Dos nuevas quemas públicas de retratos del rey español en Manresa y Lleida (60 imágenes en cada lugar) se sumaron ayer a las acciones que se han venido sucediendo en diferentes ciudades catalanas desde el pasado 13 de septiembre, y que han llevado por el momento a tres personas a declarar frente a la Audiencia Nacional española.

En la concentración de Manresa, en la Plaza del Ayuntamiento, una docena de personas a cara descubierta quemaron los retratos, igual que lo hicieron un día antes los estudiantes en la Universitat de Barcelona, dos días antes en Vilafranca del Penedès o el sábado anterior cincuenta manifestantes en Girona y otros tantos en Molins de Rei. También en muchas otras poblaciones de los Països Catalans se han hecho movilizaciones solidarias con las dos personas que hasta el momento han sido acusadas de un delito de injurias graves contra la Corona: Jaume Roure y Enric Stern, militantes de Endavant y Maulets respectivamente.

«Nos encontramos en un pulso entre la Audiencia Nacional española, que no cede ni un ápice y la izquierda independentista junto con otros sectores de la sociedad catalana». Ésta es la interpretación que Lluís Sales i Favà, portavoz de Alerta Solidària, la organización antirrepresiva de la izquierda independentista catalana, hace de la situación.

Sales explica que las dos personas que por el momento han sido imputadas y que ya han declarado se encuentran bien de ánimos porque están en libertad, pero que en Girona hay cierto nerviosismo entre los sectores independentistas porque el juez Fernando Grande-Marlaska ha citado a nueve personas más el próximo jueves, pero aún no se conocen los nombres de quienes deberán comparecer en Madrid.

A lo largo de estos días no han sido sólo las organizaciones de la izquierda independentista las que se han movilizado y solidarizado de manera unitaria con los encausados, sino que personas vinculadas a otros sectores también han manifestado su disconformidad con la actuación de la Audiencia Nacional. Es el caso del filósofo Josep-Maria Terricabras, el subdirector del periódico «Avui», Salvador Cot, o el escritor David Castillo, que se han autoinculpado junto a otras 400 personas de injurias a la Monarquía; o la declaración conjunta de los cuarenta concejales de las CUP que presentaron el jueves el manifiesto «Nosotros también quemamos la Monarquía española».

Las críticas al proceso judicial también se han oído desde el sector periodístico profesional, por la petición que ha hecho Grande-Marlaska a algunos fotógrafos para que le entregasen las fotografías tomadas durante el sábado 22 en Girona cuando 50 personas quemaron fotos de Borbón. Uno de los fotógrafos, Jordi Ribot, se negó a entregarlas, y recibió el apoyo del Col·legi de Periodistes de Catalunya y del Grup de Periodistes Ramon Barnils, pues consideran que la petición vulnera el secreto profesional y la libertad de expresión.

El viernes, el pleno del Parlament adoptó una resolución (con los votos a favor de CiU, PSC, ERC e ICV) que hacía un llamado a «respetar los símbolos institucionales», a la vez que pedía que «la respuesta judicial, mediática y política no puede ser desproporcionada».

El portavoz de Alerta Solidària considera que la reacción de los partidos del Govern catalán frente a la situación es de «esquizofrenia total», puesto que por un lado el Departamento de Interior cumple con todo lo que le pide la Fiscalía, pero por otro lado algunos partidos defienden la libertad de expresión «para salvar la papeleta frente su propia militancia», en referencia al Consell Nacional de ERC, que se solidarizó con «todos los que ven violentada su libertad de expresión por parte del Estado».