Mercenarios han cumplido más cárcel que los agentes de las FSE por el GAL
La revelación ayer en GARA de la situación de libertad del considerado último preso del GAL, Ismael Miquel Gutiérrez, y la consiguiente mentira del Gobierno permite llegar a otra conclusión: los denominados mercenarios han pagado bastante más cárcel que los policías y guardias civiles del GAL. Jean-Philippe Labade probablemente siga preso en el Estado francés, donde Patrick de Carvalho se suicidó en su celda en 1999, cuando llevaba doce años encarcelado.
Ramón SOLA | DONOSTIA
GARA destapó ayer la mentira trasladada por el Gobierno español a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que el que señalaba como último preso del GAL, Ismael Miquel Gutiérrez, en realidad llevaba mucho tiempo en tercer grado y para entonces ya no pisaba la prisión. Ha pasado en ella más de dieciséis años, la mayor parte en Tailandia.
La etiqueta de último preso del GAL colgada por el Gobierno en su campaña jurídica y mediática es, por tanto, falsa. De hecho, es probable que continúe en prisión en el Estado francés otro mercenario condenado a cadena perpetua por varios atentados de los GAL, uno de ellos mortal (el perpetrado contra Tomás Pérez Revilla). Se trata de Jean-Philippe Labade.
Su periplo judicial ha sido tan enrevesado como el de Miquel. Consta como preso primero en Portugal desde 1986, aunque allá por 1988 informaciones de prensa aseguraban que realmente se hallaba libre y protegido. En 1994 estaba excarcelado con toda certeza y en 1999 fue arrestado en el Estado español. Tras un breve periodo en el que el juez Baltasar Garzón intentó que colaborara con la investigación de la guerra sucia -incluso protagonizó algún careo- con promesas de liberación, fue finalmente extraditado al Estado francés. Al menos el año pasado seguía preso, según confirmaron los autores de un documental sobre el GAL. En consecuencia, Labade ha pasado al menos quince años entre rejas.
Junto a él fue condenado también a cadena perpetua por varios atentados Patrick de Carvalho, un exlegionario francés que se suicidó en la cárcel de Saint-Maur en 1999. Para entonces llevaba doce años preso. En el juicio, celebrado en Pau en 1988, se había declarado arrepentido y había defendido la negociación para acabar con el conflicto.
En la conversación mantenida anteayer con este diario, Miquel afirmó que otro de los tres condenados junto a él por matar al fotógrafo Robert Caplanne en Biarritz pasó siete años en prisión (sin citar su nombre). Uno de ellos fue detenido en 2009 en Barcelona por narcotráfico.
Con condenas superiores a las de Miquel, el tiempo real de estancia en prisión de los policías y guardias civiles condenados por estos atentados ha resultado bastante menor. José Amedo y Michel Domínguez, por ejemplo, están libres desde 2000 tras habérseles impuesto sendas penas de 108 años de cárcel en el primer juicio del GAL, celebrado en 1991, y otras posteriores menores. Hoy Amedo es asiduo en las televisiones. Las últimas noticias sobre Domínguez fueron que en abril se le detuvo y encarceló, también por tráfico de drogas y en Barcelona.
Los cuatro de Intxaurrondo
El «caso Lasa-Zabala» se saldó con fuertes condenas pero con estancias en prisión de saldo para los guardias civiles de Intxaurrondo. El caso más relevante es el de Enrique Rodríguez Galindo, que recientemente ha obtenido la libertad condicional tras haber pasado entre rejas solo cuatro años sobre una condena de 75 (se le excarceló en 2004 argumentado problemas de salud y avanzada edad).
En el marco de las informaciones aparecidas sobre la sentencia de Estrasburgo, se ha sabido que el exteniente Ángel Vaquero, subordinado de Galindo y condenado por los mismos hechos, obtuvo el tercer grado a los cuatro años aproximadamente. En cuanto a los guardias civiles Felipe Bayo Leal y Enrique Dorado Villalobos, se ha publicado ahora que cumplieron realmente unos seis años en prisión y que se encuentran licenciados desde 2009. Estos dos últimos fueron castigados por el Tribunal Supremo, tras los recursos, a 71 años; Vaquero, a 73.
En cuanto a los responsables políticos condenados por los escasos sumarios del GAL juzgados, las condenas se han resuelto con meses de cárcel. El caso más clamoroso es el del exgobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga. Fue condenado a 75 años, al igual que Galindo, por los secuestros y muertes de Lasa y Zabala, pero pasó preso menos tiempo aún que el exgeneral. Alegó problemas de salud y volvió a casa tras catorce meses en la cárcel, a los que cabe sumar otros siete antes como preventivo.
Los diez años de prisión al entonces ministro de Interior, José Barrionuevo, por el «caso Marey» se tradujeron realmente en tres meses de cárcel en Guadalajara. Se le concedió el indulto parcial y el tercer grado. Otro tanto ocurrió con su segundo, Rafael Vera, al que se le acumularon otras causas relativas a los dineros sucios movidos en torno al GAL. Este ha entrado en prisión tres veces, pero en todas salió en meses.
El que fuera gobernador civil de Bizkaia y también secretario de Estado para la Seguridad Julián Sancristóbal, envuelto en unos cuantos sumarios y con al menos dos condenas, fue igualmente perdonado por el Gobierno Aznar y pasó a tercer grado muy pronto, para que pudiera pasar con su familia las Navidades de 1998. R.S.
