En su asamblea general de principios de setiembre, el Consejo de Electos puso de relieve el «resentimiento» y la «decepción» de los cargos políticos que habían centrado su labor durante dos años en torno a la posibilidad de constituir una CTE y se vieron abocados a la renovación de un Contrato Territorial que consideran «desfasado» .

Hace veinte años, ese elemento, que estableció las grandes orientaciones de desarrollo, marcó un primer paso en el reconocimiento del territorio. Entonces se crearon el Consejo de Desarrollo y el Consejo de Electos, derivados de la estructura «Pays». El último Contrato Territorial fue firmado en 2008 y caducará a finales de este año, por lo que el Consejo de Electos tuvo que decidir si se lanzaba a una nueva negociación sobre el mismo con el Estado y la Región de Aquitania. Optó por proseguir el trabajo empezado hace veinte años pese a la negativa del Estado a instaurar la CTE, que hubiese permitido, según sus defensores, «ir más lejos en el reconocimiento» de Ipar Euskal Herria.

Para analizar cómo se presenta este nuevo curso político, GARA se ha entrevistado con el alcalde de Hiriburu y consejero general abertzale, Alain Iriart, quien estima que el Contrato Territorial no se corresponde con las «reflexiones y constataciones» hechas hace unos meses. «Dijimos que un Contrato Territorial basado en un Consejo de Electos que no tiene una representatividad política formal no era una buena idea», explica, si bien considera que «quizás la fase del Contrato Territorial fue necesaria hace unos años para solventar la cuestiones propias que iban surgiendo».

Opina que la situación ha evolucionado muchísimo desde entonces, ya que las ocho mancomunidades y dos aglomeraciones vascas «han ido consolidándose, extendiéndose y asumiendo competencias muy importantes». Como ejemplo, cita la del transporte para la Aglomeración de Hego Lapurdi (hasta hace poco exclusiva del Consejo General de Pau). «No cuestionamos el Contrato Territorial, pero ya no tendremos el entusiasmo que despertó en su día para hacer avanzar diferentes temas. Las reflexiones sobre el euskara, la organización territorial, los residuos, el agua o el transporte han evolucionado mucho en veinte años», reitera.

Puertas cerradas

Prosigue Iriart su razonamiento indicando que teme que el Consejo de Electos «solo se mantenga para financiar algunos dossieres suplementarios que no hayan podido ser estudiados en el seno de las mancomunidades o de las aglomeraciones». No obstante, cree que el efecto multiplicador en materia de financiación «va a ser muy limitado». De hecho, en el ámbito de dispositivos particulares que ya existen desde hace unos años, las mancomunidades pueden suscribir contratos con la Región para el desarrollo de ciertos programas territoriales. Y, además, el Estado favorece la asunción de competencias suplementarias por parte de estas estructuras locales.

La cuestión que plantea Iriart es que, aunque las mancomunidades trabajan en un territorio más amplio que el de los municipios, siguen sin poder abarcar todo el territorio de Ipar Euskal Herria, como sí lo hace el actual «Pays» o lo podría hacer la Colectividad Territorial. «El problema es que, si queremos tener peso frente a otras grandes regiones, con competencias como la política lingüística, el transporte o las infraestructurales, tenemos que ir a una escala de competencias que se analicen en un territorio más amplio. Hemos perdido una oportunidad de progresión pero no es definitivo -advierte-, porque la aceptación social es más fuerte de lo que era hace veinte años».

Pese a esa constatación, el Consejo de Electos prefirió mantener la estructura actual, aunque sea mínima, y la financiación de algún proyecto suplementario por parte del Estado «en vez de quedarse sin nada». El alcalde de Hiriburu matiza que «lo más lamentable y lo más difícil de aceptar» es que en este último año «no se ha abierto ninguna puerta» para Ipar Euskal Herria. «Estamos en una respuesta política dura [por parte de París], tanto en la forma como en el fondo». Recuerda que con el tema de la Colectividad Territorial no ha habido posibilidad de abrir ningún diálogo con el Gobierno francés: «Es un `no' sin haber ni siquiera examinado el dossier».

