BILBO
El Gobierno de Lakua y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) mantienen su particular cruce dialéctico a cuenta de la decisión de éste último de seguir adelante con la querella contra el lehendakari y los mahaikides Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y JuanJoxe Petrikorena por un delito de «desobediencia».
La Sala de Gobierno del TSJPV adoptó ayer un acuerdo en el que se «deplora» que la crítica del Ejecutivo autonómico «no se haya atenido al exigible respeto institucional que se debe al ejercicio legítimo de la función jurisdiccional».
Esta situación tiene su origen en la reunión celebrada el pasado 19 de abril en Ajuria Enea entre Ibarretxe y los representantes de Batasuna. El Foro Ermua presentó una denuncia, que fue admitida a trámite. Los recursos presentados posteriormente no fueron admitidos en el caso de la acusación por «desobediencia».
El pasado martes, tras el Consejo de Gobierno, la vicelehendakari, acompañada por los consejeros Joseba Azkarraga y Javier Madrazo, dio lectura a una declaración en la que se denunciaba que este hecho «va a generar consecuencias negativas en las relaciones institucionales» porque «atenta directamente contra la división de poderes». Y se añadía que «no va a resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi».
Esta última frase causó gran revuelo. Al día siguiente, el presidente del TSJPV, el magistrado Fernando Ruiz Piñeiro, pidió una aclaración sobre el alcance de la expresión. La portavoz de Lakua, Miren Azkarate, explicó que el encausamiento de Ibarretxe «no puede tomarse como un signo de normalidad» y que «las cosas no pueden seguir así».
Ayer, la Sala de Gobierno del TSJPV acordó un documento en el que se lamenta el contenido de la declaración leída por Zenarruzabitia y se considera que Lakua ha incurrido en una «desconsideración del principio de paz jurídica».
