La nueva Ley de Cajas dejaba a la BBK herida de muerte. La UE exigía que, si había un accionista con más del 50% del banco, tenía que crear un nuevo fondo de rescate para salvaguardarse ante una posible quiebra de Kutxabank. La BBK se guardó para sí el 57% de las acciones de Kutxabank y la ley le afectaba de lleno. No ha habido forma de conseguir que los europeos cambiaran su opinión y, al final, se buscó una solución in extremis. El Estado conseguirá que la UE le «perdone» la obligación de crear el fondo si es capaz de deshacerse de ese 7% de sus acciones en un plazo de 5 años. El acuerdo, rubricado por PNV y PP a través de una enmienda, se anunció en Bilbo, la tarde de la víspera de la aprobación de la ley en Madrid.

El acuerdo se ha vendido a la prensa como la salvación de la obra social de BBK e incluso como la salvación de las obras sociales de las tres cajas reconvertidas en fundaciones. En realidad, esto poco tiene que ver con las obras sociales. El cambio es mucho más profundo, alterará el peso que cada herrialde tiene sobre el nuevo banco y abre una vía a la privatización que, para colmo, los responsables del Ministerio de Economía, Kutxabank, PP y PNV anuncian que se llevará en secreto, alegando que hacerlo público podría afectar negativamente a la entidad.

Kutxabank no nació de una fusión entre tres cajas, sino que en la práctica fue una absorción por la BBK de las otras dos. La ventaja que tuvo para la caja vizcaino fue que no hizo falta una tasación final del valor de las entidades, sino que ella pudo repartir el peso que, a futuro, tendrían Vital y Kutxa sobre el nuevo banco. De esta forma, pudo garantizar que se quedaría con el poder absoluto (57% de las acciones). Esta fue la gran línea roja que impuso Mario Fernández durante todas las negociaciones y que, apenas dos años después, se ha esfumado.

Una exigencia que supera a la BBK

El objetivo que persigue la UE al exigir ese fondo suplementario para prevenir pérdidas a los accionistas mayoritarios parece claro. Europa está harta de que las cajas del Estado español se hayan dirigido por políticos, porque los políticos han demostrado que no siempre invierten por el bien del banco y eso ha llevado a pique la inmensa mayoría de entidades (unas 40). Así, si una caja quiere mantener el poder absoluto de un banco -como era el caso de BBK- Europa le exige crear un fondo con el que pagar su propio rescate. Esta medida no solo protege a la Troika de asumir otro rescate, sino que impulsa la privatización, bajo la tesis de que, en la medida en que el poder de decisión recaiga en accionistas que buscan su propio beneficio, el banco invertirá siempre con responsabilidad.

Durante los últimos meses, el PNV ha intentado que ese fondo de autorrescate lo asumiera el propio banco. Eso sí que hubiera afectado de manera práctica a las obras sociales. Y además, muy negativamente. Actualmente, las fundaciones en las que se han convertido las tres cajas originales reciben los fondos a través de los beneficios que genera Kutxabank. Parte de los beneficios van a reservas y el resto se reparte proporcionalmente entre los tres (hasta ahora, el 57% iba para BBK, el 32% para Kutxa y el 11% para la Vital). De ahí se financiaban las obras sociales. El problema es que con el 57% de los dividendos a BBK no le llegaba para crear un fondo de autorrescate y mantener su obra social. Probablemente, quizá fuera más acertado decir que no le alcanzaba para ninguna de las dos cosas.

Este es el primer año en el que las obras sociales viven de esos porcentajes de los dividendos del banco. Y la de Kutxa ya está tambaleándose. De hecho, está vendiendo a toda prisa propiedades inmobiliarias para intentar mantener el compromiso de gasto. Si vende todo lo previsto y al precio previsto (además de la Sala Boulevard, los locales de Garibai y la biblioteca Doctor Camino), seguirá a final de año en números rojos. Superar 2014, aun desembarazándose de Inbiomed y de Onkologikoa, se pone muy cuesta arriba. Es de suponer que la obra social de BBK, por mucho que reciba un 22% más de fondos, tampoco estará pasando por buenos momentos. Por tanto, asumir el fondo de rescate de un banco del tamaño de Kutxabank era pedirle un imposible.

