El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aprovechó ayer sendas preguntas del PNV y Nafarroa Bai para anunciar en el Congreso que pretenden que las nuevas cárceles de Araba y Nafarroa estén operativas para principios de 2010.

Estas infraestructuras ya estaban previstas desde que hace dos años se aprobó el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, pero se desconocían muchos de sus detalles, entre otros la fecha de construcción.

La cárcel de Nafarroa, que se pretende ubicar en la loma de Santa Lucía, en la salida norte de Iruñea junto a los barrios de Sanduzelai y Buztintxuri, estará dotada de 505 celdas repartidas en seis módulos, según reveló el titular de Interior.

Aseguró que el contrato para la ejecución del proyecto fue aprobado el día 19 y cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses. A su conclusión se procederá a la licitación pública de la adjudicación de las obras, en un plazo de tres meses. Después se calculan dos años más para su conclusión.

La de Iruña-Oka presenta un plazo de construcción de tres años, siempre según Rubalcaba. Dijo que en este caso se edificará sobre una superficie aproximada de 20 hectáreas y que estará a 1.200 metros de la N-I y a 14 kilómetros de Gasteiz.

Críticas de PNV y Sanduzelai

El diputado del PNV Emilio Olabarria consideró «particularmente preocupante» la demora en la construcción de esta cárcel, toda vez que ello obligará a mantener abierto el penal de Langraiz al menos hasta los primeros meses de 2010.

Tras escuchar al ministro, Emilio Olabarria denunció la «inhabilidad» del centro penitenciario, del que dijo que «no cumple los requisitos del artículo 25 de la Constitución». Subrayó además el «lacerante porcentaje de muertes no naturales» ocurridas en esta prisión que tildó de «obsoleta» y que tiene «grietas, radiadores que no funcionan y ratas».

Mientras tanto, en Iruñea la Asociación de Vecinos de Sanduzelai se posicionó también contra la construcción del penal de Santa Lucía, del que recordó que se encuadraría en una reserva forestal natural. «El Ministerio de Interior ha decidido entrar a saco, como elefante en cacharrería, y robar a la ciudadanía un millón de metros cuadrados de zona verde y arbolada», critica.