Operación policial contra la izquierda independentista
El gobierno español ordena la detención de todos los dirigentes de Batasuna
Una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale fueron detenidos ayer por la Policía española, que desplegó un gran operativo policial y tomó por completo Segura. La operación estuvo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón. Entre los mahaikides arrestados se hallan Joseba Permach, Juan Joxe Petrikorena, Juan Kruz Aldasoro y Rufi Etxeberria, aunque la identidad de todos los detenidos no se conocía al cierre de esta edición.
G. MUJIKA-I. BIZKARGUENAGA | DONOSTIA
El juez Baltasar Garzón, una vez más, protagonizó ayer una actuación político judicial contra la izquierda abertzale, al ordenar la detención de 22 militantes independentistas, al parecer, muchos de ellos miembros de la Mesa Nacional de Batasuna.
La operación se desarrolló en Olaberria -junto a la N-I detuvieron al menos a Joseba Permach y Juan Joxe Petrikorena- y en Segura, localidad que desde varias horas antes estuvo repleta de efectivos policiales, según confirmaron a GARA varios vecinos. Además, la Policía española tomó las entradas y salidas del municipio durante horas, impidiendo la entrada al mismo a periodistas que habían acudido nada más cubrir la noticia e, incluso, a vecinos que regresaban a sus domicilios. Según transcurría la noche se produjo un goteo de información sobre los nombres de las personas que podían haber sido detenidas en este pueblo; entre ellas, mahaikides como Rufi Etxeberria y Juan Kruz Aldasoro. Además, agentes policiales iniciaron el registro de los domicilios de los arrestados en sus respectivas localidades.
Por su parte, la abogada Jone Goirizelaia informó a este diario de que desde la Audiencia Nacional no le confirmaron la operación, aunque sí pudo saber que Garzón se hallaba en su despacho a altas horas de la noche.
Al poco de conocerse el alcance de la operación policial, agencias y medios españoles comenzaron a lanzar las habituales especulaciones y análisis policiales sobre el carácter de la misma, aunque lo cierto es que las personas arrestadas realizan una actividad pública y de sobra conocida en este país.
De hecho, si se confirma la identidad de los detenidos, al menos algunos de ellos han comparecido públicamente casi a diario y, el mismo lunes, una representación de la izquierda abertzale mantuvo un encuentro con expertos internacionales a fin de buscar nuevos caminos para una solución del conflicto. Estos mediadores, entre los que se hallan Roelf Meyer y Brian Currin saben ahora cuál es la posición del Estado español. Asimismo, la operación se produjo la víspera de que una delegación de Sinn Féin visite en Martutene a Arnaldo Otegi.
Anunciado en la prensa
La actuación contra la dirección de la izquierda abertzale venía anunciandose en la prensa desde hace varias semanas, con un punto en común sea cual sea el periódico elegido para la filtración: en todas ellas queda claro que la iniciativa es del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los anuncios comenzaron el pasado 9 de setiembre el diario "El País", a través de su periodista más cercano a la Moncloa, señalara que «El Gobierno está respondiendo al reto etarra de modo `implacable', en expresión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se tarduce en que no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también a la cúpula política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizacinoes afines, aseguran fuente gubernamentales».
El pasado domingo, el periódico "Público", anunciaba que «los jueces aceleran la renovación de Batasuna». Según se señalaba líneas más adelante, «la estrategia diseñada por el núcleo duro del Gobierno para abordar la lucha contra ETA hasta las elecciones tiene tres patas: la eficacia policial, la política penitenciaria y la actuación judicial. El Ejecutivo quiere de esa forma llegar hasta las urnas con una imagen de firmeza que aleje la posibilidad de que el PP pueda utilizar el terrorismo como argumento electoral eficaz». La conclusión era que «el Gobierno da por hecho que antes de las elecciones podría estar en prisión gran parte de la actual dirección de la ilegalizada Batasuna y, en general, de la izquierda abertzale».
