El 27 de abril de 2007 Samuel Morales recuperó su libertad después de 32 meses en la cárcel acusado de rebelión. Él es testigo clave en una masacre cometida por el Ejército colombiano contra dirigentes sindicales.

¿Como se produce su detención?

El 5 de agosto del 2004 me encontraba en el caserío de Caño Seco donde cité a los miembros de la junta directiva de la CUT para valorar la situación jurídica y de persecución que veníamos sufriendo. El caserío fue rodeado por más de 150 soldados, quienes sacaron a tres de los sindicalistas que se encontraban en la misma casa y los fusilaron. Después intentaron asesinar a las dos mujeres que se encontraban allá, entre ellas la docente Raquel Castro, pero la comunidad no los dejó. Con el apoyo de los demás docentes, los alumnos y la comunidad logré evitar que esa patrulla me asesinara, que era su objetivo final, asesinarnos y no detenernos. Quedamos tres personas vivas que fuimos testigos del crimen que se cometió contra los dirigentes sindicales. La patrulla que los asesinó luego nos detuvo a nosotros. Una vez detenidos, el Estado nos acusó de rebelión.

¿La rebelión no es un delito armado?

Sí, pero a los que luchamos de forma legítima y legal a través de las ideas, a través de los derechos constitucionales que tenemos, como es el derecho de asociación, el derecho de protestar, el derecho a disentir de las políticas del Estado, aunque no tengamos armas, nos tratan con el mismo rasero que a quienes puedan encontrar con un fusil. Ellos dicen que son mas peligrosos las ideas que los fusiles.

¿Los soldados fueron acusados?

Sí, los soldados y oficiales que participaron en ese crimen están separados de sus cargos y se encuentran en la cárcel. El proceso ya es público y terminaron las audiencias. Raquel Castro y yo somos los testigos en el marco de este proceso.

¿Por qué les persiguen?

Hay cosas puntuales. Investigamos crímenes, como la masacre de La Cabuya en noviembre 1998, en relación a la cual se encuentran condenados a entre 36 y 40 años de prisión los altos mandos de la Brigada XVI en Casanare y 40 hombres de la patrulla Escorpión, como responsables del asesinato de siete campesinos. Igualmente investigamos la Convivir El Corral, que funcionó frente a la Brigada XVIII. Logramos que se condenara a los miembros de esta Convivir por asesinatos de dirigentes sociales y líderes de izquierda en todo el departamento, como también se condenó al teniente Jhon Estrada, que era quien les pasaba las armas.

¿Hay más compañeros de la CUT detenidos?

En Arauca, en el primer periodo del Gobierno de Álvaro Uribe, crearon zonas de consolidación y rehabilitación, que son zonas de concentración de población. Así, en el año 2001 se llevaron a cabo detenciones de más de 5,000 personas, que fueron concentradas en espacios como canchas de fútbol habilitadas como centros de detención. Seleccionaron los casos y, en 2001, quedaron detenidos más de cien dirigentes sociales y campesinos, que permanecieron arrestados más de 18 meses acusados de rebelión. Entre 2001 y el 2004, fueron detenidos 324 dirigentes sociales, 25 de los cuales aún permanecen encarcelados. Todos están acusados de rebelión.

¿Y ahora que va a hacer?

Seguir la defensa jurídica que sigue en otras instancias de nuestro proceso, demostrar que hay una persecución social y política por parte del Estado colombiano y que nos persigue porque somos testigos de un crimen de Lesa Humanidad.

¿Y que se pide a la comunidad internacional?

El seguimiento y el acompañamiento internacional. Se ha demostrado a nivel internacional que hay una resistencia de las comunidades que legítimamente quieren seguir viviendo y generando procesos alternativos de vida, y que han podido continuar en medio de la represión estatal, paramilitar y de la represión de las multinacionales, petroleras que están en la zona gracias al acompañamiento internacional.