Pero el conflicto entre Exxon y Venezuela no es más que la punta del iceberg de una confrontación más global. En el terreno ideológico, repre- senta un ejemplo más de la pugna entre dos visiones antagónicas en términos de política petrolera: el modelo de apertura radical de hegemonía transnacional, por un lado; y el proyecto nacionalista, proteccionista, y en definitiva soberanista, por el otro. En el plano territorial, el conflicto trasciende las fronteras venezolanas, expresándose a nivel regional e incluso internacional. Exxon y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) serían parte del engranaje del proyecto trasnacional neoliberal, mientras que algunos gobiernos de la región, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, serían las caras más visibles del modelo antihegemónico.

Es necesario repasar la historia más reciente, para comprender un conflicto de estas características, y resulta inevitable recordar la dinámica de liberalización extrema que se vivió en toda América Latina durante las dos últimas décadas del siglo pasado.

La mayoría de los gobiernos de la región siguieron al pie de la letra las recetas del Consenso de Washington, entre las que se incluía la apertura al capital extranjero. Se utilizaron modelos diversos para viabilizar la transferencia de recursos estratégicos de la nación a empresas foráneas. Algunos, los más radicales, apostaron por la privatización explícita, como los casos paradigmáticos de Argentina y Bolivia, que vendieron a precio de saldo su industria petrolera. Otros, de manera más sutil, fueron materializando una privatización gradual y encubierta, permitiendo la reducción de impuestos y la venta de acciones en porcentajes mayoritarios a consorcios del exterior.

Venezuela, con su llamada «apertura petrolera» de los años noventa, es quizás el ejemplo más emblemático de esta vía más sibilina. Y todo esto, se conjugaba con la creación de instancias supranacionales, como la CIADI, que a partir de ese momento se convertía en el tribunal donde se solucionaban los diferendos jurídicos entre las partes, es decir, entre los Estados y las multinacionales. La consecuencia más grave era que los conflictos ya no se resolvían en tribunales nacionales de cada Estado, ya que los gobiernos de turno habían aceptado un ente internacional todopoderoso. Sin embargo, a caballo entre dos siglos la dinámica aperturista sufrió su primer revés, de manos del nuevo Gobierno venezolano liderado por Hugo Chávez. A partir de este momento, la primera década del siglo XXI ofrece una fotografía más compleja y diversa en términos de política petrolera. Aunque es cierto que el peso del liberalismo petrolero sigue siendo importante, como lo muestra el caso del gobierno mexicano actual y su pretensión privatizadora, es innegable que una corriente de «nacionalismo petrolero» está extendiéndose por diversos países del subcontinente. Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador son, sin duda, los ejemplos más relevantes en este sentido.

La «recuperación» gradual de la soberanía petrolera está siendo la tónica general, aunque lógicamente con sus inevitables contradicciones y paradojas. Joseph Stiglitz, ex directivo del BM y actualmente crítico del neoliberalismo más ortodoxo, ha llegado a definir el fenómeno como necesaria «devolución» de lo arrebatado.

Inicios del siglo XXI

Venezuela fue el país pionero en materia de recuperación de la soberanía petrolera, ya que en la nueva Constitución de 1999 introdujo una serie de artículos que afianzaban la propiedad pública del recurso estratégico de la nación. Posteriormente, la Ley de Hidrocarburos de 2001 fortaleció aún más la propiedad del subsuelo, además de aumentar considerablemente los impuestos por regalías, pasando de un ínfimo 1% al actual 33%, lo que le costó un golpe de estado apoyado por EEUU y una efímera dictadura de 48 horas. El fin de los «convenios operativos», que permitían mayoría accionarial extranjera, y su transformación en «empresas mixtas», con un 60% como mínimo de control estatal, es otro paso más en esta dirección.

Bolivia se convirtió en el segundo país en dar pasos firmes en aras de avanzar en términos de soberanía petrolera. La nacionalización el 1 de mayo de 2006 de la antes privatizada industria de hidrocarburo no sólo restituyó al pueblo boliviano la propiedad de un recurso estratégico, sino que permitió que los ingresos del Estado aumentasen de manera exponencial, pasando de 250 a 1.000 millones de dólares en un año.

Ecuador ha sido el último en modificar su política petrolera, alejándose paulatinamente de las orientaciones neoliberales, fortaleciendo el control de la industria y elevando los ingresos. En octubre de 2007, el Ejecutivo de Rafael Correa decretó que el Estado ecuatoriano se quedara con el 99% de las ganancias extraordinarias del petróleo, lo que reportaría más de 700 millones de dólares anuales a las arcas públicas.

En un contexto internacional donde el precio del barril se acerca a los 100 dólares, los beneficios de las transnacionales, según el presidente Correa, superaban el 200%, cuando lo habitual es que rondase el 20%. Por tanto, se consideraba como un expolio contra el país que estas empresas tributasen cantidades tan exiguas. En noviembre de 2007, Ecuador se reintegró en la OPEP, después de 15 años fuera de la organización. Se está construyendo, además, una gran refinería con ayuda venezolana, para procesar el crudo nacional y reducir las importaciones de derivados del petróleo.

Instrumento de las multinacionales

Uno de los instrumentos al que en los últimos tiempos han intentado recurrir las trasnacionales, para intentar frenar la política proteccionista de los gobiernos populares, ha sido el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones. Creado en 1996 como órgano dependiente del Banco Mundial, formalmente es un tribunal para resolver los conflictos jurídicos entre los estados y las multinacionales. Sin embargo, según el economista Eric Toussaint, «no es un ente autónomo», ya que defiende expresamente el «credo neoliberal», «protegiendo los intereses de los países ricos y de las multinacionales, y amenazando la soberanía de los Estados». Las cifras hablan por sí mismas, ya que Toussaint asegura que la mayoría de las veces el CIADI resuelve a favor de las empresas, y en los pocos casos que emite un veredicto favorable a los estados, estos nunca reciben ningún tipo de indemnización.

Grandes empresas como Exxon Mobil llevan a los gobiernos que se les enfrentan al CIADI y allí logran, casi siempre, resoluciones que les favorecen. De esta manera, los gobiernos «díscolos» con el modelo neoliberal globalizado son castigados severamente, para que rectifiquen su trayectoria, y para que, además, esto sirva como ejemplo para otros potenciales «infractores» del orden internacional establecido.

Resulta comprensible que el Gobierno de Evo Morales, un año después de la nacionalización de los hidrocarburos, el 2 de mayo de 2007, tomase la decisión de abandonar el CIADI, negándose a que este ente juzgase al Estado boliviano. Sólo los tribunales del país iban a tener potestad y soberanía para juzgar cualquier conflicto con empresas extranjeras.

El gobierno de Rafael Correa, por su parte, ha propuesto la conformación de un frente de países latinoamericanos para desconocer la autoridad del CIADI.

El conflicto con Exxon permitirá a Venezuela mostrar si su apuesta por la soberanía es cada vez más profunda o no. De cualquier manera, parece evidente que la situación en la región ha cambiado notablemente y que la vieja sumisión a los organismos multilaterales empieza a enfrentarse con mayor decisión.