La manifestación celebrada el lunes en Bilbo, en la que miles de personas respaldaron a un ausente Juan José Ibarretxe ante su citación de hoy por el TSJPV, ha provocado una cascada de reacciones sobre la legitimidad o no de criticar las decisiones de los magistrados. Dejando sentado de antemano que esa crítica además de legítima es del todo necesaria, conviene trascender de las decisiones concretas para buscar las razones de una conducta global allá donde se encuentran.

En este sentido, se impone identificar con claridad el origen de un problema, como es la recurrente citación por parte de los tribunales españoles de aquellas personas que con su actividad política trabajan por un escenario democrático ­sin expresiones de violencia ni de imposición­ en Euskal Herria. De lo contrario, existe el peligro de dis- torsionar el sentido de la actuación del TSJPV contra el lehendakari, que hoy acudirá a la sede bilbaina del tribunal ante el cual se negaron a prestar declaración ayer los mahaikides Arnaldo Otegi, Juan Joxe Petrikorena y Pernando Barrena.

Es la Ley de Partidos la que hace posible procedimientos judiciales como el que nos ocupa y, en consecuencia, es esa norma la que posibilita tanto ésta como precedentes y más graves injerencias judiciales en la vida política vasca.

El presidente del grupo parlamentario ERC en el Congreso español, Agustí Cerd, lo expuso con claridad al calificar esa ley de lastre y pedir su sustitución, al tiempo que aclaraba al ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no debe esperar la colaboración de la formación republicana para poner en marcha «iniciativas antiterroristas», dado que las experiencias anteriores en esa materia no fueron, a su juicio, nada positivas.

El lehendakari comparecerá hoy ante un tribunal español, con la gravedad que tal hecho implica, y en su mano está responder o no al juez y a la acusación que ejerce un letrado en nombre de un grupúsculo «ultra» que convoca una manifestación en Madrid contra cualquier solución dialogada al conflicto político vasco. Pero, más allá de la actitud que hoy adopte el lehendakari, cabe reclamar a las formaciones políticas vascas una actitud más decidida frente a la Ley de Partidos. Si, a la vista de lo actuado en anteriores citas electorales, la insumisión les cuesta demasiado, pueden empezar negando su apoyo a las iniciativas del Gobierno que mantiene una ley que lastra el proceso político vasco. -