A la memoria de Igor Angulo y Roberto Sainz

El derecho a decidir viene constatándose en la prensa diaria, léase por ejemplo el titular del corresponsal de “El Correo” en Londres, del día 23 del pasado mes de febrero: «La nueva Constitución de Gibraltar se hará pública antes del acuerdo trilateral». Sobre el texto constitucional señala que «contendría una adopción genérica del derecho de autodeterminación de los pueblos contemplada en el Pacto de Derechos Econó- micos, Sociales y Culturales de la ONU». El mismo medio de comunicación, en su editorial del día 27, analiza el tema subrayando que «el borrador de reforma constitucional incluye dos referencias al derecho de autodeterminación».

Repasando un poco la historia y centrándonos en el año 1713, vemos que por el Tratado de Utrech Felipe V fue reconocido rey de España y de las Indias; a cambio de este reconocimiento España cedió a Gran Bretaña Gibraltar y Menorca, el asiento de negros en las Indias, etc... Los catalanes no reconocieron a Felipe V y se enfrentaron en armas a la coalición franco-castellana. El mismo tratado afectaba directamente a Sicilia, Cerdeña, Ibiza...

Antiguo y desfasado, el Tratado de Utrech, ­con implicaciones de monarcas absolutistas de caracteres colonizadores y descolonizares­ ha sido punto de referencia de fascistas españoles y a él se han aferrado desde los dictadores Primo de Rivera y Franco hasta los sucesivos gobiernos del Estado español.

En la actualidad, el Gobierno gibraltareño, en el proceso de reforma de su Constitución de 1969, desea abrir un paso más de legitimación democrática convocando a su población a un próximo referéndum constitucional que podría ir acompañado por su propia solicitud al Comité Descolonizador de los 24 en la ONU con el fin de que se retire definitivamente a Gibraltar de la lista de territorios a descolonizar. Es decir, el Gobierno trata de primar su propio derecho a decidir sobre los requisitos descolonizadores; requisitos maquiavélicos que para ilustrar bastaría el ejemplo del caso del Sahara.

Contraponiéndose, afortunadamente, a las tesis neoliberales de victoria o derrota, el foro de diálogo tripartito entre los gobiernos de Gibraltar, del Estado español y del Reino Unido en la vía de negociaciones y acuerdos, conlleva el compromiso formal de Madrid a respetar las decisiones políticas que cuenten con la aprobación de los gibraltareños. A la vista de los acontecimientos, éstos nos conducen, por activa y por pasiva, a que el derecho a decidir de la población gibraltareña se considera como evidente, justo y necesario en la resolución de este conflicto histórico.

Gibraltar es una población mayoritariamente bilingüe y multiétnica que, simple y democráticamente, trata de vivir el día a día, cada vez mejor, intentando resolver sus problemas de pensiones y jubilación, de empleo, sanidad, de tránsito por la verja, telecomunicaciones y otras necesidades en el marco de la Unión Europea.

La nueva Constitución de Gibraltar se hará pública próximamente. De manera similar, el proceso de resolución de los viejos conflictos europeos generados históricamente por los esta- dos-imperios, desde Chequia y Eslovaquia hasta Groenlandia, Montenegro, Irlanda y Euskal Herria, pasando por los landers, Estonia, Córcega... debe de ser continuo, democrático y eficaz, ajustándose por la práctica confederal o/y federal asimétrica de la mayoría de los pueblos europeos. Solo así será respe- tada la idea central del fundador de la Unión Europea Jean Monet, el cual se posicionó abiertamente por una unión de las personas, de los pueblos y regiones europeas por encima de la unión de los estados artificiales de la vieja Europa. Por el contrario, los más reaccionarios y retrógrados, representados por el Partido Popular, ante el Estatut catalán, Gibraltar o Euskal Herria, se decantan por declaraciones y provocaciones catastrofistas basadas, irracionalmente, en que la soberanía de una comunidad ciudadana reside en un rey, en un estado impuesto por la fuerza de las armas, en una eterna e intocable Constitución o en la tutela de los mandos de un Ejército. Tal cúmulo de concepciones antidemocráticas, además de vulnerar todo tipo de valores y de derechos individuales y colectivos, se deslizan a contracorriente de la marcha de la historia, en contra del progreso de la humanidad, del proceso actual de integración de la Unión Europea y de la resolución de sus conflictos históricos.

Sin embargo, para las personas, comunidades, pueblos y regiones, el tema o conflicto se presenta teóricamente más sencillo. Los sentimientos e intereses, individuales y colectivos, pueden y deben ser complementarios para vivir en armonía. La soberanía reside en el Pueblo y éste tiene derecho a decidir sobre su destino. La ciudadanía gibraltareña de origen inglés, español o emigrante, próximamente to- mará su decisión. Por su parte, Quebec e Irlanda del Norte se están autodeterminando pacíficamente. La Unión Europea apoya y avala el referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 21 de mayo por el Parlamento de Montenegro (región integrada en la antigua Yugoslavia).

Euskal Herria, viejo pueblo europeo en permanente conflicto histórico con los estados-imperios español y francés, se encuentra en los inicios de un proceso de paz. El derecho a decidir sobre nuestro presente y futuro, en solidaridad con los demás pueblos de Europa y del mundo, se convierte en un principio y en un derecho fundamental y democrático. -