El fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Antonio Narváez Rodríguez, presentó ayer ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo la demanda elaborada por el Ministerio Público para solicitar la ilegalización de EHAK. Entre las medidas cautelares reclamadas se encuentran la de prohibir la posibilidad de presentar candidaturas a las elecciones del 9 de marzo y el embargo de sus cuentas.

Según señalaron las agencias de información, el fiscal presentó la demanda en el registro del tribunal especial pasadas las 9.00 de la mañana y un funcionario de la Fiscalía entregó pasadas las 11.15 siete cajas y siete tomos con la documentación que acompaña la demanda de ilegalización, en la que están recogidos al pie de la letra los informes policiales que la semana pasada recibió el juez Baltasar Garzón y que han sido filtrados en los últimos días a través de los medios de difusión.

La solicitud de ilegalización de la formación abertzale fue presentada por el trámite de demanda ordinario y estuvo acompañada de la petición de medidas cautelares como la suspensión de su actividad política, el cierre provisional de su sede y demás inmuebles que esté utilizando y el embargo de sus cuentas bancarias.

En este caso, tan sólo se verían afectados por los embargos las partidas económicas que recibe EHAK como grupo parlamentario en la Cámara de Gasteiz y las que recibe por los nueves escaños con los que cuenta al igual que sucedió con Sozialista Abertzaleak en la anterior legislatura. Los sueldos que percibe cada parlamentario no se verían afectados por esta medida.

En este sentido, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó que ha «instruido» a la Abogacía del Estado para que corte la financiación a ANV y a EHAK, de forma que estas dos formaciones «no tengan ni una sola peseta de dinero público».

La petición, según defendió Rubalcaba, es «coherente con la autorización que el Consejo de Ministros dio el viernes a la Abogacía para hacer una demanda y pedir la ilegalización» de las dos formaciones vascas.

La Abogacía del Estado presentará el viernes la petición de ilegalización de EHAK, según adelantó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El lunes 4 de febrero, los representantes de EHAK deberán de acudir a la Audiencia Nacional a declarar ante Garzón y el día siguiente harán lo propio los miembros de ANV.

Asimismo, Narváez Rodríguez solicitó la prohibición de que EHAK presente candidaturas a las elecciones del próximo mes de marzo.

«Instrumento» de Batasuna

La Fiscalía ha optado por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos para presentar la petición de ilegalización y alega como causa principal para interponer la demanda la «relación de dependencia» supuestamente detectada «entre la acción política del partido demandado y la organización ilegal Batasuna u otras organizaciones del entorno de ETA, e incluso la propia banda armada».

En la demanda se señala que considera «acreditada la interrelación existente» entre EHAK y Batasuna «hasta el punto de que el primero ha venido sirviendo de instrumento tanto en el ámbito de la actividad política como, sobre todo, en el plano de la financiación, sirviendo de sostén económico no sólo a la propia organización ilegal sino a relevantes dirigentes de la misma».

Para sustentar esa aludida «dependencia», el Ministerio Público argumenta que EHAK puso a disposición de Batasuna una de sus sedes y que hay una «evidente subordinación» en la conducta de los representantes de EHAK «a las consignas y las pautas establecidas por una organización ilegal».

En este sentido, el fiscal asegura que EHAK «ha dejado en un segundo plano sus postulados marxista-leninistas para hacer suyo el discurso de Batasuna» con el fin de «servir de cauce y altavoz de ésta», incluso en el Parlamento de Gasteiz.

Para sentenciar que EHAK ha apoyado económicamente a Batasuna, la Fiscalía hace el suyo el informe de la Guardia Civil y Policía española en el que se recoge una relación de 49 personas que estuvieron contratadas por la formación como asalariados cumpliendo todos los requisitos legales, figurando de alta en la Seguridad Social y percibiendo mensualmente unas cantidades por el concepto de nómina.

Estrategia contra el TAV

En el escrito entregado por la Fiscalía, destaca sobremanera que uno de los «indicios» que se citan para sostener la relación entre Batasuna y EHAK es que esta formación política ha intervenido «en la campaña de ETA contra las obras del tren de alta velocidad».

En concreto, se asegura que la formación abertzale ha seguido «la estrategia» en relación con el TAV «secundando y haciendo suyas las consignas impartidas por la banda terrorista ETA para impedir que estas infraestructuras lleguen a ser una realidad, asumiendo al respecto la campaña dirigida a imponer, mediante la intimidación y la coacción, el rechazo a su construcción ».

El PP se felicita por la «dureza»

El secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, aplaudió ayer la política de «dureza» y la persecución policial que está desarrollando el Ejecutivo del PSOE, en referencia a las anunciadas ilegalizaciones de EHAK y ANV. Sin embargo, reprobó que «se haya tardado tanto» y que se haya permitido «entrar a los terroristas en las instituciones democráticas, en el Parlamento vasco, en las diputaciones y en los Ayuntamientos».

Por su parte, Aralar rechazó la decisión de la Fiscalía de presentar una demanda de ilegalización contra EHAK, así como la petición de suspensión cautelar de su actividad y mostró su solidaridad a los integrantes de este partido. A su juicio, se trata de una decisión «antidemocrática, incomprensible y electoralista».

El portavoz de EB, Mikel Arana, afirmó que la presentación por parte de la Fiscalía de la demanda contra EHAK es «la crónica de una ilegalización anunciada», que responde a «un guión preestablecido que pone en marcha ahora el Gobierno del PSOE exclusivamente por intereses políticos y electorales».

Solidaridad de Corriente Roja

Desde la Coordinadora Estatal de Corriente Roja denunciaron la presumible ilegalización de EHAK y ANV en un comunicado y señalaron que «la nueva ofensiva del imperialismo español repite, de nuevo, la fórmula de privar a cientos de miles de ciudadanos de una expresión política e institucional propia».

En este sentido, aseguraron que «impedirá, además, que su mensaje limpio y solidario, llegue a millones de hombres y mujeres en todo el Estado».