruiz Gallardón como Fernández Díaz pusieron todo el énfasis posible en tratar de quitar hierro a la sentencia.