Oscurantismo para saltarse las trabas

La pretensión de sacar a la venta un 7% de Kutxabank e iniciar así su privatización tiene unos riesgos considerables. La fusión por absorción evitó que estas tres cajas vascas se enfrentaran a su verdadero precio de mercado. La cuarta, Caja Navarra, sí que lo hizo y acabó quebrando definitivamente cuando ningún accionista quiso comprar las acciones de Banca Cívica al precio al que estaban tasadas (salvo 26.000 navarros que perdieron en pocos meses más del 25% de lo invertido). Ahora, la BBK anuncia que intentará colocar ese 7% de acciones en un proceso «secreto y confidencial». Un medio de comunicación justificaba recientemente este oscurantismo en que «telegrafiar al mercado lo que se quiere vender es sinónimo de hundir su valor». Esta afirmación resulta, cuando menos, cuestionable. Las cosas valen lo que valen.

La decisión de mantener este proceso de espaldas a la opinión pública responde también a otros motivos. En realidad, BBK no puede vender sus acciones con libertad. A pesar de que la caja vizcaína posee más de la mitad de los títulos del banco, los acuerdos suscritos entre PNV y Bildu ponen una serie de cortapisas a la venta de acciones. Así, tienen preferencia para comprar esas acciones los socios del banco. Esto abriría una oportunidad muy interesante para que el reparto del control del banco entre los herrialdes fuera más sano. Actualmente el poder de la BBK no tiene ningún contrapeso y, si Vital y Kutxa consiguieran sumar mitad más una de las acciones, siempre sería necesario un acuerdo entre dos de las antiguas cajas para poder sacar los proyectos adelante.

El problema está en que ni Vital ni Kutxa están en condiciones de adquirir esas acciones. Pero esta eventualidad también está contemplada y se abrió la posibilidad de que fuera Kutxabank quien adquiera las acciones en autocartera. Sería la solución que, en principio, resulta más viable, pero también la más compleja de analizar en cuanto a consecuencias. Por de pronto, evitaría el gran riesgo de lanzar el paquete de acciones al mercado y que estas se devalúen. Pero los mensajes que se han lanzado de iniciar negociaciones a espaldas de la ciudadanía parecen descartar esta opción. Técnicamente se dice que será «acordado de forma reservada con el Banco de España». Aun con todo, para buscar a un comprador ajeno se necesita de la aprobación de las asambleas de las tres cajas y no basta solo con los consejos de administración. Y es en ese punto donde PNV y PP no las tienen todas consigo, porque no controlan la asamblea de Gipuzkoa.

El debate donde se remató la ley que dará estos cinco años a la BBK para quitarse de encima (del modo que sea) ese 7% de acciones dejó interpretaciones muy variadas. El PNV, por boca de Pedro Aspiazu, se mostró «satisfecho» y aseguró que se había logrado «salvar la obra social». Arantza Quiroga, del PP, replicó que el PNV no puede venderlo como un triunfo, porque dice que ha sido el PP vasco el que ha convencido al Ministerio de Economía. El portavoz de Amaiur, Rafa Larreina, alertó de que todo es una «cortina de humo» para esconder la privatización de la joven entidad dos años después de su nacimiento. Larreina cuestionó la gestión realizada por los responsables de las tres cajas previa a la fusión, recordando que se han tenido que provisionar pérdidas por 585 millones de euros y culpó de esos desmanes a los directivos que colocaron PNV, PP y también UPN al frente de las entidades públicas.

Pero todo sigue siendo demasiado incierto, existen todavía muchas posibilidades y resulta muy paradójico que Kutxabank, que sigue estando controlado desde lo público, emprenda ahora un proceso clave con negociaciones secretas y sin hacer público con quién está negociando la venta de acciones. Y, sobre todo, existe el temor de que este no sea sino el primer paso de una privatización forzada. Porque, si lo que de verdad quiere la Troika es que ninguna institución pública mantenga el control sobre un banco, la norma que se trasladó por orden de la UE a la normativa estatal se queda corta. Mañana, la exigencia puede convertirse en que la suma de las tres cajas no pueda superar el 50%. Y, frente a eso, la CAV necesita un arsenal jurídico para oponerse a la Troika. En lugar de ello, el PNV prefirió sacrificar las competencias casi absolutas sobre cajas y votar que la nueva ley sea de obligado cumplimiento.