Subsidiariedad significa una acción que suple o robustece a otra principal. En términos socio-económicos tiene una doble acepción: En su sentido originario remonta a la encíclica Rerum Novarum de León XIII (1891), que se inclina por un orden económico basado fundamentalmente en el tráfico libre, en las empresas privadas y en la propiedad privada. El estado, al margen de regular el tráfico económico, sólo debe intervenir en aquellas actividades que requieren grandes inversiones (infraestructuras, ferrocarriles, servicios públicos..), y en las que la actividad exclusiva de la iniciativa privada pueda generar monopolios con los consecuentes precios abusivos para los usuarios.

Otro sentido es el que reproduce el artículo 3b del Tratado de Maastricht (1992) en el que se dice: «... La Comunidad Europea intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros...»

El principio de subsidiariedad en su sentido originario es la filosofía del sistema capitalista moderno. Si se aplica de forma intensiva, estaríamos en las coordenadas del capitalismo salvaje. Es lo que equivale a la práctica actual del neoliberalismo (privatización a tope, incluso la gestión del régimen carcelario). Si se aplica de forma suave, estaríamos en el capitalismo de rostro humano que tiene menos voracidad por la privatización de sectores básicos de la economía y cierta sensibilidad por la protección social.

Hoy impera la doctrina neoliberal (capitalismo salvaje ). Los diversos tratados que configuran la Unión Europea sacralizan la bondad del mercado y de la libre competencia, y estimulan la desregularización del mercado y la privatización. Como instrumentos para paliar los «fallos del mercado», la UE utiliza los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión, lo que no ha evitado que las disparidades regionales se mantengan, que la acumulación de la riqueza sea cada vez mayor y que la protección social disminuya.

Así pues, el neoliberalismo es la consecuencia de la aplicación del principio de subsidiariedad en su sentido intenso, lo que propicia la agudización de la injusticia social a escala planetaria.

¿Qué se puede hacer ante esta situación tan retrógrada? Podríamos aprovechar todas las aportaciones teóricas y prácticas que nos permitan configurar una ideología fuerte contra el monstruo neoliberal.

La alternativa socio-económica de Batasuna es un buen ejemplo. Apuesta por un sector público fuerte, por el control efectivo de los sectores básicos de la economía (financiero, educación, sanidad, transportes públicos...) y por una planificación vinculante para el sector público y orientativa para el sector privado. El mercado sólo actuaría en aquellos sectores donde la libre competencia (la auténtica, no la actual, que en muchos casos es ficticia) no perjudique los intereses de las capas populares. Por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, restaurantes...

En esta línea, la izquierda abertzale hace una importante aportación teórica al acuñar el término «principio de subsidiariedad invertido». Predominio del sector público, y subordinación a éste del mercado. Algo parecido hizo Marx cuando tomó de prestado la dialéctica de Hegel y la materializó.

Considero que este planteamiento es el más adecuado tanto por razones de eficiencia como de justicia social. Conviene recordar las recientes chapuzas que ha protagonizado el sector privado (cortes eléctricos en California, Cataluña, accidentes ferroviarios en las compañías privatizadas inglesas, la actual crisis financiera...).

En una economía social al servicio de la persona, y no a la inversa, un sector público convenientemente gestionado ofrece más garantías que el sector privado en todos los aspectos.