Sobre el fondo, apunta al «fuerte jacobinismo» de los gobiernos, ya sean de derecha o de izquierda, lo que observa como «un claro error político». Y lamenta que, una vez más, los partidos mayoritarios en París hayan mirado a Euskal Herria con «la punta de sus anteojos». «Siguen diciendo, aún habiendo una voluntad de hacer la paz, que existe un peligro de violencia y de particularismo. Sin embargo -puntualiza-, lo único que piden los vascos es, sencillamente, poder unir sus destinos y organizarse en su interior. Eso es lo que nos están rechazando».

Cuando, hace veinte años, el Gobierno francés rechazó la creación de un departamento vasco, justificó su postura en la falta de unanimidad entre los cargos electos y representantes políticos de Ipar Euskal Herria de aquella época. Con la Colectividad Territorial ese argumento no es «sostenible», ya que una amplia mayoría de cargos locales se ha mostrado a favor. «Ahora nos dicen que no tiene que haber particularismos, que en Francia todos tienen que tener el mismo trato. España dice lo mismo. Francia se alinea con demasiada facilidad con las posiciones de España, y lo hace en detrimento de las aspiraciones de Euskal Herria. Si miramos la evolución de los estados, y de la regiones, se ve que sería beneficioso acercar el País Vasco Norte y el Sur; unirse, en el conjunto europeo, y tener un territorio homogéneo».

Se podría pensar también que el jacobinismo francés se ha ido reforzando. Iriart comenta que no es una cuestión de intensidad, sino que ese jacobinismo toma «distintas formas según los contextos». «Sigue siendo el mismo. Es un rechazo a reconocer la diversidad en un mismo conjunto y que la diversidad aporta riqueza y permite progresar a los unos y a los otros. Los estados español y francés no quieren admitir diversidades en su seno. ¿Cuál es el problema? ¿que estamos demasiado lejos de París y Madrid? No creo que sea un problema de geografía, es una cuestión de distancia cultural y de apreciación de una situación política, lo que es peor aún», señala.

Si se mira al pasado, se puede hablar de años de «avances significativos» en materia de lengua y cultura, de toma en consideración de una economía de iniciativa local y de muchos otros temas. Con esa perspectiva, Iriart reconoce que lo que está ocurriendo supone «un frenazo político». No obstante, opina que lo que no percibe París es que «los ciudadanos quieren esos avances». «Hoy en día se utiliza el euskara en las ikastolas, en las escuelas privadas y públicas, en las instituciones. Y aunque consideren que es un particularismo, para la gente es importante. Lo que hay que hacer es llevar a esa gente a manifestarse», propone.

Pese a que «las nubes parecen muy grises sobre nuestras cabezas», piensa que en este contexto se deben «reafirmar esas propuestas que una gran mayoría de la población comparte»; y en el caso del movimiento abertzale, «acercar las distintas estructuras políticas para tener una acción más eficaz, más permanente y más reflexiva». «Nos toca organizarnos», destaca. Por ello, subraya la especial importancia que tendrán las elecciones municipales de marzo de 2014: «Es un momento importante de la vida política. Las responsabilidades locales se expresan en los municipios, las mancomunidades y el Consejo General. A esos niveles hay mil y una maneras de hacer mover las fichas, de introducir más temas sociales o ecológicos, y más reconocimiento de Ipar Euskal Herria».

Iriart concluye que, aunque el Estado esté en un proceso de centralización, la creación de una Colectividad Territorial está de actualidad «más que nunca». «Hay que redoblar los esfuerzos para ser escuchados y reconocidos. Estuvimos 6.000 en la manifestación de Baiona; la próxima vez, todos los electos tendrán que volver a unirse y tendremos que estar 12.000. Solo así podrán cambiar las cosas. Tenemos que marcar nuestra presencia en el territorio y convencer a la población».