La Audiencia Nacional se despereza, bosteza, recompone y acomoda la postura y sin prisas y con pausas, se dispone a sacudirse los expedientes que debe revisar tras la sentencia de Estrasburgo. En este remolonear plantea que quizás es mejor esperar a ver qué dice, dentro de unos cuantos días más, el Supremo. Por la necesaria unidad jurisdiccional, añade. Debe de referirse a la misma unidad jurisdiccional que aplicó y avaló una doctrina vulneradora de derechos.

Que es lo de menos, parece. Lo de más, claro, son los días -que ya se han hecho semanas- que van sumando los presos y presas vascos que, debiendo estar en libertad, permanecen en prisión. Enredándose en dilaciones, siguen manteniendo encarcelados a quienes ya han cumplido su condena, que es una forma como otra cualquiera de mantenerse ellos en sus trece. Y visto que han llamado a López Guerra de todo menos bonito y, entre otras lindezas, hasta sicario, habrán hecho oreja los togados de la facilidad con que se puede pasar de magistrado a esbirro asalariado. Tiempo al tiempo, pues, y que no salpique. Aunque sea a costa de detenciones ilegales. Algo siquiera contentarán a quienes claman contra el cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo, exigen el cumplimiento íntegro de los 30, que apliquen la cadena perpetua, que repongan y compongan la pena de muerte... ¿Qué esperan que pidan los que brazo en alto caminan al frente de estas exigencias? ¿Peace & love?

Y en el centro del entramado, sustentándolo y alimentándolo, el Gobierno de España. Claro que todo esto ha creado alarma social. Que el escándalo lo haya desatado la defensa de los derechos humanos y no su vulneración exige que salten todas las alarmas sociales. Todas. Y urgentemente.