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El Estado francés trata como «piratas» a sindicalistas corsos

El 27 de setiembre de 2005, un grupo de sindicalistas corsos desvió el ferry Pascal Paoli de Marsella a Bastia como forma de protesta por los planes del Gobierno francés de privatizar la línea marítima que enlaza la isla mediterránea con Occitania. Dos años después, los miembros de STC que participaron en la protesta serán juzgados como «piratas» y se enfrentan a 30 años de cárcel.

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Martxelo DÍAZ

El sindicato STC Marins recuerda que aquella acción «era totalmente pacífica y tenía como objetivo alertas a la opinión pública corsa y francesa sobre el drama social que suponía la privatización, ya que cientos de empleos estaban amenazados».

Dominique de Villepin, el entonces primer ministro francés, pretendía privatizar la SNCM, la naviera pública que enlaza Corsica con Occitania y que es clave para la supervivencia económica -e incluso cultural- de la isla mediterránea. Desde STC se considera que es necesario un servicio de transporte público que garantice unas comunicaciones adecuadas para Corsica. Para una isla, los barcos son sus autopistas, la única manera de enlazar con el exterior.

El propio nombre del barco, Pascal Paoli, era especialmente simbólico para el nacionalismo corso, ya que Paoli impulsó en 1755 la Constitución corsa -32 años antes que la de los EEUU y 34 años antes de la Toma de la Bastilla- y está considerado como la primera persona que habló de «nación corsa» ante genoveses y franceses.

La acción consistió en llevar el barco desde Marsella hasta Bastia, su destino original. Los cuatro marineros de STC comunicaron sus intenciones al capitán del Pascal Paoli, que se negó a abandonar el barco y les acompañó en la travesía.

La respuesta del Gobierno francés fue la represión. Por primera vez en cien años, envió al Ejército a sofocar una protesta sindical. Tras la toma del Pascal Paoli por parte de fuerzas de élite del Ejército francés, los marineros del STC fueron trasladados al puerto militar de Tolon (Occitania) y, posteriormente, a Marsella.

La actuación del Ejército francés desató una ola de protestas en las principales ciudades corsas.

Contra ellos (Alain Mosconi -secretario general del STC-Marins-, y Felix Da Gregorio), se inició un procedimiento criminal en el que se les acusó de «piratería» y «secuestro de una persona», el capitán del ferry Pascal Paoli.

Aunque la acusación de «piratería» pueda sonar a una reliquia del Código Penal francesa, lo cierto es que los dos sindicalistas del STC se enfrentan a una posible pena de 30 años de prisión. La vista contra ellos tuvo lugar ayer en Marsella.

Los procesados del STC han recibido numerosas muestras de apoyo. Así, más de 7.000 personas han exigido a través de internet que se suspenda su procesamiento. El sindicato vasco LAB y el bretón SLB también han mostrado su apoyo a sus compañeros corsos.

Obras faraónicas

El juicio de los sindicalistas del STC coincide en Corsica con la polémica por la construcción de un nuevo macropuerto en Bastia, que cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros.

Según informa la revista independentista «U Ribombu», el proyecto de Port Carbonité no responde a las necesidades de transporte de Corsica, donde no se ha invertido nada durante años en la red interna de carreteras o en el ferrocarril, prácticamente inexistente.

Al margen de los daños ambientales que provocará, «U Ribombu» subraya que Bastia se convertiría en un macropuerto para toda Corsica, pese a encontrarse en el extremo norte de la isla, marginando a los puertos de Aiacciu y Porto-Vecchio, más cercanos a Cerdeña y a la costa italiana.

Otro elemento que denuncia el independentismo corso es que esta infraestructura faraónica únicamente estaría operativa al cien por cien durante los meses de verano, ya que los principales usuarios de Port Carbonité serían veraneantes franceses. Es la eterna queja de los corsos, que los franceses quieren su isla sólo para el turismo pero no quieren que se desarrolle.

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