La Judicatura española está en el ojo del huracán creado por los lobbys que plantean incumplir la sentencia de Estrasburgo que anuló la doctrina 197/2006. El ejemplo más claro llegó ayer desde Barcelona. El juez Luis López Guerra, representante español en la Gran Sala y que votó a favor de la excarcelación de Inés del Río tanto en esta sentencia como en la inicial, ha decidido cancelar la conferencia inaugural del curso 2013-2014 que iba a ofrecer hoy en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La ponencia, que llevaba el título ``Abogados, jueces y derechos humanos'', fue suspendida por el propio López Guerra «a consecuencia del debate producido alrededor de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», admite el centro.

En este contexto hostil, tras la clarificación hecha el lunes por el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional de que no cabe otra opción que aplicar esa sentencia a todos los presos, la Judicatura española inicia un cierre de filas hacia el interior y de frentes hacia el exterior. Su máximo órgano, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, aprobó ayer un acuerdo -por cuatro votos a favor y uno en contra- en el que defiende «el compromiso constante que la Judicatura española ha tenido y tiene contra el terrorismo, llegando incluso a ser víctima del mismo», tras lo que el CGPJ «reitera su confianza» en su labor.

Rubio Llorente contra Rajoy

A esto se añade otra afirmación más extraña, ya que el Consejo «reconoce el respeto que desde el Gobierno se ha tenido hacia la labor realizada por los jueces en garantía del Estado de Derechos». Una consideración muy dudosa, dado que fue el propio Gobierno, en la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia, el que dio pábulo a la tesis de que podía haber resquiciar para incumplir la sentencia en ciertos casos.

De hecho, ayer en una carta a ``El País'' el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente se declaraba «escandalizado por la reacción de nuestros gobernantes frente a la sentencia». Añadía Rubio Llorente que «no es comprensible en modo alguno que la declare injusta el presidente del Gobierno de un Estado de Derecho» y también que «es sencillamente imperdonable que los gobernantes de un Estado miembro del Consejo de Europa lamenten que Luis López Guerra cumpla con su deber de imparcialidad». El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fue el primero en poner en el disparadero al magistrado español de la Gran Sala, antes incluso de conocerse el fallo.

Tras la toma de posición de la Audiencia Nacional, ayer hubo también noticias del Constitucional, dado que algunos de los recursos de presos vascos cuyo cumplimiento de condena fue alargado ilegalmente están en esa instancia. La máxima instancia estatal indicó que no tiene previsto hacer ningún pleno especial para marcar un criterio conjunto y que en sucesivos plenos ordinarios irá decidiendo sobre los distintos casos, también de modo individual y no en bloque, como hará la Audiencia Nacional.

De paso, el TC confirma que va recibiendo los criterios que emanan del Pleno de la Audiencia Nacional, que como órgano encargado de dictaminar sobre los cumplimientos de las condenas se está encargando de marcar la pauta de actuación.

El párrafo 114 lo aclaraba

Estos posicionamientos judiciales van enfriando las voces de quienes apostaban por la insumisión frente a la sentencia europea. La clarificación de la Audiencia Nacional del lunes solo fue cuestionada ayer por la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, que la calificó de «noticia totalmente inesperada». Insistió en que al menos las excarcelaciones «se estudien caso por caso y no se produzca esa foto de una salida masiva» (algo a lo que la Audiencia Nacional sí parece totalmente dispuesta).

Pese al intento de Blanco de seguir cuestionando que el dictamen europeo tenga carácter global, no solo el auto de la AN del lunes resulta nítido, sino que lo es la propia sentencia de Estrasburgo. En realidad, las dudas sembradas intencionadamente se habrían resuelto muy pronto leyendo el párrafo 114 (los contrarios se han aprovechando de que la sentencia solo fue emitida en inglés y francés, no en castellano). Ese extracto dejaba claro el carácter general del fallo al exponer que «la nueva interpretación del Tribunal Supremo español, que dejó sin efecto las remisiones de pena ya concedidas, ha llevado en la práctica a que la demandante [Inés del Río] y otras personas en situaciones similares sean privadas de los beneficios del sistema de remisión».