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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-11-20
En prision pese a su enfermedad
El 21 de octubre Askatasuna inició una huelga de hambre rotativa para exigir, entre otras cuestiones, la excarcelación con carácter inmediato de los presos con enfermedades graves e incurables, un derecho negado sistemáticamente desde las instancias judiciales. Jon Agirre Agiriano, Bautista Barandalla, Juan José Rego Vidal, Marilo Gorostiaga, José Ramón Foruria y Josu Uribetxebarria deberían estar ya en libertad por el artículo 92, pero siguen presos en circunstancias muy penosas.

Desasistencia sanitaria, falta de interés por parte de los médicos de prisión, imposibilidad en la mayoría de los casos de ser visitado por un médico de confianza o, al menos, de poder tener una segunda opinión médica, dificultad para realizar un seguimiento adecuado de las patologías y sistemática negación del artículo 92 del Código Penal, que establece que los presos deben ser puestos en libertad en caso de enfermedad grave. Estas claves son una constante diaria para el Colectivo de Presos Políticos Vascos.

El movimiento pro-amnistía tiene contabilizados 146 presos con alguna afección física o síquica. La aplicación de facto de la cadena perpetua, el hecho de que 23 presos políticos lleven ya más de 20 años en prisión y dos hayan superado los 63 años son factores importantes a tener en cuenta. La mayoría de las dolencias están relacionadas con problemas respiratorios, circulatorios y de huesos.

De esos 146 presos, seis padecen enfermedades graves e incurables, por lo que, a través de movilizaciones y múltiples trámites jurídicos, se viene demandando su inmediata excarcelación. Precisamente, el 21 de octubre Askatasuna inició una huelga de hambre rotativapara exigir su liberación así como la de quienes han cumplido la pena, y la repatriación de todos los presos políticos vascos.

Jon Agirre Agiriano, Bautista Barandalla, José Ramón Foruria, Marilo Gorostiaga, Juan José Rego Vidal y Josu Uribetxebarria Bolinaga son los casos más extremos. Un informe del movimiento pro-amnistía detalla su situación actual:

Gorostiaga. 50 años

El próximo mes, la iruindarra Marilo Gorostiaga cumplirá 12 años en prisión. En mayo de 2005, estando en la cárcel de Logroño, le diagnostican un cáncer de mama, en julio le hacen una mastectomia parcial en el Hospital de Logroño y en agosto comienza las sesiones de radioterapia en Iruñea. En febrero de este año, la ecografía vaginal revela dos miomas uterinos. Junto a estas dolencias, tiene diabetes, dislipemia mixto e hipertensión arterial.

En febrero es trasladada al Hospital de Nafarroa para pasar consulta. Pese a su derecho a la intimidad, los policías que la custodian se empeñan en estar presentes en la consulta y la amenazan con llevarla otra vez a prisión sin hacerse las pruebas médicas si no lo acepta. Lo único que logra es que en la mamografía y ecografía saliera de la habitación el agente varón y se quedara una policía.

El viaje, un mes más tarde, a la consulta de Oncología es otro calvario para Gorostiaga. Pese a estar operada de un pecho, al salir de prisión le esposan las manos a la espalda. De nada sirven sus quejas ni la advertencia de que, a causa de su enfermedad, permanecer en ese estado le puede provocar un linfangitis ­infección de los ganglios linfáticos­. Le contestan simplemente que «cumplen órdenes». Asíla mantienen hasta entrar en la consulta, aunque los médicos piden a los policías que no le aten las manos a la espalda ni de forma muy fuerte.

Las esposas le dejan fuertes marcas e interpone una denuncia ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El trato dispensado a las presas políticas vascas, tanto en el Estado español como en el francés, cada vez que deben someterse a una revisión ginecológica es sinónimo de conculcación de derechos.

Mertxe Chivite, encarcelada en Fleury-Merogis, denunció en su día el trato «totalmente humillante» que le dispensó la Policía francesa cuando fue llevada al Hospital de Evry para que le extirparan un quiste. En todo momento estuvieron junto a ella e, incluso, la ataron con las esposas a la cama y la anestesiaron en esas condiciones.

Aitziber Sagarminaga, presa en Villabona, optó por renunciar a la consulta ginecológica y regresar a prisión ante la actitud policial.

Agirre Agiriano. 64 años

Jon Agirre Agiriano es detenido en mayo de 1981. Lleva por tanto 25 años preso, un cuarto de siglo. A sus 64 años, presenta un cuadro clínico grave con diversas dolencias. Padece artrosis y tiene las dos caderas afectadas. En 2005, le implantan una prótesis en la cadera de la derecha. Este mismo año le han operado de la otra. Tiene también hernia discal y en 1998 se le diagnostica diabetes. Padece miopía en ambos ojos, hipercolesterol, hipergliceridemia y riesgo de sufrir un in- farto de miocardio agudo, además de la contractura o enfermedad de Dupuytren en la mano derecha ­sus síntomas más comunes son engrosamiento de la piel de la palma de la mano, el dedo o los dedos tiran hacia delante y disminuyen con ello las funciones de la mano­.

Ante esta situación, el 17 de julio de 2005 se solicita su libertad condicional al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. La respuesta llega el 21 de noviembre de ese año;es negativa. Se interpone un recurso de apelación. El 21 de abril de 2006, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria.

