El presidente francés, Nicolas Sarkozy, sustenta el proceso de liberalización de la jornada laboral que ha emprendido en las máximas «trabajar más para ganar más» y «para tener más poder adquisitivo, hay que rehabilitar el trabajo».

Estas dos premisas se convirtieron en las bases del discurso que desgranó, durante casi una hora, en la entrevista televisada desde el Palacio del Elíseo a finales de semana. Sarkozy abrió la puerta a que las empresas se libren del corsé de las 35 horas a cambio de aumentar el salario de sus empleados, una medida que debería ser acordada con los sindicatos. Negó que su idea de negociar en el seno de las empresas la duración del tiempo de trabajo tenga por objeto «suprimir» las 35 horas o replantearse los avances adquiridos. En la práctica, su propuesta hace saltar por los aires la llamada «Ley Aubry» y rescata la jornada laboral de 39 horas.

«Monetarizar» el descanso

Tras el hueco abierto con la entrada en vigor de la norma que incentiva las horas extra sin coste fiscal para las empresas, Sarkozy ahonda ahora en esa fisura con la propuesta de debate sobre el trabajo dominical, siempre que sea «voluntario» y se pague «el doble» que los días entre semana.

Sarkzoy ya se había dirigido anteriormente al Ministerio de Economía para pedir «autorización» con el objetivo de que los asalariados que quisieran pudieran trabajar los domingos. En este momento, los comercios necesitan un permiso de la delegación del Gobierno para abrir los domingos y hacer trabajar a su personal que, teóricamente, puede negarse.

En la misma línea camina la idea de que los trabajadores puedan «monetarizar», es decir, convertir en dinero, los días libres derivados de reducción de tiempo de trabajo que no se hayan cogido, siempre que se haga de mutuo acuerdo con el empleador. Esta medida, a la que también podrán acogerse los funcionarios, se traducirá en «5.000 millones de euros» de poder adquisitivo según los cálculos presentados por Sarkozy.

Precisamente para responder a las preocupaciones de los funcionarios, que el pasado 20 de noviembre inundaron las calles para protestar contra la paulatina pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, el presidente galo propuso que las horas extra se paguen, como en el sector privado, un 25% más que las normales.

Entre las novedades, figura el anuncio de crear un nuevo «índice de poder de compra» que se ajuste a la vida cotidiana para que la población no tenga la sensación de que «se burlan» de ella. El instituto estatal de estadística calcula que el poder adquisitivo aumenta una media del 2% anual, pero sindicatos y organizaciones de consumidores creen que este índice no es representativo.

Durante su intervención, Sarkozy admitió que el problema del poder adquisitivo es «real», pero señaló que la ciudadanía sabía que no iba a anunciar «regalos de Navidad» porque «no hay dinero en la caja». Eso sí, se encargó de negar que el Estado se encuentre en «bancarrota», como en su momento dijo el primer ministro François Fillon.

Al paquete de medidas para aliviar los apuros económicos de los ciudadanos de a pie, Sarkozy añadió el precio de los alquileres, ámbito en el que la idea es aumentarlos con arreglo al índice de precios al consumo y no, como hasta ahora, con respecto al de la construcción. También planteó dejar en un mes el alquiler que los dueños piden como garantía para firmar el contrato y establecer un sistema público para eliminar la fianza.

Habló también de la generalización de los contratos de transición profesional, al considerar que las personas en paro «tienen derecho» a la formación. El planteamiento es permitir a un asalariado despedido por razones económicas tener un contrato con el Estado y acceso a la formación para encontrar un nuevo empleo. El contrato de transición profesional (CTP) ofrece el 80% del salario bruto durante un año.

La reforma universitaria formó parte del repertorio desgranado por Sarkozy, que propuso vender el 3 % de la empresa pública Electricidad de Francia (EDF) para invertir 5.000 millones de euros en las Universidades.

Se mostró proclive a «desbloquear» los fondos de participación de los asalariados en el capital de las empresas en un plazo de seis meses para «volver a echar carburante en el crecimiento francés y en el poder adquisitivo». Sugirió un techo de 10.000 euros, lo que representa, según Sarkozy, inyectar 12.000 millones de euros en la economía. Para diseñar toda esta agenda social de cara a 2008, Sarkozy reunirá a mediados de diciembre en El Elíseo a las organizaciones patronales y a los sindicatos, con el objetivo de dar «más flexibilidad a las empresas y, al mismo tiempo, más garantías a los asalariados».