La Audiencia Nacional española podría dejar en manos del Tribunal Supremo la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que invalidó la doctrina 197/2006. Esto es lo que ayer propuso el presidente de la sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, quien planteó una maniobra con la que lograrían dilatar algo más en el tiempo las excarcelaciones a las que obliga Europa. En principio, el pleno del tribunal especial tenía previsto reunirse este mismo viernes, 8 de noviembre, para abordar los primeros recursos (entre seis y ocho, según fuentes jurídicas, al que habría que sumarle el de Joxepa Ernaga, aplazado hace dos semanas). No obstante, Grande-Marlaska, movió ayer ficha y preguntó a los 16 magistrados que estarán presentes en la sesión si aceptan que sea el Alto Tribunal, que se reúne el martes 12, y no la Audiencia, quien fije el criterio.

Marlaska habría justificado su petición con el intento de «guardar la necesaria unidad jurisdiccional», tal y como indicaban ayer agencias españolas. Básicamente, lo que viene a explicar en la ampliación del orden del día remitido ayer a los magistrados es que la decisión del TS podría ser vinculante, por lo que cabría la posibilidad de «aplazar» los asuntos pendientes en la AN relacionados con la doctrina 197/2006. No obstante, fuentes de la propia Audiencia Nacional consideraron que estos movimientos obedecerían al intento de los magistrados conservadores de ralentizar excarcelaciones como la de Inés del Río o José Manuel Piriz. Cabe recordar que, aunque todos los jueces votaron a favor de la primera de las excarcelaciones, en el segundo caso ya hubo un voto particular que apuntaba al TS como fórmula para retrasar el proceso. Todo ello en un contexto en el que la contundencia de los autos emitidos por la AN (y que recordaban que el fallo de Estrasburgo es de obligado cumplimiento para todos los casos similares) generaron cierta sorpresa en determinados ambientes judiciales. Estos serían ahora quienes intentan dilatar unas decisiones que deberán adoptar con carácter general.

Marcados por el lobby ultra

Pese a la maniobra de Marlaska, nada puede hacer pensar que la Audiencia Nacional o el Supremo se negasen a aceptar órdenes tan claras como la del fallo de Estrasburgo. Ni siquiera si se tiene en cuenta que estos últimos fueron quienes avalaron la doctrina 197/2006 en un primer momento o que dentro de su composición, los conservadores son mayoría. Lo que sí que está claro es que la estrategia del Estado español, en la que tienen mucho peso la opinión de lobbies ultras vinculados a determinadas organizaciones de víctimas de ETA, apunta a ralentizar el proceso. Esta es una exigencia que los jueces ya han escuchado por boca de portavoces como Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT y que ha criticado duramente a los togados por entender que respondieron con excesiva celebridad al TEDH en el caso de Del Río.

Por el momento, lo único que parece claro es el interés de Madrid en alargar un proceso cuyo final ya se conoce de antemano. Un camino cuyo propio alargamiento constituye, según denuncia la abogada Amaia Izko, «un atentado contra el derecho a la libertad».