Desde el pasado mes de octubre debería estar en libertad tras haber cumplido la condena. Pero, en aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo español, tendrá que pasar otros cinco años preso. La Audiencia Nacional le ha alargado la condena hasta mayo de 2001. A día de hoy, por tanto, este vecino de Aramaio, de 64 años, sigue en la cárcel.

Rego Vidal. 67 años

Juan José Rego Vidalnació en Donostia en 1939 y fue detenido en agosto de 1995. Es diabético e hipertenso y está perdiendo la visión a causa de una degeneración congénita. Sufre hipoacusia neurosensorial en ambos lados, o sea, disminución de la percepción auditiva, hipertrofia de la próstata y falta de vitamina B12. En 2005, los días 13 y 15 de noviembre, tiene dos trombosis. En la primera siente pérdida de la fuerza y movilidad de la pierna izquierda durante tres o cinco minutos, mientras que en la segunda pierde la visión del ojo derecho entre cinco y diez minutos.

Ante este cuadro clínico, el día 15 es llevado al Hospital de León. En el viaje tiene que escuchar insultos y provocaciones. Tras pasar por Urgencias, lo conducen al Servicio de Neurología custodiado, en todo momento, por seis policías. 24 horas después, ya está de vuelta a la cárcel. «Durante su ingreso, el paciente permaneció asintomático, motivo por el que es dado de alta», dice el informe del centro hospitalario.

En cuanto a su situación jurídica, en enero de 2004 se solicita su traslado a una cárcel de Euskal Herria, pero la petición es denegada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Más tarde, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria resuelve que no le corresponde analizar la queja que Rego Vidal interpuso contra la decisión. La Sección número 2 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también rechaza suspender la condena.

Barandalla. 40 años

En setiembre pasado cumplió 16 años preso. En marzo de 2002, le diagnostican colitis ulcerosa y sólo un mes después tiene que ser operado de urgencia en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Le practican una colectomia y una ileostomia. En 2003, es sometido a una nueva intervención quirúrgica. A Barandalla le extirpan el intestino grueso en su totalidad. Las palabras sobran ante la foto que refleja la gravedad de su enfermedad y su estado. Tiene además espondilitis anquilosante y sacroileitis (inflamación de la articulación sacroilíaca que se puede manifestar de diferentes maneras). En general, el paciente sufre repentinos ataques de fiebre, pérdida de peso, dolores y una disminución en la extensión de los movimientos.

En setiembre de 2003, la Audiencia Nacional deniega la petición de libertad aunque admite su traslado a Iruñea.

Barandalla tampoco lo ha tenido fácil para recibir la visita de su médico de confianza. En ocasiones le fue permitida; en otras, prohibida.

Uribetxebarria. 50 años

A Josu Uribetxebarria Bolinaga, vecino de Arrasate y encarcelado en Langraiz, le quitaron hace un año el riñón izquierdo a causa de un tumor. Periódicamente debe someterse a controles médicos. El tratamiento es de por vida.

Foruria. 56 años

José Ramón Foruria, de Markina, fue detenido en Venezuela y entregado a las autoridades españolas. En noviembre de 2004, la biopsia que le practicaron en el Servicio de Urología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid da como resultado un carcinomaurotelial o cáncer de vejiga. Este tipo de cáncer requiere de una estricta vigilancia porque tiene el riesgo de reproducirse con facilidad.

Ese mismo año cursan la solicitud para que Foruria, encarcelado en Valdemoro, cumpla su condena en casa. Dos años más tarde, en febrero de 2006, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria dice que no.

DONOSTIA



Mal tras Argel y peor tras Lizarra-Garazi
A.L.
DONOSTIA

«El incremento de las medidas represivas siempre ha repercutido en la asistencia sanitaria a los presos políticos vascos, tal y como demuestra la historia del Colectivo», subraya el movimiento pro amnistía.

Tras el final de las conversaciones de Argel en 1989 y el alejamiento de los presos a miles de kilómetros de distancia, los médicos de confianza se ven obligados a trasladarse a un sinfín de cárceles. A partir de ese momento, se multiplican los obstáculos para visitar y atender a los prisioneros. El permiso dependía del director de prisión o del juez de Vigilancia Penitenciaria. Mientras en algunas entraban sin problemas, en otras les denegaban la petición de visita.

Acabado el proceso de Lizarra-Garazi, «se experimenta un considerable aumento de las medidas represivas y comienza a tomar cuerpo el ataque jurídico-penal que vivimos hoy día». A nivel sanitario, las consultas con los médi- cos de confianza disminuirán notoriamente. Para su denegación, magistrados y responsables penitenciarios recurren al argumento de las supuestas «medidas de seguridad».

Atención vía carta

Más tarde, la centralización de los juzgados de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional traerá consigo la supresión casi en su totalidad de las visitas de médicos y sicólogos. «La asistencia se tiene que realizar de manera penosa, a través de las cartas de los propios presos y las explicaciones de los familiares son la única fuente de información para evaluar el estado de la persona», resalta este informe.

La atención y asesoría profesional se materializan vía carta que, cabe subrayar, suelen estar intervenidas, vulnerando así el derecho a la confidencialidad entre paciente y doctor.

Otra de las características de esta etapa es la sistemática negación a excarcelar a presos con enfermedades graves e incurables, aunque esté contemplado por ley.


 
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