Y el miércoles, "El Mundo", al dar cuenta de la detención de Joseba Alvarez, señalaba que «desde la ruptura del alto el fuego, el Ejecutivo decidió potenciar las investigaciones policiales que permitieran descabezar a toda la izquierda abertzale. Según explicaron fuentes de Interior, la actuación contra Alvarez no será la última. Quedan pendientes diversos sumariso contra la izquierda abertzale y en ellos hay peticiones de pena de prisión por parte de la fiscalía contra sus máximos responsables».
Alerta de los ciudadanos
La redacción de GARA recibió una llamada pasadas las 21.30 informando de que agentes de la Policía española mantenían retenidos a Joseba Permach y al menos a otras tres personas en el parking del Carrefour de Olaberria. Ese aviso fue el detonante para que los teléfonos no descansaran ni un segundo y para tener constancia de que la alarma sobre un operativo policial en ciernes no era casual.
Con las luces de las dotaciones policiales apagadas y con la constatación de que al menos Permach se encontraba contra la pared mientras que los policías le cacheaban, otra llamada informaba a GARA de que las ramificaciones del operativo se extendían también al municipio de Segura, que dista escasos kilómetros de Olaberria. Sin poder confirmarlo, el comunicante apuntó a la posibilidad de que el también mahaikide Juan Kruz Aldasoro se encontrara retenido por la Policía, en este caso en uno de los accesos a Segura.
Después de que GARA se pusiera en contacto con vario vecinos, estos informaron de que a partir de las 20.30 el pueblo de Segura fue literalmente tomado por agentes de paisano merodeando por las escasas calles del municipio y que, a partir de las 21.00, fueron ya los policías uniformados los que blindaron, mediante varios controles de carretera, todos los accesos y las salidas de Segura. Las FSE impidieron incluso a los vecinos de Segura entrar o salir del pueblo; unos escasos segurarras pudieron acceder al municipio, pero no sin detallar quiénes eran y cuál era su domicilio familiar.
«Todos los accesos del pueblo están tomados por la Policía española; hay un montón... Tienen retenidos a varios mahaikides de Batasuna en la entrada del pueblo... y no tiene buena pinta». Éstas fueron las palabras que un vecino de Segura empleó para describir la dimensión de la operació policial pasadas las 22.10, a la par que confirmaba que al menos Juan Kruz Aldasoro, Rufi Etxeberria e Imanol Iparragirre se encontraban a manos de la Policía española. En Olaberria, en cambio, se supo que junto a Joseba Permach se encontraba Juan Joxe Petrikorena, en compañía de otras dos personas también retenidas.
El operativo se habría iniciado pasadas las 20.30 cuando decenas de policías de paisano se dejaron ver por las calles de Segura, levantando las sospechas de los convecinos.
Las primeras reacciones de formaciones políticos llegaron bien entrada la noche. Así, Aralar calificó de «barbaridad» las detenciones, mientras Iñigo Urkullu (PNV) y Gaspar Llamazares (IU) coincidieron en pedir que las mismas estén «bien fundamentadas».
Diez años después, y con el juez Baltasar Garzón como mismo brazo ejecutor, el Gobierno español del PSOE repite la maniobra impulsada por el Ejecutivo del PP en febrero de 1997. En aquella ocasión, el motivo esgrimido, que derivaría en una condena anulada luego por el Tribunal Constitucional español, era una iniciativa política: la asunción de la Alternativa Democrática. Ahora, concluido sin resultado el proceso una negociación política con el propio partido del Gobierno, el Estado vuelve a actuar contra la dirección de la izquierda abertzale.
En realidad, el embrión de aquel proceso se puso en la recta final del Gobierno de Felipe González, con la detención de Jon Idigoras el 21 de febrero de 1996. Un año después, ya con José María Aznar en Moncloa, el Tribunal Supremo ordenó detener uno a uno a los mahaikides, en un lento goteo que se prolongó durante varios días y en los que cada arresto estuvo rodeado por muestras de apoyo a los detenidos. En la redada de ayer resultó evidente el interés en evitar que este tipo de imágenes trascendieran a la opinión pública. Los periodistas no pudieron acercarse.
