En el marco de la causa general contra Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna que se sigue en la Audiencia Nacional ayer declaró el actual responsable institucional de Sortu y exparlamentario en Gasteiz, Joseba Permach. Su intervención, basada en su propia experiencia de reuniones y contactos con partidos y agentes sociales, dejó ejemplos -algunos de ellos poco conocidos para el gran público- de cómo los gobiernos y líderes políticos españoles, desde el actual secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba al ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, diferenciaban de forma explícita a HB, EH o Batasuna de ETA. Reuniéndose personalmente con ellos o a través de intermediarios, quienes se comunicaban con la izquierda abertzale sabían perfectamente que esta no era ETA, que para hablar con la organización armada vasca disponían otro carril, de otros interlocutores y de otra agenda. Y hay multitud de reuniones, fechas, mensajes y biografías que corroboran las palabras de Permach y verifican la tesis que expuso.

Si los jueces no estuvieran luchando contra algo, haciendo así de la imparcialidad un imposible, si se actuase con método jurídico y no a golpes de análisis de inteligencia policial que buscan conclusiones prefabricadas, valorarían esas pruebas. Pero cuando los jueces tratan de encontrar lo que se busca de antemano, de dar carta de naturaleza al todo es ETA, a la teoría del desdoblamiento según la cual todos los partidos y organizaciones abertzales de izquierda nacen de la decisión de ETA de organizar frentes, tienen un mismo fin y están a su servicio, la aberración jurídica es inevitable.

Como reconocen fuentes de Audiencia Nacional, este juicio constituye un test para evaluar la influencia del nuevo escenario vasco en el debate jurídico. Un sistema judicial que prescinda de la excepción y no obstaculice la normalización debe tenerlo en cuenta y amoldarse al nuevo tiempo. Lo contrario sería un exasperante y absurdo regreso al pasado, a la deriva totalitaria.