Nosotros no podemos decidir qué hará el Gobierno español, luego lo mejor sería que no perdiésemos demasiado tiempo especulando al respecto. Lo que sí podemos hacer es plantear qué deberíamos hacer nosotros para que, haga lo que haga el Estado, el resultado final favorezca nuestro objetivo político y social: una paz justa y duradera en la que se respeten todos los derechos de todas las personas y lograr un escenario en el que todos los proyectos democráticos puedan ser realizados por vías pacíficas. La fortaleza de esta posición es evidente. La debilidad de la opuesta también lo es. Pero, en este complicado terreno que es la política, la retórica no es suficiente. No basta con tener razón, hay que hacerla efectiva. Hay que articular ese cambio político y hacerlo prioritario para una mayoría social.

La estrategia que ha abonado ese cambio tiene varios elementos: la unilateralidad entendida como liderazgo, no como hacer lo que el otro quiere sino lo más conveniente para tus intereses; esto tiene que ver con hablarle a la gente, no solo a los oponentes (no atienden, no cumplen); y por último, conscientes de que la comunidad internacional no deja de ser un consorcio de intereses, trabajar en ese contexto y lograr una implicación contra la violación de derechos y por el derecho a ser lo que queramos ser. Todo muy básico, como el titular, pero difícil de lograr, más si arrastras una inercia.

Además de cumplirse, la sentencia debe servir para recuperar un momento, un tono, un discurso que, junto al capital político acumulado y a la eficacia demostrada de esta estrategia, genere ilusión y logre avances. Es grande que te den la razón, pero todo esto no va de eso. En mi opinión, va de que entre sus órdenes (crueles y contrarias a los derechos humanos) y nuestros deseos (básicamente, libertad), hagamos valer estos últimos. Como personas y como pueblo.