Juicios políticos en Euskal Herria
«En 1998 recibíamos mensajes de Mayor y me reuní con Rubalcaba»
Reuniones con partidos políticos y representantes gubernamentales, propuestas políticas y una actividad marcada por una década de ilegalización pero que nunca optó por la «clandestinización». Este es el resumen de la declaración de ayer de Joseba Permach, quien, como el resto de acusados, negó ser miembro de ETA y realizó un recorrido a través de la evolución de la izquierda abertzale desde el encarcelamiento de la Mesa Nacional hasta la redada de Segura.
Alberto PRADILLA | MADRID
«En 1998 recibimos mensajes, a través de un intermediario, de Jaime Mayor Oreja (entonces ministro del Interior español) y me reuní, en una localidad de Nafarroa, con Alfredo Pérez Rubalcaba». Esta frase, pronunciada ayer por Joseba Permach durante su declaración en el macrojuicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional, sintentiza el mensaje lanzado por el actual responsable institucional de Sortu: la defensa del trabajo político realizado por HB, EH y Batasuna, así como su distinción respecto a ETA. «No solo los partidos, también los gobiernos nos diferenciaban explícitamente», afirmó.
La declaración de Permach, a preguntas de Iñigo Iruin, incidió en cuestiones que ya habían sido apuntadas por otros declarantes como Rufi Etxeberria, Floren Aoiz o Karmelo Landa. Negó ser miembro de ETA («no tiene sentido pensar que nos diese órdenes», remarcó, haciendo hincapié en la importancia del programa) y realizó un recorrido histórico a través de la actividad de HB, EH y Batasuna y de las distintas responsabilidades desempeñadas en sus plataformas, donde ejerció como concejal en Donostia o parlamentario en Gasteiz. Desde el encarcelamiento de la Mesa Nacional de 1997, hasta el frustrado proceso de diálogo entre el Gobierno español y ETA, desarrollado entre 2006 y 2007. Una década marcada por la ilegalización y por el condicionamiento de su actividad a través de los jueces, cuyas iniciativas variaron de sentido dependiendo del contexto político.
Sobre los contactos, Permach no solo corroboró el encuentro con Rubalcaba (celebrado en Leitza según medios españoles, en el contexto de la tregua de ETA decretada en 1998 y en el que habría participado también, por parte de Ferraz, José Luis Úriz, actualmente militante del PSC y expulsado del PSN y Enrique Curiel). También rememoró las reuniones mantenidas con PNV y EA que desembocarían en la firma de Lizarra-Garazi, así como con emisarios del Gobierno español. En este sentido, recordó que tanto los partidos abertzales como el Ejecutivo de Madrid, entonces presidido por José María Aznar, hablaron con ETA. Años después, en 2007, una situación análoga se repetiría en Suiza, donde una delegación de Moncloa se entrevistó con la organización armada mientras que el PSOE lo hacían con la comisión negociadora de la izquierda abertzale.
Permach también se extendió sobre su propia actividad, así como las diversas fases de la ilegalización. Entre las acusaciones, participar en una marcha contra la ilegalización celebrada en 2004 («era una manifestación legal y yo había sido miembro de Batasuna, ¿cómo se me imputa como si fuera un delito?»). Sobre el veto impuesto por Baltasar Garzón en 2002, el representante abertzale consideró que «dejó sin efecto un instrumento para ejercitar los derechos civiles y políticos, pero a nosotros no se nos negó esos derechos». Por este motivo, siguió desarrollando actividad. «Nunca la hemos escondido. Clandestinizarla sería un contrasentido, porque siempre hemos querido el apoyo social para nuestro proyecto». En este contexto llegaría, por ejemplo, el mitin del velódromo de Anoeta, por el que Permach fue juzgado (y absuelto) de «entaltecimiento del terrorismo» junto a Arnaldo Otegi y Joseba Alvarez.
Promesas del PSOE
Tal y como Permach explicó, estas dinámicas, aunque perseguidas en ocasiones, también vinieron avaladas incluso por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, y el propio Garzón. Ocurrió entre mayo y junio de 2006, cuando ocho representantes abertzales fueron citados a declarar tras presentar en el Hotel Tres Reyes de Iruñea una declaración de la Mesa Nacional de la izquierda abertzale. Una comparecencia que llegó un día después de que ETA decretase una tregua. En este sentido, Permach señaló que el PSOE «nos trasladó que una vez declarada la tregua de ETA no habría ningún problema para actuar como formación política». No se cumplió. En aquella citación ante el juez, fue el propio teniente fiscal quien dijo que «las normas deben interpretarse atendiendo a la realidad social», añadiendo que la presentación «no era contribuir a los fines de ETA sino recuperar la presencia en la vida política».
Desde entonces, Permach relató que siguió desarrollando su actividad política hasta su arresto en Segura en 2007. En medio, las conversaciones de Loiola, con PNV y PSE, y el diálogo en Ginebra, con una mesa para Gobierno español y ETA y otra para izquierda abertzale y PSOE.
Tras cinco días de macrojuicio (uno dedicado a las cuestiones previas y otros cuatro a los testimonios de 34 acusados), hoy comenzarán las declaraciones de los aproximadamente 110 responsables de las herriko tabernak (uno menos de las que iniciaron el juicio, después de que, tras once años intentándolo, la asociación Askabide lograse aclarar que no se trataba de ninguna asociación cultural sino de un grupo de apoyo a personas que ejercen la prostitución). Los administradores tomarán la palabra en calidad de testigos, no de imputados, ya que la acusación pretende decomisar los locales, a los que vincula con la financiación de ETA, una tesis que rechazan las defensas. Por primera vez desde hace dos semanas, coincidirán los dos macrojuicios que se celebran en la Audiencia Nacional, ya que también hay convocada otra sesión del proceso contra jóvenes independentistas. No obstante, estos no estarán presentes en San Fernando de Henares, después de negarse a presenciar la declaración de sus torturadores, que hoy continuarán ofreciendo la versión policial A.P.