Los 22 mahaikides recuperarían la libertad, bajo fianza, en abril de aquel año, pero serían juzgados y condenados en otoño: se les impusieron siete años de cárcel por «colaboración con ETA». Permanecerían en prisión durante año y medio, hasta julio de 1999, cuando el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo presentado por la defensa y confirmó que no había delito en su actuación. Entre tanto, HB conformó una nueva Mesa Nacional, con Joseba Permach y Arnaldo Otegi como portavoces en el primer momento.
La historia se repite ahora. Zapatero, que se ha jactado en los últimos meses de haber sido tan duro coo el PP, ya tiene también su febrero de 1997.
A mediodía Jone Goirizelaia denunciaba que la Policía española hubiera prorrogado «la situación de incomunicación y de detención» de Joseba Álvarez y Oihana Agirre hasta el día de hoy. La abogada subrayó que aunque «todo el mundo cree que cuando se producen este tipo de detenciones son los jueces los que toman las decisiones, la verdad es que en este tipo de procedimientos en contra de personas de la izquierda abertzale son los policías los que mandan».
La Policía española había aducido que la prórroga de la incomunicación era efectiva para analizar unos documentos, y la letrada advirtió de que «servirán para criminalizar a otras personas, organizaciones y actividades», como ha ocurrido en otros casos por las «interpretaciones que suele hacer la Policía y que después se utilizan». En menos de diez horas se confirmaron los malos augurios de la letrada, ya que las FSE procedían al arresto de un nutrido grupo de destacados mahaikides de Batasuna en las localidades guipuzcoanas de Segura y Olaberria.
El martes, cuando se produjo la detención de Álvarez y Agirre, desde la Audiencia Nacional española se informó de que ambos comparecerían ante Baltasar Garzón a las 10.00 de ayer. Una nueva filtración interesada, ya que parece evidente que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ya había decidido poner en marcha un vasto operativo para arrestar a la dirección de Batasuna.
Gorizelaia catalogó de «escándalo y barbaridad» que se prorrogara la incomunicación del mahaikide y la portavoz de Batasuna ya que «no hay ninguna razón jurídica» para hacerlo. «Las personas detenidas hacen vida política, pública, y están a disposición de cualquier juzgado sin que sea necesario que se dicte una orden de detención y que, además, se les incomunique», explicó.
Por su parte, la Fiscalía, a traves de varias agencias, se apresuró a adelantar que tiene intención de solicitar el ingreso en prisión de los dos donostiarras. En el caso Joseba Álvarez, pretende celebrar una vistilla para revisar la situación de libertad por estar procesado en el sumario contra Batasuna.
Tal y como explicó el día anterior la abogada Ainhoa Baglieto, si las detenciones tenían que ver con la manifestación del 9 de setiembre en Donostia y con las actividades de Askatasuna y Gestoras pro-Amnistía habrían sido ilegales porque estas organizaciones ya no tienen «suspendidas sus actividades». «A la Audiencia Nacional se le olvidó pedir cualquier tipo de prórroga sobre la suspensión de actividades» el pasado mes de febrero y «se ha acabado el plazo por lo que esas detenciones no son ajustadas a derecho», matizó Goirizelaia.
Por todo ello, reclamó la inmediata puesta en libertad de Alvarez y Agirre porque «no hay razón jurídica alguna para llevar a cabo esta situación y lo único que hay es una razón política». En este sentido, denunció que estas detenciones responden a «una motivación política» y señaló que esto va unido a «una operación contra la izquierda abertzale, que está intentando ir a un nuevo escenario y que ha actuado para buscar soluciones políticas, y a esas personas se las detiene, se les castiga y se les encarcela».
La abogada acusó al PSOE de ser el «responsable» de esta situación porque «quiere imponer España en Euskal Herria y quiere imponer la Constitución española y la represión para solucionar las cosas» en vez de apostar por el «diálogo».
Además, denunció la actitud del resto de formaciones políticas y consideró que con el silencio que mantienen, «que no están diciendo absolutamente nada», les hace «cómplices de esas actuaciones que se están llevando adelante».
Manex ALTUNA
