La lectura del estremecedor relato de Gorka Lupiañez, en el que narra su estancia durante cinco días en manos de la Guardia Civil, vuelve a traer a un primer plano de la actualidad un tema tan alarmante como recurrente: la práctica de la tortura en los centros de detención españoles. La denuncia del joven durangarra, tras otros siete días de incomunicación a los que fue sometido por el juez a su ingreso en prisión, resulta especialmente dura y apunta a la persistencia de una práctica sistemática como instrumento para lograr confesiones que conlleven una apariencia de eficacia policial y, a su vez, política. Amnistía Internacional, el propio Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas y múltiples colectivos han dejado en evidencia los malos tratos y torturas en el Estado español y exigido medidas para su erradicación. Sin embargo, los responsables del Estado prefieren que perduren las que ya son más que serias dudas antes que adoptar esas medidas. La pregunta que ello plantea es tan sencilla como terrible la respuesta que se intuye. ¿Por qué la incomunicación, situación que propicia esa práctica, resulta un instrumento irrenunciable para el sistema judicial español?

La tortura no sería posible si se limitara a quienes la aplican directamente, y las actitud de políticos, jueces, y medios de comunicación tienen mucho que ver en la falta de esclarecimiento de todos y cada uno de los casos en los que se denuncian malos tratos. Es difícil entender la credibilidad que les merecen a esos medios las filtraciones de las declaraciones de los detenidos en sede policial y el desprecio, cuando no ocultamiento, de las realizadas por los detenidos, incluso ya en libertad.

Ayer personas de diversos ámbitos de la vida cultural o deportiva daban noticia de la iniciativa «Jare!» en denuncia de la situación en que se encuentran los presos políticos vascos y a modo de llamamiento para actuar contra la tortura. Recordaron que han pasado 30 años desde la que denominaron «falsa amnistía», 30 años repletos de detenidos, presos y de persistentes testimonios de torturas.

Por un mínimo de decencia democrática, y un mínimo ética, es exigible una investigación inmediata y a fondo de los hechos denunciado por Gorka Lupiañez, así como la inmediata aplicación de todos los protocolos necesarios para evitar algo que, si verdaderamente no ocurriera, no daría lugar a denuncia alguna.