Cerca de quince mil personas recorrieron las calles de Compostela en protesta contra las agresiones al territorio lideradas por intereses empresariales y favorecidas por el Gobierno de la Xunta. La manifestación supuso una demostración de fuerza de los sectores organizados al margen de los partidos institucionales y se tradujo en la mayor muestra de rechazo a sus políticas estratégicas.

Bajo el lema «Terra viva e digna para todos e todas», personas procedentes de toda Galiza aglutinaron las reivindicaciones de diferentes conflictos en una manifestación que marca un punto de inflexión en la capacidad de intervención de los sectores populares. «Governe quen governe, Galiza non se vende» fue el grito más escuchado.

Tuvieron especial protagonismo los colectivos enfrentados a la central gasística de Reganosa en la comarca de Ferrol, la oposición al urbanismo salvaje en la costa, a la proliferación de piscifactorías, la instalación masiva de parques eólicos, la turistificación elitista, el plan de minería y la construcción del Tren de Alta Velocidad, entre otras causas locales que coordinan ahora sus iniciativas a nivel nacional.

Son más de ochenta los colectivos de base que componen la red Galiza Non Se Vende. Desde entidades vecinales, agrupaciones ecologistas y plataformas populares hasta centros sociales o iniciativas socioculturales. Están excluidos tanto partidos como sindicatos con el objetivo de evitar su instrumentalización, aunque todas las fuerzas independentistas apoyan unánimemente a la plataforma.

En representación de la entidad promotora, Xosé Reigosa valoró «muy positivamente» la manifestación, que superó en asistencia a las convocatorias del BNG en las últimas celebraciones del «Día da Patria Galega». A este respecto subrayó que la mayoría de las personas que secundaron la marcha han sido votantes del frente nacionalista y están ahora enfrentadas a sus políticas.

La movilización concluyó con el canto del himno gallego seguido por los gritos de «Galiza ceive, poder popular».

Caza de brujas

Por otro lado, los detenidos el día 15 por participar en la movilización contra María San Gil en la Universidad de Compostela, Iago Barros y Sérgio Pinheiro, pasaron a disposición judicial al día siguiente y fueron puestos en libertad acusados de «atentado, injurias, amenazas y desorden público». Una concentración solidaria los acompañó a las puertas de los juzgados durante las más de tres horas de declaración, en la que tanto la Fiscalía como la jueza instructora se empeñaron en buscar vínculos con organizaciones vascas y se interesaron por las consignas coreadas sobre el proceso de ilegalizaciones.

Iago Barros denunció la «intensa campaña de criminalización» y anunció la activación de una plataforma plural de estudiantes. Destacó que tras el acto los «elementos fascistas» que pretendan utilizar la Universidad como foro van a saber que «hay gente preparada para responder». El Rectorado anunció la apertura de expedientes contra las siete personas señaladas por la decana de Económicas, Maite Cancelo.