«No tenía dinero para vivir, así que decidimos hacer algo. Así que, entre amigos y conocidos, recopilamos dinero para ayudarle». Así explicaba ayer José Félix Morales las transferencias monetarias enviadas desde Ugao, municipio natal que comparte con Andrés Larrea y Félix Manzanos, hasta Cabo Verde, país africano donde este último se encuentra deportado desde hace 25 años. Manzanos llegó allí junto a otros ciudadanos vascos en la década de los 80, por decisión de Madrid y París. En principio, el Estado español debía de hacerse cargo de los gastos de subsistencia. Pero, a finales de los años 90, dejó de realizar los pagos, dejando a los confinados en una precaria situación económica. En este contexto, los allegados de Manzanos tomaron la iniciativa. Recogieron fondos y los enviaron a Cabo Verde para ofrecer un colchón hasta que lograse un empleo. En concreto, y tras descartar la opción de un taxi, para comprar una furgoneta con la que el deportado pudiese dedicarse a la recogida de escombros. A partir de entonces, cuando ya no eran necesarias, las transacciones se cortaron. Era el año 2003. Las consignaciones monetarias se habían sucedido durante un lustro, desde cuentas registradas en Ugao que, previo paso por un banco estadounidense, llegaban a su destino en la isla africana. Un acto de solidaridad completamente registrado que no fue perseguido hasta 2005. Entonces, Morales y Larrea, que entonces contaban con 58 y 56 años, fueron detenidos por la Policía española, incomunicados y encarcelados durante algo menos de un mes. Ayer, sus testimonios cerraron el turno de declaraciones del macrojuicio contra Batasuna.

«No dimos dinero a nadie más», señaló Morales, que también negó haber recibido fondos de Gestoras pro Amnistía o de cualquier otra entidad. «El propósito era que se comprase un coche, cuando trabajase se dejaría de enviar el dinero», corroboró Larrea. Su defensa aporta incluso el contrato de compra-venta del vehículo. Durante su relato, ambos certificaron que lo que trata de disfrazar como un intento de ocultar los fondos tiene una explicación más sencilla: se decidió cerrar la cuenta desde la que se realizaban las transferencias y, por un error del cajero de Ugao, se pasó el sobrante (1.000 euros) primero a uno y después al otro, que era quien lo entregaría en mano.

Ambos señalaron haberle visitado (Morales en cuatro ocasiones, Larrea en una, para lo cual tuvo que solicitar permiso, precisamente, al Estado español). Sin embargo, en las preguntas se hacía referencia a un supuesto «huido». Paradójica definición para Manzanos, enviado a Cabo Verde por el propio Gobierno. «Ha supuesto un gran coste personal, familiar...», lamentaban los dos vecinos de Ugao en la Audiencia Nacional, sin todavía explicarse el propósito de su acusación.