Tras haber acumulado más de dos siglos de cárcel, en la madrugada del viernes al sábado volvían a sus casas Txomin Troitiño, Isidro Garalde, Iñaki Urdiain, Jokin Santxo, Elías Fernández Castañares, Joseba Artola, Patxi Gómez y Luis Mari Azkargorta. El retorno se produjo sin problemas salvo en el caso de Bilbo, donde la Ertzaintza hizo suyo el principio de «tolerancia cero» establecido por el Gobierno español y al constatar que había un grupo de personas reunidas aparentemente para recibir a Joseba Artola, realizó una carga que incluyó dos disparos al aire.

Así lo admitió el Departamento de Seguridad de Lakua. Informó de que los hechos se produjeron veinte minutos antes de la medianoche en las inmediaciones del puente de San Antón. Tras apreciar que había un centenar de personas coreando gritos en favor de los presos y que se ocupaba la calzada, la Ertzaintza les conminó a disolverse. Según el relato de Seguridad a la agencia Europa Press, «en un momento dado, los agentes se vieron rodeados por los participantes, por lo que los ertzainas efectuaron dos disparos sin carga al aire para disolver la concentración».

El incidente no pasó a mayores, según explicaron testigos que constatan que hubo tres personas identificadas. La Ertzaintza eleva su número a siete y les intentará imputar por «desórdenes públicos».

El Gobierno aún confía

El hecho fue la excepción, dado que el resto de retornos a Euskal Herria se llevó a cabo con tranquilidad. Lo que no cesa es la tormenta política que rodea a estas excarcelaciones, y en concreto la disconformidad reiterada del Gobierno español y del PP y las presiones de organizaciones de víctimas de ETA. Pese a que las excarcelaciones fueron aprobadas por la Audiencia Nacional, tribunal especial y órgano beligerante por excelencia, ni el PP ni estos grupos se dieron por conformes.

Dirigen su mirada ahora hacia el Supremo, que el martes se reunirá para fijar su posición sobre la sentencia de Estrasburgo y que, como tribunal que inventó la doctrina en 2006, puede tener una postura diferente a la de la AN. El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, no tuvo empacho en declararse «esperanzado» de que el Supremo sea más reacio al cumplimiento del fallo de Estrasburgo. «El Gobierno central ya defendió en Europa que las decisiones no podían ser retroactivas y serán los jueces los que determinen ahora en qué términos era incompatible con la legislación la `doctrina Parot'», señaló Aguilera. La AN ya avanzó que el fallo europeo obligaba a todos los poderes del Estado, pero el Gobierno español no quiere darse por enterado.

El argumentario oficial del PP tras la decisión de la AN de aprobar estas nuevas excarcelaciones tiene como titular el adjetivo «indignados». El término lo han repetido diferentes portavoces. Ayer el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, no llegó a tanto pero sí dijo que «son momentos duros y difíciles para todos, especialmente para las víctimas del terrorismo. Más que nunca estamos con ellas», subrayó en un acto del PP en Córdoba. Añadió Rajoy que «esta batalla la va a ganar la justicia y las personas de bien».

Comunicado de víctimas

Pese a estos nítidos mensajes, las asociaciones de víctimas más ultras acusan al Gobierno del PP de no hacer lo suficiente. Ayer emitieron un comunicado conjunto la AVT, Dignidad y Justicia, Voces contra el Terrorismo, Foro de Ermua y otras menores, en el que achacan al Ejecutivo «dejadez» y «perfil premeditadamente bajo» frente a lo que denominan como «presión propagandística internacional» de la izquierda abertzale.

«El Gobierno sabía perfectamente que no bastaba con dar instrucciones a la Abogacía del Estado para recurrir la sentencia ante la Gran Sala, y muchas veces no hacer nada de lo que se debe tiene efectos tan perversos como hacer todo lo que no se debe», indica el texto.

Si tras el fallo de Estrasburgo se cargaron las tintas contra el juez español de la Gran Sala, Luis López Guerra, ahora los dardos se dirigen contra el jefe de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Estas organizaciones tildan la decisión del viernes de «especialmente dolorosa» y califican de «sorprendente» que fuera Grande-Marlaska quien desnivelara la balanza en favor de las excarcelaciones. Insisten en que «hay margen» para desobedecer a Estrasburgo.